El lunes 14 de diciembre al mediodía, cuando el chofer Oscar Balbuena Villarruel encendió el motor de la miniván Renault de placa Z9Q-960, los 18 pasajeros a bordo ignoraban la larga lista de delitos e infracciones que había detrás de este vehículo. Por ejemplo, que el costo de su pasaje financiaba a una red de personas acusadas de extorsionar a transportistas. Que esta unidad ni siquiera necesitaba moverse para cometer faltas graves: tenía más pasajeros que su capacidad máxima y utilizaba un permiso turístico para hacer taxi colectivo. Dos horas después de que Balbuena partiera de Puno, esta miniván terminó volteada y destrozada con 11 de sus ocupantes muertos tras chocar contra un camión. Esta furgoneta explica por sí sola el descontrol que existe sobre el negocio del taxi colectivo, formalizado por el congreso.
La historia de este vehículo comienza un año atrás, el 14 de noviembre del 2019. Ese día, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima desarticuló una banda de extorsionadores que cobraba cupos para que minivanes puedan circular con libertad entre las ciudades de Espinar, Puno, Juliaca y Arequipa. La organización era conocida como “Los Camanejos” (por el gentilicio de la provincia arequipeña de Camaná). Según la fiscalía, esta red creaba empresas falsas para ‘agremiar’ a dueños de vehículos. Una vez agremiados, comenzaban a cobrarles por el derecho a circular obteniendo hasta S/15.000 soles al día. Si se negaban a pagar, golpeaban a los transportistas, destrozaban sus unidades e incluso atentaban contra sus vidas.
Una de las acusadas de pertenecer a esta organización es Noelia Japura Cruz, conocida como la ‘reina del sur’, detenida en enero del 2020. Japura Cruz, según Registros Públicos, es la gerente general de la empresa de transportes Rimay Tikray Perú SAC. Esta compañía aparece como propietaria de la miniván donde murieron las 11 personas, y de otros 12 vehículos que hacen taxi colectivo. Según la Sunat, Rimay Tikray Perú SAC solo registra a un trabajador. Los otros 11 vehículos de la empresa continúan autorizados por la Sutrán a pesar de que su gerenta sigue un proceso penal por extorsión, cobro de cupos y sicariato.
Uno de los paraderos principales de esta red de colectiveros del sur del país está en las inmediaciones del Terminal Binacional de Arequipa. En este lugar, el 7 de abril del 2019, un grupo de delincuentes de la organización Los Camanejos, de la que se le acusa Noelia Japura de liderar, fue captado por cámaras de vigilancia destrozando un vehículo que hacía transporte informal, según un portal de noticias de Arequipa.
Además de revelar vínculos con delitos de extorsión y cobro de cupos, la historia de este vehículo muestra que el negocio del taxi colectivo convive con la negligencia al volante. Esta furgoneta, según un reporte de la Sutrán, registra tres papeletas anteriores por realizar transporte informal. En dos ocasiones se le retiró las placas como medida de sanción, pero siguió operando.
La miniván que conducía Balbuena solo tenía capacidad para 16 pasajeros pero llevaba a 18. Además, la empresa que le hizo la revisión técnica, en setiembre pasado, le emitió un certificado aprobado a pesar de que tenía observaciones sobre sus frenos: “Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 30 y 50%”.
“Años atrás conocimos la historia de la ‘bestia’ de Petit Thouars. Ahora este vehículo es el ‘kraken’ del sur del Perú. Además de sus papeletas, tiene detrás el liderazgo de personas vinculadas al crimen organizado”, declara un dirigente transportista de Juliaca, cuya identidad mantendremos en reserva.
La demanda de minivanes es tan elevada que durante el 2019 ingresaron 25 al mercado peruano cada día. Es decir, uno cada hora, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).
A su vez, este modelo de vehículo es uno de los más inestables del mercado, al no pasar importantes pruebas de seguridad internacionales. Este hecho llevó a que incluso estén prohibidas en China, el país donde las fabrican. Pese a ello, son los autos más vendidos para el taxi colectivo, un servicio actualmente legalizado por el Congreso de la República.
La proliferación de colectivos ha causado la reducción de 15 millones de pasajeros en las empresas de transporte formal en los últimos dos años. Se estiman pérdidas de 450 millones de soles anuales por competencia desleal.