Un día después de que el Poder Judicial condenara al expresidente regional César Álvarez, entre otras personas, por el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco, la hija de este, Fiorela, recibió a El Comercio en su casa, en el asentamiento humano Tres de Octubre, en Nuevo Chimbote (Áncash).
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Lo primero que dice Fiorela es que, en este momento, tiene sentimientos encontrados: por un lado, siente que al fin se hizo justicia pero, por el otro, se enfrenta a la dura realidad de que su padre nunca volverá.
“Anoche ha sido una de las noches más largas. En el momento en que escuché la sentencia, me quedé sin palabras. Fueron muchas emociones juntas, me quedé por un momento paralizada por completo. Ha sido muy difícil poder conciliar el sueño porque me venían muchos recuerdos con mi padre”, dice, y su voz por momentos se quiebra.
La noche del 14 de marzo del 2014, Ezequiel Nolasco se encontraba en una bodega en Huacho junto con otras dos personas. Habían pedido dos cervezas. Estaban tranquilos, habían sobreparado en su camino de Lima hacia Chimbote. Fue entonces cuando ingresó un encapuchado, el sicario Christian Cruzate Pereda, alias ‘Colombiano’, le disparó en la cabeza y luego se fugó en una mototaxi. El exconsejero murió en el acto.
Ayer, siete años después del crimen, y en una audiencia virtual, la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria de Crimen Organizado condenó a Álvarez Aguilar, así como a Humberto Arroyo Rojas, exalcalde del Santa y otrora hombre de confianza del expresidente regional. Los halló culpables de la comisión de los delitos de homicidio calificado y de asociación ilícita para delinquir, y les impuso 35 años de cárcel a cada uno.
Según la tesis fiscal, ellos lideraron una organización criminal conformada para obtener ganancias mediante actos de corrupción en obras públicas. Nolasco había denunciado estos hechos, y por ello planearon asesinarlo.
También fueron condenados Christian Cruzate Pereda (35 años de cárcel) y Rubén Moreno Olivo ´Goro´ (29 años tres meses y dos días), entre otras personas.
“He hablado mucho a mi papá que me ayude, que me dé serenidad, tranquilidad y paciencia. Le pedía a Dios que por fin haya justicia para él y para mi hermano”, dice Fiorela. Años antes, en julio del 2010, habían atentado contra Nolasco en su casa. Esa vez lo hirieron, pero su hijo político, Roberto, murió baleado.
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Hasta hace algún tiempo, la vivienda de la familia Nolasco permanecía bajo un fuerte resguardo policial. Fiorela tenía hasta cinco policías de Lima cuidándola y usaba chalecos antibalas. La llamaban al teléfono celular para amenazarla, por lo que constantemente cambiaba de número. El peligro de un atentado en su contra y la de los suyos era latente.
Los días de violencia que se desató en la región Áncash durante el gobierno del expresidente regional César Álvarez parecen lejanos. Pero la situación política aún no es alentadora. Hace unas semanas, el gobernador regional Juan Carlos Morillo fue encarcelado de manera preventiva por supuestos actos de corrupción, y lo sucedió en el cargo el consejero Henry Borja.
Áncash todavía vive la resaca de aquellos días difíciles pero, por lo pronto, la familia Nolasco parece haber encontrado algo de justicia.
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