Así operan las ‘pequedragas’ de Loreto, un complejo sistema de extracción de oro ilegal

A plena luz del día, pequedragas, dragas móviles utilizadas para la extracción ilegal de oro, recorren la cuenca alta del río Nanay, en la región Loreto. El difícil acceso a la zona, la indiferencia de las autoridades y la corrupción permite que este tipo de actividad se desarrolle con toda impunidad en la zona, poniendo en riesgo no solo al medio ambiente, sino también a los seres humanos.

Según información recogida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en lo que va del 2022 han sido destruidas 60 de estas embarcaciones. La cifra es mayor a lo registrado en los últimos años: en el 2018 fueron interdictadas 17 pequedragas; en el 2019, 39; en el 2020, 50; y el año pasado, solo 17.

En un sobrevuelo organizado a fines de octubre por FCDS Perú, el proyecto Prevenir (Usaid) y el programa ASL (Banco Mundial), El Comercio identificó al menos ocho dragas móviles en las aguas del alto Nanay, un área de conservación en la cual la actividad minera está prohibida por la ley.

La mañana del martes 25 de octubre –menos de 24 horas después del sobrevuelo– un equipo de la Marina de Guerra y la fiscalía ambiental de Loreto intervino el lugar en busca de las dragas.

En la operación fueron encontradas y destruidas cuatro embarcaciones. Los mineros se ocultaron en la espesura del bosque amazónico apenas oyeron los motores de las chalupas de las autoridades.

Pero hay otro factor clave en este problema: la corrupción. “Desde que nosotros solicitamos a la Marina de Guerra embarcaciones para poder salir o a la policía un número de personal para que nos acompañe, comienza el peligro, porque el tema de la filtración es constante”, reconoce Alberto Caraza, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.

El mecanismo

Transformar dos ‘peque peque’, las embarcaciones típicas de los ríos de nuestra Amazonía, en una draga minera móvil cuesta al menos S/90.000. Estas son versátiles, pues pueden desplazarse fácilmente en los ríos, además de desmontarse rápidamente. El valor puede incrementarse según la procedencia y potencia del motor. Pero la minería ilegal es un negocio rentable: la inversión se recupera fácilmente.

“Me comentan que la construcción de una draga, trabajando una semana ya está pagada y el resto es ganancia. Estamos hablando de mucho dinero fácilmente recuperable. Y luego, cuando la fiscalía realiza las interdicciones correspondientes, no es que reduzca el número de dragas: ni bien es interdictada una draga, aparece una nueva. Esto es algo de nunca acabar”, explica Caraza.

No se trata de una actividad artesanal, sino de un elaborado mecanismo. En cada pequedraga trabajan al menos cinco personas. El año pasado, por ejemplo, la fiscalía ambiental de Loreto intervino una embarcación en el preciso momento en el que extraía oro del río Mazán. Ahí detuvo, entre otras personas, a un buzo que estaba sumergido en el agua.

Además, investigaciones fiscales mencionan que se trata de presuntas organizaciones criminales en las que participan ciudadanos colombianos, brasileños, población local y personas con experiencia en minería que llegan de Madre de Dios.

—En las comunidades—

Hace cuatro años, en el 2018, los mineros ilegales llegaron a Seis Hermanos, una comunidad ubicada en la cuenca del río Pintuyacu que alberga a 400 familias. Llegar desde Iquitos a este lugar en ‘peque peque’ toma al menos un día de viaje. En la comunidad no hay médico ni servicios básicos como agua potable.

“¿Qué pasa si alguien ahí en la comunidad tiene una enfermedad grave o algo?”, le preguntamos a Marcelina Angulo Chota, presidenta del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pituyacu – Chambira y vecina de Seis Hermanos. “Nos vamos al distrito, pero cuando es grave, grave, a medio camino muere, porque del caserío donde vivimos, en vaciante es tres horas al distrito. En creciente es dos horas. Varias veces nos ha pasado eso, siempre nos ha sucedido”, respondió.

Los mineros permanecieron ahí hasta marzo del 2019. Aunque inicialmente hubo mejoras y más ingresos para un sector de la población, la minería arrastró consigo contaminación del río, violencia, prostitución y otros males.

“‘Todas las familias van a tener sus beneficios’, eso primerito se lo iban a ofrecer. ‘Si usted desea, señora, te pongo tu bar, te doy una bodega inmensa que puedas abastecernos a nosotros mismos y de ahí vas a generar ingresos, puedes hacer tus parrilladas los sábados’. De una manera o de otra, te ofrecían todo. Pagaban un bono de S/20.000 mensuales a la comunidad. Nosotros no, nos ofrecieron, pero no llegamos a ningún acuerdo, no queríamos nosotros”, rememora.

Finalmente, Angulo Chota y su comunidad cortaron por lo sano: con esfuerzo y a pesar de las amenazas, lograron echarlos de su territorio.

“Nosotros fuimos a sacarles, yendo con toda la población en el medio, una gran cantidad de gente. De eso han tenido miedo. Nosotros vamos a hacer no sé qué, pero ustedes salen. Les dimos 24 horas para que salgan, duraron 12 horas y ya no habían las dragas”, relató.

Daños y peligros

En octubre del 2013, el Perú firmó el Convenio de Minamata, un tratado mundial que establece la reducción del uso del mercurio en procesos y productos, así como la regulación de la minería artesanal y a pequeña escala.

En el Nanay, sin control ni fiscalización, los mineros ilegales usan mercurio para obtener el oro. Así, este peligroso metal pesado termina en las aguas, el suelo, la vegetación y los peces del Nanay, un río fundamental para la región, en especial para Iquitos.

“El Nanay es la fuente de agua para Iquitos, que tiene casi 500.000 habitantes. Las poblaciones ribereñas consumen el agua directamente. Y el poblador amazónico, el 70% de las proteínas que consumen depende de la pesca, porque no tiene acceso a otro tipo de proteína. Por eso, son los primeros que pueden ser afectados [por el mercurio]”, explica Werner Chota, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), una institución adscrita al Ministerio del Ambiente.

Como en una cadena, el metilmercurio –el mercurio en su forma orgánica– va acumulándose en los peces hasta llegar al ser humano. “En esta forma, [el mercurio] se queda en el pez. De la misma forma, se queda en el humano, no tenemos la capacidad de eliminarlo del organismo. Se acumula en el organismo, porque es una neurotoxina. Lo que hace es ocasionar trastornos neurológicos, como perder la memoria, musculatura y otros trastornos. Es una situación muy grave que podríamos pasar”, añade Chota.

El IIAP y el Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) tienen previsto recoger muestras en el Nanay y otros ríos de Loreto a inicios del próximo año para analizar si sus aguas contienen mercurio en cantidades mayores a las permitidas.

“El problema no se ha resuelto, poniendo en riesgo a medio millón de personas que dependen su agua potable del río Nanay, un 15% de la población viven de los peces del río Nanay. Si estos peces están contaminados, también pone en riesgo la salud corporal. Además, con los delitos asociados a la minería, entonces tienes un enorme riesgo para la capital de Loreto, que es Iquitos”, afirma José Manuyama, miembro del Comité de Defensa del Agua de Iquitos.

Mientras tanto, la minería ilegal sigue avanzando en la Amazonía loretana. Como es evidente, el panorama no es auspicioso.