De los 16.995 centros educativos que existen en la macrorregión sur (compuesta por Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna), el 27,6% no cuenta con las condiciones para seguir funcionando. Al cierre del 2022, cifras del Ministerio de Educación concluían que 4.695 locales en dicha zona del país estaban en riesgo de demolición.
TAMBIÉN LEE: COVID-19: Más de 8 millones de dosis vencieron o están en riesgo de expirar | INFORME
Adicionalmente, solo un promedio general de 33% de colegios en esas siete regiones contaba con acceso a Internet y apenas el 38% tenía agua potable al iniciar el 2023. En cuanto al servicio de alcantarillado, el promedio es de 43% de centros educativos con esa cobertura [ver cuadro con porcentajes por región].
En comparación con las otras macrorregiones, la del sur se encuentra en el tercer lugar con más colegios en mal estado. La superan la macrorregión del centro, con 7.303 y la del norte, con 9.537. En cuarto lugar se ubica la macrorregión oriente, con 4.262. La zona ocupada por Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao agrupa solo 932 locales en esas condiciones.
En diálogo con El Comercio, el exministro de Educación y fundador de Pirka Consultoría, Daniel Alfaro Paredes, señaló que el cierre de brechas de infraestructura educativa en todo el país se obstaculiza por factores diversos, que van desde la capacidad técnica hasta la volatilidad de funcionarios y ciertos casos de corrupción intersectorial.
“Para lograr ese cierre son esenciales la operatividad, donde la política nacional de los últimos años lamentablemente ha estado jugando un rol adverso; la capacidad desde los gobiernos regionales, que deben trabajar con eficacia; y el esfuerzo multisectorial, por donde pasa la cobertura de servicios básicos e internet. Sin ellos, no se podrá avanzar”, agregó.
Carla Gamberini Coz, experta en políticas educativas y CEO de MásEducaciónPe, recordó que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED es el competente dentro del Estado para la gestión de proyectos masivos que reduzcan la brecha. Estimó que parte de la responsabilidad en el atraso parte de este órgano del Ministerio de Educación.
“Por otro lado, hay también un problema de priorización, en el sentido de que, a veces, se priorizan las áreas donde es más fácil y económico impactar a mayor población. Esto, en lugar de priorizar las áreas más abandonadas o rurales, donde el impacto se daría en menor población y sería más costoso implementar obras o servicios. Hay problemas de criterio, de priorización, pero también de capacidad instalada para trabajar proyectos”, comentó.
Contrastes con niveles de aprendizaje
En la última evaluación censal nacional (publicada el 2020) sobre logros en aprendizaje del 2019, los primeros lugares en comprensión lectora del país a nivel de segundo de secundaria fueron ocupados por Arequipa (24,1%), Moquegua (24,6%) y Tacna (27%) [ver mapa]. Estas mismas regiones arrojaron también los mejores resultados en la prueba matemática: Arequipa con 30,9%; Moquegua con 34,1% y Tacna con 38%.
Esto coincide con una inversión pública por alumno de secundaria que, en estos tres departamentos, es mayor o cercana al promedio de inversión a nivel nacional. Por ejemplo, mientras el promedio nacional destinado a cada estudiante de secundaria es de S/ 5.088, en Arequipa la inversión es de S/ 5,673. Para Moquegua, es de S/ 7,711 y para Tacna es de S/ 7,513.
El especialista en temas educativos Paul Neira del Ben subrayó que, si bien existen buenos resultados en los procesos de aprendizaje en algunas pocas regiones, el problema de la deserción escolar –que se asocia a diversos factores– no es combatido por el Estado de manera estratégica. Solo al cierre del 2022, se detectó que 36.948 estudiantes del Sur no habían concretado su matrícula, lo que supone un abandono de sus estudios. Neira advierte que esta cifra puede ser incluso mayor y que no existe una política pública específica para reducirla.
“El ‘desertor’ es aquel que no se matricula, pero también están aquellos estudiantes que se matriculan y no asisten a clases por algún motivo. Si vemos el incremento anual de la deserción escolar a nivel nacional, tenemos un contraste enorme con la poca acción del Estado. Si consideramos, además, que en educación básica alternativa [dirigida a personas que retoman estudios interrumpidos] el tope de estudiantes al año es cercano solo a los 250 mil, esta es otra brecha gigantesca que no es atendida. No tenemos una política educativa clara al respecto de la deserción ni un presupuesto alineado para luchar contra este problema”, dijo.
El exministro Daniel Alfaro sostuvo que, a partir de la pandemia, se activó un sistema de identificación de riesgos de discontinuidad escolar. El programa, llamado ‘Alerta Escuela’ es, sin embargo, preventivo, y no contempla acciones cuando se ha consumado el abandono de los estudios por situación económica familiar, embarazo adolescente, violencia escolar, entre otros.
“Una estrategia para recuperar a los excluidos, que es un término más apropiado que ‘desertores’, es sumamente importante porque, conforme pasa más tiempo de exclusión, el trabajo de recuperación de los estudiantes es más complejo y, por lo tanto, más caro. Una estrategia temprana de recuperación de excluidos es ideal y muy necesaria”, indicó.
Inversión vs. capacidad de ejecución
A enero de este año, el presupuesto modificado en materia de educación para la macrorregión Sur agrupó S/ 701 millones 119 mil 807. Esto representa el 23% del presupuesto a nivel nacional, que bordea los S/ 21 mil millones. No obstante, la mayor parte de esta suma está dirigida al salario docente.
De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ejecución presupuestal en educación del 2022 superó el 90% en la mayoría de regiones del país. La única en ejecutar menos en el Sur fue Moquegua, con 87.4%.
“La gran pregunta es en qué lo están invirtiendo, de qué manera se está ejecutando y cómo se están tomando las decisiones de inversión. También hay un factor de la calidad de la inversión cuando la línea que se sigue es menos técnica. Otra mirada es por qué, si el presupuesto sí se ejecuta, no hay priorizaciones en el cierre de brecha de infraestructura. Ahora, si el presupuesto se centra más en el pago de docentes, que son el elemento más importante y de impacto para el aprendizaje, también habría que considerar qué tanto se prioriza la capacitación o formación del maestro”, explicó la especialista Carla Gamberini.
Paul Neira subrayó que los gobiernos regionales tienen responsabilidad directa en la administración presupuestal en esta materia y que, por tanto, sobre ellos depende la correcta ejecución de proyectos ya encaminados.
“Ahí claramente hay una responsabilidad directa de los gobiernos regionales, en términos de no poder ejecutar el porcentaje del presupuesto con la suficiente velocidad y bajo controles anticorrupción. Muchas veces, incluso, tiene que ver con un criterio de prioridades, donde sacar adelante una carretera o la edificación de un puente es ‘más atractivo’ que reparar colegios”, cuestionó.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Municipalidad de Lima: ¿Cuántos recursos se destinarán a proyectos de inversión?
- COVID-19: Más de 8 millones de dosis vencieron o están en riesgo de expirar | INFORME
- El 90% de ollas comunes se encuentran en Lima Metropolitana | INFORME
- El 83% de denuncias contra congresistas ante Ética no termina en sanción