Desastres naturales en el Perú tendrían impacto apocalíptico

El 15 de agosto del 2007, a las 6:40 p.m., mientras el cura José Torres Mota celebraba la eucaristía en la iglesia San Clemente de Pisco, la costa peruana se empezó a remecer. Fueron casi tres minutos de desconcierto, angustia y lamentos coronados por el resquebrajo del techo del templo.  

Minutos después, el presidente Alan García anunciaba que los daños por el terremoto no habían ocasionado una gran catástrofe. Sin embargo, al amanecer la realidad era otra: casi 600 personas habían perdido la vida, más de 1.200 estaban heridas, había 665.000 damnificados y 70.000 viviendas habían colapsado.

Casi 8 años han pasado y la situación en Pisco sigue siendo lamentable. Poco hizo el Estado para reaccionar ante esta crisis y poco ha hecho para reconstruir los pueblos azotados por el terremoto. 

Los recientes huaicos de Chosica y Santa Eulalia, donde hubo 9 muertos y se destruyeron varias viviendas, tienen algo en común con el terremoto de Pisco: la lenta reacción del Estado. 

¿Por qué el Estado se demora tanto en responder ante los desastres naturales? Para entender esta letanía, es útil recordar lo ocurrido en Pisco y hacer una comparación con las experiencias luego del terremoto de Chile en el 2010 y del tsunami de Indonesia en el 2004.

LA RANCIA REALIDAD
El Perú es un país propenso a sufrir daños de gran magnitud en desastres naturales porque, entre otros factores, a lo largo de los años el territorio ha sido ocupado de manera informal y sin planificación. 

Esta situación se ha agravado debido a que, en muchos casos, las municipalidades han legitimado la mala ubicación de estas viviendas al otorgar títulos de propiedad sobre zonas de riesgo –como el caso de Chosica–. Según el Ministerio del Ambiente, el 46% del territorio nacional está en condiciones de vulnerabilidad alta a muy alta, y el 36,2% de la población nacional ocupa este espacio. 

Esta realidad endémica, además, genera que en estas zonas los servicios básicos terminen siendo costosos y escasos.

La falta de acceso al agua potable y la inexistencia de desagües inciden en la tasa de muertes luego de los desastres naturales, ya que las infecciones y epidemias se propagan en las zonas afectadas. 

Los protocolos de respuesta rápida del Estado ante desastres naturales son el único medio que puede evitar este tipo de circunstancias.

RECETAS CLARAS
Si se revisa con detenimiento los procedimientos de una empresa minera o de hidrocarburos, llama la atención la cantidad de protocolos que tienen para cada posible evento. Si –por ejemplo– hay un derrame de crudo, los empleados saben cómo reaccionar, no tienen que inventar nada, lo cual es de vital importancia cuando el tiempo juega en contra. 

Cuando cesó el terremoto de Pisco, las autoridades no supieron cómo reaccionar y la desorganización era reinante: no estaba claro quién era responsable de qué y quién debía liderar la situación. De hecho, fue este desorden el que llevó al presidente García a nombrar a un grupo de notables para que se encargara de la recuperación. 

Si bien actualmente contamos con los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) para prevenir y responder ante desastres naturales, muchas veces las entidades encargadas de llevar los procesos carecen del músculo para poder implementarlos rápidamente.

ESPAGUETI ESTATAL
En la gestión de riesgos, la coordinación en el Estado resulta vital. Esto implica una armonización en dos campos: primero, de manera transversal entre los distintos sectores del gobierno central y luego entre el gobierno central y los gobiernos locales y regionales. Pero, lamentablemente, esta articulación representa todo un reto para nuestros funcionarios.  

En el caso de Pisco, las discusiones entre las distintas autoridades involucradas eran excesivamente largas. Cada alcalde buscaba satisfacer sus propias necesidades. No existió, pues, una visión integral del problema por parte de los encargados de la situación que permitiera tomar las medidas necesarias para revertir el desastre.

Por si fuera poco, la cantidad de personas involucradas en la gestión de desastres naturales que establece la ley es exorbitante: en el Sinagerd tienen la responsabilidad de coordinar 1.953 entidades (1.838 gobiernos locales, 25 gobiernos regionales, 19 ministerios, 52 organismos públicos y 19 autoridades del Poder Ejecutivo). 

No ha de sorprendernos, por tanto, que los procesos de respuesta se burocraticen y retrasen. 

EL CHEF MANDA
Para implementar un mecanismo de respuesta adecuado se necesita contar con un equipo con acceso directo al presidente, de modo que esté empoderado, que tenga el financiamiento necesario y pueda tomar decisiones con celeridad. 

