Corrupción en pleno estado de emergencia: Fiscalía investiga más de 2.122 casos asociados a la pandemia | INFORME

A casi dos años y tres meses de iniciar la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Perú, que ha dejado más de 213 mil fallecidos y 3,5 millones de casos positivos, las fiscalías anticorrupción registran 2.122 investigaciones asociadas a la pandemia, según cifras del Ministerio Público a las que tuvo acceso la Unidad de Datos de El Comercio.

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Las cinco regiones con la mayor cantidad de casos son Ayacucho, Lima, Huánuco, Áncash y Madre de Dios. Solo entre ellas concentran el 49% del total de investigaciones. Según el Ministerio de Salud (Minsa), estas regiones tienen 98.888 fallecidos por Covid-19, lo que corresponde al 46,3% de todos los decesos por esta enfermedad en el país, y 1.784.206 casos positivos, equivalente a casi la mitad de todos los contagios dados.

Fernando Carbone, exviceministro de Salud, sostiene que si bien lamentablemente la corrupción como tal ha canteado en muchos tiempos, en las crisis parece que algunas personas corruptas son más proclives a aprovecharse de la situación. “En general, yo diría que la pandemia fue una oportunidad para que personas sin dignidad, sin ética, sin moral, pensaran en cómo me beneficio en lugar de pensar en los demás”, declara.

Para Carbone, quien lideró la comisión para investigar el caso conocido como ‘Vacunagate’, en el que más de 450 personas, entre ellas altos funcionarios, recibieron de forma irregular dosis de Sinopharm, las cifras del Ministerio Público demuestran que en la emergencia sanitaria se tuvo “héroes, que muchas veces sacrificaron su vida por salvar a otros, y villanos, que se llenaron los bolsillos”.

Según afirma, la gravedad de un acto de corrupción en la pandemia ha sido el aprovechamiento de una tragedia humana (muertes, de personas con graves secuelas, y miles de familias afectadas) lo que significa un agravante.

En general, durante la pandemia se dieron más de 21 mil casos por corrupción en el país. “Todo acto de corrupción merma la confianza de la población. Además, esta es la raíz de todos los problemas de nuestra nación. Perpetúa la pobreza y hace que la pérdida de confianza de la población crezca, pero en crisis el problema se hace más grave”, asegura Carbone.

Dentro de las investigaciones se registra el ‘Vacunagate’, que cuenta con dos expedientes: uno de ellos involucra a Germán Málaga, exlíder del ensayo clínico y otros seis integrantes de la Comisión Multisectorial. Este se encuentra en investigación preliminar. El otro incluye al expresidente Martín Vizcarra, a las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), y aún está en diligencia preliminar.

También se investiga el caso del Club de las Farmaceúticas, un grupo de empresas proveedoras de equipos médicos que, según la hipótesis fiscal, pagaban sobornos a altos funcionarios para que les adjudiquen los contratos que querían. Estas empresas consiguieron que el Seguro Social de Salud (EsSalud) le comprara equipos, en pandemia, durante la gestión de Fiorella Molinelli. El caso continúa en investigación preliminar.

Otros casos registrados incluyen el direccionamiento en la compra de oxígeno medicinal por parte de funcionarios de la Municipalidad de Supe; la sobrevaloración de pruebas rápidas y moleculares adquiridas por Perú Compras para el Instituto Nacional de Salud (INS), o la sobrevaloración de ventiladores mecánicos vendidos a casi el triple de lo ofertado en el mercado. Todos ellos aún se encuentran en diligencias o investigaciones preliminares.

El 67% del total de casos involucra a gobiernos locales y el 52% está relacionado a la dotación de canastas básicas que se entregaron a los más vulnerables. 748 de estos se dieron en el 2020 y algunas ya están en investigación preparatoria.

No obstante, aún hay algunos casos que continúan en preliminares. Entre ellos se encuentra el de la Municipalidad Distrital de San Isidro, donde cinco funcionarios fueron denunciados por haberse beneficiado con los productos. El caso está en investigación preliminar.

