El atentado que sufrieron ocho fiscalizadores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay (Apurímac), ocasionó el lamentable fallecimiento de Rony Revilla Bravo. La mortal emboscada ha exacerbado la indignación de los gremios de trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quienes se sienten indefensos y desatendidos al realizar sus labores.
Por ello, los integrantes de cinco sindicatos del sector se reunieron ayer desde las 7 a.m. frente a la sede principal del ministerio para solicitar una mesa de diálogo con el ministro Raúl Pérez Reyes. Estas asociaciones representan a grupos de trabajadores de la Sutran, ATU, Pronatel, Provías y el propio MTC. El documento dirigido a Pérez Reyes denuncia que se encuentran en “paupérrimas condiciones laborales”.
“Solo por cumplir nuestra labor, los fiscalizadores estamos expuestos a sufrir insultos, agresiones o ser atropellados por conductores formales e informales. Las mafias de transportistas nos atacan cuando no hay presencia policial. Están al acecho continuamente”, advierte Walter de la Cruz, secretario general del Sindicato Trabajadores de Sutran (Sintrasut) que cuenta con aproximadamente 150 miembros.
“La presencia policial cuando realizamos nuestra labor disuade los ataques contra los fiscalizadores. El ministro [Péres Reyes] debe reforzar los convenios entre la Sutran y la Policía para que los efectivos acompañen constantemente a los fiscalizadores antes, durante y después del operativo”, agrega.
El ministro Pérez Reyes conversó brevemente con los secretarios de los sindicatos en el patio de la sede del MTC a las 9 a.m. El funcionario prometió que se reunirá con ellos para dialogar sobre diferentes puntos, siendo el primordial la prevención y seguridad de los trabajadores.
“Se instalará una mesa de trabajo, conformada por funcionarios representantes de las entidades del sector transportes y representantes de los servidores y servidoras, con la finalidad de conocer los pedidos presentados y evaluar las acciones a adoptar para la solución de los casos que se presenten”, indicó el MTC a el El Comercio.
¿Qué exigen los fiscalizadores de Sutran?
“Las condiciones de los fiscalizadores en las regiones son deficientes”, asevera Walter de la Cruz. “En las capacitaciones, nos indican que nuestro seguro solo nos protege durante las labores de campo. Es decir, no aplica durante el trayecto de ida y vuelta luego un operativo. El atentado que acabó con la vida de Ronny [Revilla] ocurrió cuando él y sus compañeros retornaban al punto de control luego de un operativo”, reclama.
En comunicación con El Comercio, la Sutran respondió que todos los trabajadores de la entidad cuentan con el seguro obligatorio de EsSalud y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
Por otra parte, De la Cruz indica que el mes pasado los fiscalizadores recibieron uniformes incompletos luego de dos años sin entregas de indumentaria. “Debemos tener pantalones, polos y chalecos; todos con cintas retroreflectivas. También, necesitamos botas que sean adecuadas para el trabajo de campo. Hasta el momento, solo han repartido cascos y casacas polares, cuando ya pasó la temporada de invierno”, narra. El secretario del Sintrasut pide que los fiscalizadores reciban uniformes de acuerdo a las condiciones climáticas de la región en la que laboren.
La Sutran respondió a este Diario que a la fecha han “entregado la totalidad de la indumentaria a los inspectores a nivel nacional, con excepción de los chalecos institucionales, cuya entrega está al 70% y culminará en las próximas semanas”.
Uno de los reclamos principales del gremio de trabajadores del Sutran es la renuncia de los directivos del organismo. En esto coinciden De La Cruz y Henry Araujo, secretario del Sindicato Nacional Único de Trabajadores de Sutran (Sinut-Sutran), asociación que reúne a 500 trabajadores; Rony Revilla pertenecía a esta asociación.
Araujo y De la Cruz señalan a William Rodríguez, superintendente de Sutran; Violeta Reyna, gerente general; Antonio Carranza, gerente de la Gerencia de Articulación Territorial (GAT) —área a cargo de la fiscalización en campo—; y Segundo Chávez Figueroa, jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
“Hemos exigido su renuncia por el mal manejo de la organización. El atentado ha ocurrido por un mal trabajo de la GAT”, declara Araujo. “Estos dirigentes han demostrado desidia hacia nosotros. Ya que no hay voz ni eco con ellos, queremos que el ministro nos atienda”, afirma De La Cruz.
Por otro lado, en declaraciones a TVPerú Noticias el jueves pasado, el ministro Pérez Reyes dijo que se tiene previsto la contratación de personal de seguridad para que junto con la Policía acompañen a los inspectores en sus desplazamientos.
Al respecto, Araujo y De la Cruz y coinciden en que esta propuesta es inoportuna. El Sinut-Sutran considera que este sería un gasto innecesario. Por su parte, De la Cruz argumentó que el personal de seguridad contratado se vería limitado, porque “solo los policías tienen autoridad y competencias para realizar intervenciones vehiculares, detener a personas y mantener la seguridad pública”.