Dos atentados contra una minera en solo 48 horas en Pataz: ¿fracasó el Estado de Emergencia?

El primer ataque ocurrió en la mañana del sábado 24 de febrero, cuando un grupo de desconocidos lanzó explosivos a una bocamina de la concesión que opera Marsa. El hecho provocó derrumbes, mas no daños al personal.

Dos días después, el lunes 26, trabajadores de la minera fueron atacados por cuatro sujetos que ingresaron por una zona alta y lanzaron cartuchos de dinamita, cuya explosión provocó derrumbes y dejó a cuatro trabajadores heridos. El personal afectado se recupera en un nosocomio local.

El estado de emergencia en Pataz inició el 14 de febrero por un periodo de 60 días con el objetivo de combatir la ola delictiva producto de la minería ilegal. La medida determinó que las Fuerzas Armadas se encarguen del control interno de la provincia con apoyo de la Policía Nacional.

Respecto a la articulación con entidades públicas, el decreto supremo que oficializa el estado de emergencia establece que el Ministerio de Defensa gestionará, a favor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las medidas que sean requeridas con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Migraciones, Sucamec, el Gobierno Regional de La Libertad y gobiernos locales de la circunscripción departamental en el marco de sus respectivas competencias.

Cabe destacar que, cuatro días antes del inicio del estado de emergencia, El Comercio informó en su edición impresa que más de 20 volquetes con oro ilegal salen a diario de Pataz. Asimismo, debido al asedio de las mafias, las mineras de la zona se han visto obligadas a contratar hasta siete veces más agentes de seguridad.

En entrevista con El Comercio, el exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes, los dos atentados contra la minera Marsa revelan un “fracaso absoluto en la respuesta del gobierno al problema de la minería ilegal”. “Esta es una nueva expresión de que quien pone las reglas del juego en Pataz son las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, no las autoridades. El gobierno carece de fuerzas para recuperar el orden interno”, asevero.

Vargas sostiene que no existe una estrategia integral del Ejecutivo para combatir el crimen organizado en la provincia de La Libertad. El experto considera que la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía para recuperar el control interno es solo un aspecto de esta tarea que necesita la intervención de otros actores estatales.

LEE TAMBIÉN: Sunedu pone freno a clases virtuales universitarias en pregrado: ¿Cuál es el impacto de las nuevas modificaciones y qué pasaría con los alumnos?

“No hay una autoridad que lidere y articule a otros sectores del Estado para que actuen contra este problema. ¿Qué hace la Sucamec para evitar que sigan llegando explosivos e insumos a la minería legal? ¿Qué hace la Sunat para frenar que la minería ilegal continúe recibiendo insumos?”, expresa Vargas. “El gobierno sigue actuando con frivolidad ante la criminalidad organizada y las economías ilegales”, añade.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la minería ilegal es la actividad ilícita que más pérdidas económicas generan al Perúc con más de S/22.700 millones al año.

La problemática que azota a esta provincia de la sierra de La Libertad se agravó el año pasado con la presencia de organizaciones criminales transnacionales.

La ola delictiva alcanzó su máximo grado el 3 de diciembre del año pasado, cuando un grupo armado llegó a la mina Poderosa y realizó un ataque colocando explosivos en las instalaciones. El resultado de la agresión fueron 10 personas muertas y al menos 15 heridos.

Vale precisar que Pataz se encontraba en estado de emergencia y el orden interno estaba en manos de la Policía Nacional. Luego del atentado, las autoridades locales exigieron una rápida respuesta del Ejecutivo, así como la intervención de las Fuerzas Armadas. El gobierno determinó el despliegue de más de 60 efectivos policiales.

Sin embargo, el avance de la criminalidad no se detuvo. En la noche del 5 de enero, un convoy policial de tres vehículos fue atacado por un centenar de personas para evitar que cinco sujetos detenidos por dedicarse a extraer ilegalmente oro y por disparar contra policías sean trasladados hasta Trujillo. Esta multitud logró que cuatro de los delincuentes escapen.

Los detenidos fueron Elvis Ríos Arce (21), Eduardo Ronaldo Tumbajulca Gonzáles (21), Coco Ortiz Vásquez (21), Jean Pool Ramírez Vera (27) y Eusebio Castillo Neyra (22).

El 15 de enero, el gobierno prorrogó el estado de emergencia por 30 días. Solo diez días después, un grupo de delincuentes derribó con explosivos una torre de alta tensión que alimenta de energía a las operaciones de minera Poderosa.

El ataque afectó específicamente la Torre 5 de la sala de interconexión SE 2190, perteneciente al proyecto BESS La Morena de Poderosa, por lo que interrumpieron sus operaciones. La empresa expresó al medio local Sol TV que, en el 2023, 10 torres de alta tensión de la minera fueron atacados por mineros ilegales.