Editorial: Corsé presidencial

Hace un año, el Perú atravesaba uno de los procesos electorales más enrevesados e impredecibles de las últimas décadas. La incertidumbre generada por cambios de último minuto en las reglas de juego y el riesgo de inhabilitación que persiguió a algunos candidatos hasta días antes de los comicios arrojaron más sombras que claridad a los votantes. La necesidad de una reforma electoral se reafirmó, pues, como algo perentorio, por lo que existe actualmente mucha expectativa sobre las modificaciones que podría implementar el Congreso de la República en esta materia.

En ese empeño, el jueves 7 la congresista por Fuerza Popular y coordinadora del Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral, Patricia Donayre, deslizó una singular propuesta que ya había sido bosquejada por el frenteamplista Mario Canzio. En pocas palabras, esta plantea que el candidato presidencial que resulte elegido deberá presentar un plan de gobierno durante sus primeros 45 días de mandato y que cualquier incumplimiento a este durante su gestión se sancione con la vacancia.

“Yo lo voy a plantear en el grupo”, adelantó Donayre a la prensa. Y agregó: “Tenemos que aplicar sanciones a quien no cumpla su plan de gobierno”. Con ello dejó ciertas ideas respecto a lo que podría contener el informe que su grupo de trabajo presentará a la Comisión de Constitución el 24 de este mes.

Y aunque el propósito de la propuesta aquí comentada es plausible (al fin y al cabo, un plan de gobierno permite anticipar el camino por el que transitará una administración, así como exigir al presidente electo la concreción de las principales promesas que lo llevaron a conseguir la victoria electoral), la severidad de la sanción –y cómo se decidiría cuándo ha de aplicarse– la convierte en una medida desproporcionada y peligrosa.

No en vano y dada la gravedad de sus consecuencias, el artículo 113 de la Constitución establece causales muy concretas y excepcionales para la vacancia presidencial: la muerte del mandatario, su renuncia, su salida del territorio nacional sin autorización del Parlamento, su incapacidad moral o física permanente –declarada por el Congreso– o la destitución por infracciones estipuladas en el artículo 117 de la Carta Magna.

Por otro lado, si la iniciativa de la legisladora Donayre se hubiera aplicado a los últimos gobernantes, probablemente ninguno habría salido incólume. Pensemos si no en las promesas de Alberto Fujimori en 1990 y en su renuencia a aplicar un ‘shock’ de corte económico como planteaba su principal contendor… y que finalmente llevó a cabo. 

Similar es el caso de Alejandro Toledo, quien, entre otras cosas, nunca cumplió con la reducción de un punto en el IGV, ni con la creación de 400.000 puestos de trabajo en el primer año de mandato. El ex presidente Alan García tampoco es ajeno a la defraudación de las expectativas creadas por él mismo. En el plan de gobierno del Apra para las elecciones del 2006, se establecía que en los primeros 180 días se aprobarían las leyes contra el transfuguismo y la renovación por mitades del Congreso. Ambos compromisos, evidentemente, nunca se concretaron, como tampoco las promesas para “restituir la Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre”, “restablecer la bicameralidad”, e incrementar el presupuesto educativo hasta alcanzar el 6% del PBI.

El caso de Ollanta Humala también es ilustrativo. El nacionalista inició su carrera para las elecciones del 2011 ofreciendo una “gran transformación” para después, ante la presión por las suspicacias que despertaban sus ofertas en un amplio sector del electorado, terminar firmando una “hoja de ruta” que se distanciaba diametralmente del plan original. Y ni qué decir de ofertas más ficticias, como aquella de bajar el precio de un balón de gas a 12 soles.

Si bien es importante que la ciudadanía exija a sus representantes políticos el respeto de sus ofrendas electorales, ligar el irrestricto cumplimiento de un plan de gobierno a la posibilidad de la vacancia presidencial convierte el documento en una suerte de corsé inmutable que, ante circunstancias imprevistas, podría limitar el accionar de una administración en lugar de orientarlo. Y a la figura de la vacancia, en una peligrosa y accesible arma de intimidación política.