Familiares de desaparecidos demandan creación de banco de datos genéticos

Los familiares de las personas desaparecidas en el Perú durante la época de violencia siguen luchando contra el tiempo y el olvido. Hoy, frente a varias autoridades, Lidia Flores de Huamán –de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Detenidos del Perú (Anfasep)- alzó su voz para pedir más celeridad en la búsqueda de las víctimas. “Las mamitas de los desaparecidos ya están ancianitas, algunas han fallecido o están enfermas. Ya no pueden buscar a sus hijos, esposos, hermanos. Es por eso que queremos que pronto se encuentren las fosas, que se exhume y también queremos un banco genético para que se les pueda reconocer”, dijo esta madre de familia cuyo esposo fue secuestrado y asesinado hace 34 años.

La historia de Lidia Flores es conmovedora y representativa del horror que vivió nuestro país entre 1980 y el 2000. Según contó esta madre a El Comercio, su esposo era comerciante y se llamaba Felipe Huamán Palomino. Tenía 32 años cuando fue raptado por una patrulla de hombres vestidos de civil. Lo interceptaron cuando caminaba a unos metros de su casa. “Le pidieron documentos. “Aquí nomás vivo”, les respondió él, pero ellos ya no querían nada. Lo llevaron a Cabitos [un cuartel de Huamanga] y no volvió a aparecer”, narró Lidia.

Tras buscar varios días a su esposo, la mujer halló en una quebrada unos restos humanos que habían sido devorados por perros. Como el cuerpo tenía las prendas que usaba su esposo el día de su secuestro, Lidia enterró todo en un lugar que consideraba seguro. Recién en el 2014, 30 años después del crimen, una prueba de ADN le confirmó que el cuerpo pertenecía a Felipe Huamán, su querido esposo y padre de sus cuatro hijos. 

Lidia Flores –quien fue presidenta de Anfasep entre el 2007 y el 2008- sigue ayudando a esta organización como tesorera. Según dice, todos siguen el ejemplo de tenacidad de la fundadora de Anfasep, Angélica Mendoza de Ascarza, también conocida como Mamá Angélica, quien falleció hace casi un año sin conocer el paradero de su hijo secuestrado por militares en 1983.

De acuerdo a las últimas cifras del Gobierno, en el Perú desaparecieron 20.329 personas en los años más crueles del terrorismo. De ellas, más de 19 mil continúan sin rastro. En junio del 2017 se creó en el país la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una entidad adscrita al sector Justicia que tiene como objetivo ayudar a encontrar a estas víctimas. Todo desde un enfoque humanitario, es decir, paralelo a la investigación penal que es encabezada por el Ministerio Público. Hoy, la jefa de esta dirección es la abogada Mónica Barriga Pérez.

-Los avances en la ley de búsqueda-
Esta mañana, representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informaron en un foro sobre los avances en la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La actividad se denominó Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Personas Desaparecidas. 

Isabel Román Cueto, representante de la Fiscalía Superior Penal Nacional y de las Fiscalías Penales Supraprovinciales en los Procesos por Delitos de Terrorismo, señaló, por ejemplo, que en abril del 2017 el Ministerio Público renovó su convenio de cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para fortalecer el laboratorio de genética y biología molecular. Asimismo, resaltó que se ha mejorado las capacidades de los fiscales y forenses en Huamanga (Ayacucho) mediante talleres realizados el año pasado. Según la funcionaria, la mayor parte de la carga procesal por desapariciones proviene de Ayacucho y Huancavelica.

Por su parte, el viceministro de Derechos Humanos del sector Justicia, Daniel Sánchez, destacó que el Gobierno tiene voluntad política para continuar buscando a las víctimas de desapariciones mediante un enfoque humanitario. Según dijo, este enfoque tiene como eje central la reparación emocional de las familias y la participación de ellas en espacios de diálogo. El viceministro se comprometió también a impulsar la base de datos genéticos que solicitan los familiares.

“[La base de datos genéticos] es un instrumento que nos ayudaría muchísimo con la identificación de los restos óseos. Ya se hizo el pedido al Poder Legislativo mediante un proyecto de ley que había sido aprobado por el Ejecutivo. Este tuvo una muy breve discusión en el Congreso que lamentablemente quedó en un cuarto intermedio, es decir, no se aprobó. Pero como es una necesidad, dentro del marco de facultades delegadas estamos evaluando la presentación de un decreto legislativo que permita la creación de esta base de datos”, dijo el viceministro Sánchez.

Por último, Percy Castillo, de la Defensoría del Pueblo, señaló que esta entidad ha presentado una propuesta para agilizar ante el Reniec la inscripción de una solicitud por ausencia por desaparición forzada. Según contó, la Defensoría ha hecho muchos esfuerzos por registrar las desapariciones, pero los casos inscritos en Reniec apenas llegan a 15. Castillo también exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas a demostrar su compromiso político con la reparación de las víctimas disponiendo presupuesto para los organismos que velan por estos temas, como la fiscalía y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia.