Estos son los gobernadores regionales sentenciados o que mantienen investigaciones fiscales

Diez de los 25 gobernadores regionales del país han recibido sentencias o están siendo investigados por la Fiscalía por delitos como el aprovechamiento del cargo, corrupción, falsificación de documentos, contra la tranquilidad pública, entre otros. Las pesquisas que enfrentan estas autoridades suelen estar relacionados con hechos anteriores, incluso antes que asumieran el liderazgo regional.

► Puno: Walter Aduviri fue suspendido del cargo de gobernador regional

► Vladimir Cerrón: ¿Quién es el líder de Perú Libre?

En diciembre de 2019, la Sala Penal de Apelaciones de Puno confirmó los seis años de prisión efectiva contra el suspendido gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya por el delito contra la tranquilidad pública. La justicia determinó que Aduviri fue coautor ejecutivo de la revuelta conocida como el “aimarazo” del 26 de mayo de 2011. Actualmente, cumple su condena en el penal de Yanamayo (Puno). Un dato curioso es que Aduviri hizo toda su campaña política desde la clandestinidad.

El 26 de mayo del 2011 estalló en Puno la intensa protesta de la población aimara contra las concesiones mineras otorgadas por el gobierno del expresidente Alan García a la empresa canadiense Bear Creek, en el sur de la región, derivó en la toma de la ciudad, el saqueo y quema de instituciones públicas, desmanes y ataques contra la propiedad privada.

Walter Aduviri Calisaya, el líder visible de la revuelta fue procesado por estos hechos junto a otros dirigentes. Se estima que durante los 45 días de protesta Puno perdió US$117 millones por el cese del comercio.

Vladimir Cerrón, el suspendido gobernador regional de Junín y líder del partido Perú Libre, cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión suspendida. Él fue excarcelado del penal de Huamancaca luego de que el Poder Judicial varió su pena de efectiva a suspendida en octubre de 2019. Cerrón fue condenado por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo en agosto de 2019 por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo por irregularidades durante su primera gestión como presidente regional (2011 - 2014).

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica tiene pendiente un pedido fiscal para que se revoque la sentencia que lo absolvió del delito de falsificación de documentos. Esto ocurrió cuando el actual gobernador postuló a la alcaldía provincial de Caylloma en el 2010. Además, en agosto de 2019, la empresa Southern Perú presentó una denuncia penal contra él por el presunto delito de abuso de autoridad.

En su hoja de vida ante el JNE en el 2018, Cáceres Llica reporta dos sentencias, una del 2007 por el delito de entorpecimiento de medios de transporte y otra en el 2016, por falsa declaración en el proceso. Las dos aparecen con sentencia cumplida.

En el Callao, el gobernador Dante Mandriotti ha sido sindicado de tener vínculos con José Prado Ventura, cabecilla de la organización criminal: “Los malditos de Angamos” y haber solicitado a un fiscal protección para Prado.

El programa Cuarto Poder difundió en junio de 2019, unos audios donde la autoridad regional menciona un presunto depósito bancario a Prado Ventura. Los audios datan de mayo de 2018 cuando Mandriotti era candidato. El gobernador es investigado por ser presuntamente cometer delitos contra la administración pública y por tráfico de influencias. En su hoja de vida ante el JNE, Mandriotti presenta una sentencia por violencia familiar del año 2013.

Elisbán Ochoa, el gobernador regional de Loreto es investigado por el Ministerio Público por presuntamente haber recibido fondos para la campaña de personajes vinculados al narcotráfico. Uno de los presuntos financistas es Ángel Noriega Marín, personaje al que la fiscalía relaciona con el tráfico ilícito de drogas. Según reveló una investigación de Perú21, la Fiscalía cree que el clan de Noriega Marín, habría financiado la campaña política de Elisban Ochoa y otros de sus candidatos.

En Tumbes, el gobernador regional Wilmer Dios Benites está siendo investigado por la fiscalía por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. Esto por irregularidades en la entrega de una obra vial en el barrio San José durante su primera gestión en el año 2009. El Ministerio Público está pidiendo contra él seis años de prisión.

En Áncash, la fiscalía presentó un recurso de apelación contra la resolución que archivó la denuncia contra el gobernador regional Juan Carlos Morillo, por el presunto delito de falsedad genérica por omitir dos de las cinco sentencias en su contra de las hojas de vida ante el JNE en las elecciones de 2018. Esto debido a que la información ante el JNE tiene peso de una declaración jurada.

El gobernador regional de Pasco, Pedro Polinar, fue denunciado penalmente por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Pasco por el presunto delito de omisión o demora de actos funcionales. La denuncia fue presentada el 2 de setiembre de 2019.

En Piura, la fiscalía especializada en delitos de corrupción inició una investigación preliminar contra el gobernador regional, Servando García Correa por presuntas irregularidades en la designación de altos funcionarios. A García y a otros funcionarios de su gestión se les investiga por presuntos delitos contra la administración pública.

En Tacna, la fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios formalizó la investigación preparatoria en contra del gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe. De acuerdo al Ministerio Público, la autoridad regional habría recibido doble sueldo del Estado. Esto en agravio de la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín y la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Además de ellos, hay gobernadores que tienen sentencias cumplidas por juicio de alimentos como es el caso del gobernador regional de Amazonas, Oscar Altamirano de Amazonas y Anselmo Lozano de Lambayeque.

—Punto de vista—

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia

“Tener a tantos gobernadores procesados o sentenciados es un síntoma de la manera de hacer política en el Perú. Siendo que los postulantes son los que controlan los recursos, antes que los partidos, estos últimos terminan aceptando candidatos sin preocuparse de sus antecedentes. Los políticos no necesitan construir una carrera libre de cuestionamientos, pues a pesar de ellos pueden volver a postular (salvo por las prohibiciones legales), y algunos tendrán un paso efímero por la vida partidaria.

Esto origina una oferta pobre que deja pocas opciones a los electores, y contribuye al desprestigio del nivel regional de gobierno. Cambiar estos incentivos es una de las tareas que debe asumir la reforma política. Las investigaciones y sanciones contra los gobernadores regionales genera incertidumbre y pugnas al interior de cada gobierno regional, afectando su gestión y manejo administrativo”