Y después de la emergencia, ¿qué?, por Roberto Abusada Salah

Los desastres naturales y las labores de emergencia desplegadas por el Estado y la población han tenido la virtud de oxigenar al gobierno y han abierto el espacio para no solo reconstruir, sino para empezar a tomar decisiones políticas que enderecen males enraizados. La apreciación ciudadana de la manera en la cual el gobierno afrontó la emergencia le ha valido una segunda luna de miel luego de que la primera se desvaneciera tempranamente producto de errores autoinfligidos, enfrentamientos con la mayoría opositora en el Congreso, y los escándalos de corrupción que frenaron la inversión y deterioraron la confianza.

De la manera en que el gobierno haga uso de ese inesperado nuevo aire dependerá la suerte que corra su mandato en los años siguientes. Y no será fácil. Lidiar con la emergencia es mucho más fácil que gobernar, pues tiene la virtud de dictar lo que hay que hacer. No se requiere pensar mucho ni tomar decisiones políticamente complicadas; las desgracias son evidentes y los remedios están a la vista. Además, la emergencia eleva la adrenalina de quienes están llamados a actuar, agiganta a los ministros más activos y despabila a los inertes. 

Si el gobierno quiere mantener el favor ciudadano, debe reconocer que entre las tareas de emergencia y las de reconstrucción existen otras dos funciones de rehabilitación gemelas que se deben acometer de inmediato. 

La primera rehabilitación debe contar con el mismo entusiasmo con que se enfrentó la emergencia y debe centrarse en un solo mandato: traer algo de normalidad a las vidas de más de un millón de compatriotas que en las semanas y meses siguientes vivirán en carne propia nuevas y sucesivas emergencias: epidemias y enfermedades (como dengue, zika, neumonía, desnutrición), viviendas semidestruidas, niños que no van a la escuela, el aislamiento del entorno inmediato y cultivos arruinados. Ese millón de ciudadanos afectados debe seguir sintiendo que frente a la secuencia de calamidades existe un gobierno que mantiene el sentido de urgencia que mostró cuando las lluvias caían sin cesar y los ríos destruían todo a su paso, y la nación entera debe mirar cómo se les ayuda.

La segunda rehabilitación es la de una economía hoy afectada por la parálisis de la inversión privada y pública que ha traído consigo los escándalos de corrupción a todo nivel, y la incapacidad de ejecución de los gobiernos locales y regionales. Todos los megaproyectos de infraestructura están detenidos o marchan a un ritmo de inaceptable lentitud. Esta parálisis de los grandes proyectos tiene consecuencias devastadoras en las medianas y pequeñas empresas, en el empleo, en el consumo de las familias, y en la fluidez del sistema de cobros y pagos. 

En ese punto, las acciones involucran el despliegue del máximo liderazgo por parte del presidente y su Gabinete para tomar decisiones rápidas que faciliten la transferencia de los proyectos que lideraban las empresas brasileñas a nuevos gestores, la solución de controversias que demoran proyectos como la línea 2 del metro, la ayuda técnica masiva a los gobiernos locales y regionales que puedan ejecutar proyectos, y la toma por parte del gobierno central de las obras que aquellas autoridades no estén en condiciones de llevar a cabo. 

El tema del agua reviste especial importancia y exige soluciones drásticas. Las decenas de empresas de agua y saneamiento en que exista ineficacia o corrupción deben ser reestructuradas por el gobierno central con la ayuda del sector privado.

No es difícil presagiar que si el gobierno no actúa en estas dos rehabilitaciones con un sentido de urgencia, la confianza empresarial y la de los consumidores no se recuperará de las severas caídas recientemente reportadas, haciendo la tarea de gobernar tanto más difícil. 

La tarea de reconstrucción propiamente dicha debe iniciarse con el diseño de un plan integral asistido por el concurso de una empresa internacional especializada y un equipo legal que diseñe el cuerpo jurídico que empodere al ente encargado de la reconstrucción, y a la vez permita el uso eficaz y honesto de los recursos públicos. Las tareas legales deberán necesariamente abarcar una serie de importantes aspectos como los relativos a expropiaciones, normas de desarrollo territorial (incluyendo la designación de todas las áreas de exclusión para edificación), nueva legislación que sancione el tráfico de terrenos de manera similar a los delitos de narcotráfico, mecanismos ágiles de contratación, y supervisión y reformas a reglas de control previo o concurrente de la Contraloría General de la República. Un enorme desafío que reclamará el apoyo de todos sin excepción.