La otra pandemia: hay más de 300 denuncias por irregularidades en la compra y distribución de canastas

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De acuerdo al fiscal supremo Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, durante el aislamiento Lima reportó 103 investigaciones; Ayacucho, 91; Cusco, 57; y Arequipa, 50. Estas cuatro regiones son las que acumulan el mayor número de casos.

Del total de denuncias, 21 son por presunta sobrevaloración en adquisición de equipos médicos, 105 están vinculadas a irregularidades en la compra y distribución de productos de limpieza y material de bioseguridad, y 308 denuncias son por irregularidades en la compra y distribución de canastas.

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“Contra las municipalidades manejamos 596 denuncias de todo tipo. Estamos hablando de los presuntos delitos de peculado, de colusión simple, negociación incompatible y cohecho. Vinculadas a las canastas, tenemos 308 investigaciones”, comenta Tello.

Tras decretar estado de emergencia, el Ejecutivo destinó S/ 213 millones 650 mil a favor de diversos gobiernos locales para financiar la implementación, adquisición y distribución de canastas básicas para familias en condición de necesidad. Sin embargo, muchas veces la ayuda no terminó en manos de quienes realmente la necesitaban.

“Algunas canastas han sido sustraídas por parte de los mismos funcionarios municipales. Para crear una apariencia de entrega se han generado padrones que no establecen la recepción real de estos productos. Hay personas que figuran como beneficiarios y como si hubiera recibido las canastas, pero en realidad nunca las recibieron porque estaban en el extranjero o habían fallecido. En otros casos, el nombre registrado no guarda correlación con el DNI, es decir, la persona no existe”, dice el representante de la fiscalía.

“Hemos tenido incluso casos vinculados a parientes o amigos cercanos de alcaldes que han sido favorecidos con los víveres cuando aparentemente no tendrían la condición de necesidad”, añade.

Tello señala asimismo que, acabado el aislamiento, la Contraloría General de la República les remitió una lista de 4.212 funcionarios de todas las instituciones públicas que habrían sido beneficiados con canastas a nivel nacional. “Lo que nosotros estamos por establecer ahora es si hay alguna vinculación entre ellos y los funcionarios municipales [encargados de la distribución] para efecto de establecer si efectivamente existe una suerte de colusión, algún tipo de peculado o algún indicio que nos lleve hacia una presunta responsabilidad penal por parte de estos”, dice.

No obstante, el fiscal aclara que cada uno de los casos que aparece en la relación tiene que ser bien evaluado. “Debemos tener en cuenta que una persona que percibe S/ 1.200 de ingreso y vive con familiares que no están trabajando o con personas de riesgo sí está en una situación en la que puede ser beneficiada. En cambio, si su sueldo supera S/ 5.000 o S/ 10.000 soles, es evidente que no”.

El fiscal acota que la lista –en coordinación nacional– ya se ha disgregado en función de cada uno de los distritos fiscales y se ha distribuido a cada coordinador distrital para que se efectúen las indagaciones respectivas.

CASOS RECIENTES

El 16 de marzo el Gobierno decretó el estado de emergencia, al poco tiempo la Contraloría General y la fiscalía empezaron a investigar un amplio número de denuncias contra funcionarios ediles de todo el país por corrupción y mal manejo de los fondos destinados a atender la pandemia. Estas autoridades no solo son investigadas por mala gestión en la distribución de canastas, sino por una variedad de otros delitos.

Ancón

Hace unos días, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste dirigió una diligencia de exhibición y recojo de documentos en la Municipalidad Distrital de Ancón para investigar presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de canastas básica.

Advertidos por la Contraloría, la fiscalía verificará si un total de siete trabajadores ediles habrían sido beneficiados irregularmente con dicha ayuda pese a estar percibiendo un sueldo de parte del Estado.

Pucusana

En Pucusana, personal del Ministerio Público junto a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron la municipalidad. Se investiga a 11 trabajadores públicos del municipio que habrían sido beneficiados con la dotación de canastas de víveres adquiridas con el presupuesto de emergencia por el COVID-19, a pesar de estar percibiendo sueldos de entre S/2.000 y S/3.000.