Por su lado, aún se encuentra en diligencia preliminar la investigación a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Lagunas, en la provincia de Yurimaguas, donde se direccionó la compra de productos para la canasta en favor de una empresa.

El 85% de las investigaciones tiene diligencias preliminares iniciadas y solo 3,3% investigación formalizada, pese a que algunas se iniciaron en el 2020.

Roberto Noriega, abogado penalista de Estudio Linares, explica que el plazo para las diligencias preliminares estipulado en el código procesal penal es de 60 días, que puede extenderse a 60 días más. Si bien, el fiscal puede fijar un plazo distinto, según las características y circunstancias de los hechos, este ha sido delimitado gracias a resoluciones casatorias emitidas por la Sala Suprema.

Según afirma, estas resoluciones señalan que se trasladan tiempos de la investigación preparatoria a las preliminares. Es decir, la investigación preparatoria demora 120 días y es posible prorrogarla por 60 días más. Si esta se declara compleja el plazo llegaría a los ocho meses, y si se considera como crimen organizado llega hasta 36 meses. “Estos son casos de corrupción, por lo que deben tener una investigación de ocho meses, ya que se consideran complejos. Y podrían estarse viendo como crimen organizado para tener los 36 meses”, señala Noriega.

Fernando Carbone considera que fiscales, jueces, congresistas, políticos, y todos aquellos que tienen que imponer sanciones deben entender que si no se hace rápidamente justicia en materia de corrupción se está hipotecando el futuro del país. “Nadie va a creer ni en los poderes del estado, ni en la democracia, si se perpetúa la impunidad frente a cualquier forma de corrupción, no solo las vistas en pandemia”, afirma.

Sin embargo, Carbone manifiesta que los procesos por las irregularidades durante la emergencia sanitaria deberían ser mirados con agravante. “Se debe ir más allá de la pena que la ley le da a cualquier acto de corrupción en otro tiempo”, expresa.

La mayoría de casos son por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Este se da cuando el funcionario o servidor público, en forma directa o indirecta o por actos simulados, se interesa indebidamente por cualquier contrato u operación, en provecho propio. Según Roberto Noriega, en este caso se pueden dar de cuatro a seis años de pena privativa de la libertad, e inhabilitación.

A la negociación incompatible le siguen el peculado, la colusión y el cohecho. Noriega explica que la pena varía según la modalidad del delito. Por ejemplo, la colusión simple, concertación entre el privado y el púbico para defraudar al estado, tiene una pena que va de los tres a los seis años de prisión; mientras que en la colusión agravada, cuando también hay concertación entre el privado y el púbico, pero sí se llega a defraudar al estado, se puedan dar de seis a 15 años de prisión.

En el caso del cohecho, que es el soborno o la dádiva, el que acepta el dinero tendrá de cinco a ocho años de pena privativa de la libertad, mientras que el que lo solicita, de seis a ocho años.

Noriega explica también que los funcionarios que se beneficiaron del dinero o de los productos de las canastas básicas Covid-19 incluso podrían ser acusados de enriquecimiento ilícito, dado que abusando de su cargo pudieron haber incrementado su patrimonio con estas canastas. En este caso la pena sería no menor de cinco y no mayor de 10 años. Si fuera un directivo, entonces estaría entre los diez a los 15 años.

Por su lado, la Contraloría General de la República ha emitido 16.026 informes de control relacionados a la emergencia sanitaria. La mayoría de casos se dieron en el 2020, más de 11 mil, según registro del máximo órgano de control.

Al igual que lo hallado en los registros del Ministerio Público, son los gobiernos locales los que tienen la mayor incidencia de informes: 62%, lo que corresponde a 9.956 casos. La mayoría de irregularidades también se dieron en la entrega de canastas básicas para poblaciones vulnerables.

Además, se han realizado informes por irregularidades relacionadas con almacenamiento y distribución de vacunas; hospitales y centros de salud; EsSalud y el Minsa.

Las cinco regiones con más informes emitidos son Lima, Áncash, Cusco, Cajamarca y Puno. Entre ellas concentran el 46% de casos detectados.