José Chlimper, quien fue miembro de Forsur y ministro de Agricultura, recuerda: “Cada vez que queríamos hacer algo teníamos que mandar un oficio a una entidad. Nos vimos envueltos en una burocracia extremadamente compleja. Si teníamos que comprar carpas, teníamos que optar por las más baratas, pero se demoraban cuatro días en llegar. Por otro lado, tenía la alternativa de comprar carpas 15% más caras que podían llegar en 12 horas. Claramente, la decisión era la segunda opción, pero las reglas del Estado no lo permitían y nos exponíamos frente a la contraloría”.  

En esa línea, si se quiere que se tomen decisiones eficaces y a tiempo, es necesario que exista un marco legal propicio para que los funcionarios puedan actuar dentro de sus competencias sin el temor de que luego sean investigados por la Contraloría General de la República por presunciones de corrupción. Sin esta garantía, resulta difícil tomar decisiones urgentes.

En el caso del terremoto de Chile del 2010 se crearon dos comités: uno de respuesta y otro de reconstrucción. Ambos hacían las coordinaciones con las fuerzas armadas y los gobiernos regionales, y reportaban directamente al Ejecutivo. El comité de respuesta era supervisado directamente por el presidente, quien reclutó a personas del sector privado para que se encargaran del manejo de algunas operaciones. Ambos comités, al estar centralizados en el Ejecutivo, redujeron la burocracia respecto del manejo de desastres, lo que permitía que las personas a cargo tomasen decisiones más rápidas. 

A diferencia del caso de Pisco, luego de un año del evento en Chile, el 99% de la infraestructura pública estaba parcial o completamente restaurada. 

EL DEDO EN LA OLLA
La corrupción es un mal endémico en el Perú y cuando están involucrados gobiernos regionales y locales –que son los encargados de ejecutar las políticas nacionales–siempre existe un espacio para ella.  

Rogelio Canches, quien presidió la Comisión Investigadora de la Reconstrucción de Pisco en el Congreso, indicó que existen indicios de que las obras realizadas se sobrevaluaron en más del 80%. 

Y para el parlamentario Daniel Mora, quien también presidió dicha comisión, los funcionarios de entonces no usaron adecuadamente los 12 millones de soles dispuestos para reconstruir pistas, veredas e infraestructura urbana en Ica. 

Lo cierto es que en estas situaciones de emergencia, se necesita gente honesta y altamente capacitada. En entrevista para El Comercio, Pedro Pablo Kuczynski, quien también fue miembro de Forsur, sostuvo: “La responsabilidad recae sobre los alcaldes; sin embargo, en las regiones hay una incapacidad absoluta y ausencia de preparación para poder afrontar competentemente esta tarea”. 

En Indonesia, luego del tsunami, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono, contrató a la consultora McKinsey para aprovechar su ‘expertise’ en el proceso. Esta empresa recomendó la creación de la Agencia de Rehabilitación y Reconstrucción para las ciudades de Aceh y Nias. 

La agencia puso énfasis en la transparencia y la eficiencia, lo cual desincentivó la corrupción y permitió utilizar los recursos de una manera apropiada.   

COCINA SATURADA
Un principio básico de economía sostiene que en la medida en que se incrementa el número de trabajadores en una panadería la producción de pan aumenta, pero habrá un punto de quiebre en el que existirán tantas personas que se chocarán entre ellas y la productividad, por tanto, caerá.

Y esto es más o menos lo que sucede con la ayuda humanitaria cuando hay un desastre natural. 

Luego del terremoto en Haití, llegaron al país cientos de ONG, de todos los tamaños y colores, las que portaban ayuda para las personas afectadas. 

De primera impresión, ello puede parecer positivo, pero en la medida que esta ayuda no esté coordinada con una política nacional, su reparto puede ser sumamente contraproducente, al punto, incluso, de desperdiciarse.

En Haití esta situación fue particularmente preocupante ya que el terremoto costó la vida a centenares de empleados públicos. El Palacio Nacional, el Congreso, el Palacio de Justicia y 16 de los 18 ministerios colapsaron. El país  quedó en una situación de casi absoluto desgobierno.

En el caso de Indonesia, la Agencia de Rehabilitación y Reconstrucción para las ciudades de Aceh y Nias se encargaba de supervisar la distribución de los fondos de reconstrucción del gobierno y de coordinar proyectos con los donantes. 

HUELE A GAS
De producirse un terremoto de 8 grados frente a la costa del Callao, las consecuencias serían nefastas. Según Indeci, más de 51 mil personas morirían.
El Estado ha demostrado en varias oportunidades que no está preparado para reaccionar de manera pronta y eficiente y es imperativo que se tomen las medidas necesarias  para actuar en caso de una catástrofe.  

Si bien un terremoto es un evento inesperado, el Estado también es elefantiásico para lidiar con los huaicos que son previsibles y que ocurren todos los años.  
Ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño en mayo, se espera que el Estado esté tomando precauciones para evitar los devastadores efectos de 1983 o 1998 en el norte del país.  

*En colaboración con Ariana Lira y Elody Malpartida