La indagación, a cargo del fiscal provincial, Hugo Minaya Paulino, es contra los que resulten responsables del delito de peculado.

Chorrillos

El pasado 30 de junio se intervino la Municipalidad de Chorrillos para incautar documentación que permita investigar una probable adulteración del padrón de beneficiarios, ya que, según un informe de la Contraloría, se detectaron 44 casos de nombres o números de DNI que no existen en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

A estos hechos se suma un presunto mal uso de medio millón de soles destinado por el Gobierno Central para la adquisición de un total de 6.273 canastas de productos de primera necesidad. Ello debido a que, pese a que la empresa proveedora no habría cumplido con la fecha de entrega de los productos, el municipio no habría aplicado la penalidad.

Consultados por este Diario, el gerente municipal, Pablo Zegarra, dijo que los 44 casos denunciados son errores de duplicación en el sistema que se usó para registrar a los beneficiarios, el cual –según sostiene– no permitía corregir los nombres una vez ingresados, lo que obligaba a volver a inscribirlos. No obstante, la fiscalía sigue realizando diversas diligencias que permitirían determinar la presunta responsabilidad de cuatro funcionarios de dicha comuna.

Carmen de la Legua Reynoso

El 30 de abril se llevó un operativo en las oficinas de Sub Gerencia de Logística, Gerencia Municipal y la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao. Se denuncia que los beneficiarios de las canastas de víveres serían funcionarios y extrabajadores del municipio quienes no se encontraban en el grupo de población vulnerable.

Se suma a este hecho que la alcaldía habría entregado productos como latas de atún, fideo, entre otros, a la población como si hubieran sido adquiridos con los fondos transferidos por el Estado, sin embargo estos habrían sido donados por terceros.

La municipalidad sostiene que la distribución de las canastas fue correcta y por ello el Ministerio de Economía y Finanzas los premió a través de su Programa de Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal con S/ 127.345.

Piura

En Piura, el último viernes representantes de esta fiscalía efectuaron una visita inopinada a las sedes y almacenes de las municipalidades distritales de Veintiséis de octubre y El Tallán, con el fin de recabar información y así determinar si existe sobrevaloración de los productos de la canasta familiar básica entregada.

Al mismo tiempo, se abrió una investigación contra el alcalde y el gerente municipal del distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón, por peculado doloso, peculado de uso y colusión conforme a denuncia interpuesta contra ambos funcionarios quienes habrían usado las móviles municipales para llevar las canastas básicas para la población vulnerable y guardarlas en sus casas.

Huanuco

En Huánuco, la fiscalía anticorrupción allanó el último martes la Municipalidad Distrital de Amarilis tras la advertencia de la Contraloría. Esta entidad detectó que las bolsas de víveres repartidas a las familias vulnerables estaban incompletas.

Lambayeque

La Contraloría General de la República dio a conocer que 20 servidores públicos fueron acreedores de las canastas básicas familiares por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Según el organismo, los trabajadores percibieron ingresos mayores a S/ 1.408 del Gobierno Nacional y Regional en abril del 2020 y aun así recibieron los víveres de primera necesidad en el marco de la emergencia por COVID-19 que estaban destinados para la población más vulnerable de bajos recursos económicos.

Ancash

Durante la crisis sanitaria, la procuraduría anticorrupción del Santa ha denunciado a alcaldes y funcionarios por presuntas irregularidades en la compra y entrega de canastas de víveres destinadas a las familias pobres. En total, se han presentado 70 denuncias por delitos de corrupción durante la crisis sanitaria.

El titular de esta entidad, Richard Asmat Urcia, informó que el 98 % de las acusaciones están referidas a presuntas irregularidades que han habrían cometido diversos alcaldes y funcionarios de las municipalidades de las provincias de Casma, Santa, Huarmey, Pallasca y Corongo en el proceso de compra y distribución de las canastas de primera necesidad a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Precisó además que en la mayoría de los casos han detectado sobrevaloración en la adquisición de los insumos alimentarios y direccionamiento de los procesos de compra para favorecer a empresarios.

“Se ha visto sobrevaloración de los alimentos, por ejemplo, han repartido canastas por S/ 80, cuando en la práctica costaban S/50. Hemos detectado direccionamiento de los procesos de compra. Hemos visto que empresas se han cambiado de rubro para vender productos”, declaró Asmat a El Comercio.

La procuraduría anticorrupción también ha presentado ante el Ministerio Público del Santa ocho denuncias contra el Gobierno Regional de Áncash por sospechas de corrupción en la construcción de ambientes y la compra de ambulancias y equipos médicos para la atención de pacientes afectados con el COVID-19 en los hospitales Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote y en La Caleta de Chimbote.

Además, se ha denunciado a los consejeros regionales de Áncash que aprobaron los proyectos de inversión para la remodelación de los ambientes temporales de hospitalización COVID-19 en los establecimientos de salud de la zona costera de Áncash, así como la compra de equipos de protección personal y el mantenimiento de un ascensor en el nosocomio regional Eleazar Guzmán.

No obstante, Asma Urcia cuestionó que de las 70 denuncias en tiempos de pandemia, al menos 8 han pasado a la etapa de investigación preliminar. Señaló que en el caso de las acusaciones contra el Gobierno Regional de Áncash han sido derivadas a la fiscalía de Huaraz.

“La Fiscalía Anticorrupción del Santa no está actuando, tenemos 70 denuncias presentadas y solo han iniciado 8 u 10, y en otros casos ni siquiera se han pronunciado”, dijo.

Arequipa

El primer caso de COVID-19 en Arequipa se detectó el 7 de marzo, dos días después el Ministerio Público de Arequipa envió las primeras exhortaciones al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica para que cumpla con implementar los planes de contingencia y los protocolos de bioseguridad.

En exhortaciones hay más de 60 documentos que fueron remitidos a la gestión de la autoridad regional de parte de distintas fiscalías de prevención del delito, pero estas nunca fueron respondidas. Por ello, el 10 de abril la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito derivó el caso a la fiscalía provincial penal para que inicie las investigaciones penales contra Cáceres Llica y sus funcionarios de confianza por el incumplimiento de sus funciones.

Además de ello, en la fiscalía anticorrupción hay al menos hay siete investigaciones formales por presuntas irregularidades contra la gestión de Cáceres Llica. Entre ellos están los viajes humanitarios realizados por el Gobierno Regional, donde se investiga presunto favorecimiento en la lista de beneficiados y el pago a hoteles que fueron seleccionados sin concurso.

También se investiga la compra de equipamiento para implementar hospitales: se habrían adquirido bombas de infusión y aspiradores por un monto de S/746.350 a una empresa dedicada al rubro de construcción y a precios por encima del mercado. Asimismo, se investiga a la actual gestión por negociación incompatible, por la adquisición de insumos e implementos para el laboratorio regional al primo del congresista Edgar Alarcón Tejada.

Por otro lado, está en curso una investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de obras en el área de emergencia del hospital Goyeneche, destinada a la atención de pacientes COVID-19. Se le investiga también por negociación incompatible, por presuntamente haber favorecido con convenios a empresas que ofrecieron catering a quienes cumplían cuarentena. Por peculado de uso en la ejecución del cementerio COVID-19. Por colusión con una empresa para la adquisición de mascarillas sobrevalorados.

“También está la denuncia del Colegio de Abogados de Arequipa contra el gobernador por homicidio simple, actos funcionales, entre otros. Al margen de las investigaciones, personalmente he intervenido en diversas reuniones en del Gobierno Regional y el Comando COVID, donde personalmente he exhortado al gobernador para que se dé cumplimiento a la labor preventiva que estaban realizando mis fiscales provinciales, pero no hubo mayor respuesta”, indicó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López.

*Con información de colaboradores

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