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Entre 2019 y octubre del 2021, 18 gobernadores regionales han sido investigados, detenidos o sentenciados por delitos como colusión, peculado, cohecho, falsedad ideológica y genérica, homicidio culposo, entre otros.
Solo tres se encuentran en prisión preventiva. En enero, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash ratificó la prisión preventiva a Juan Carlos Morillo Ulloa, gobernador de Áncash, quien fue detenido por presunto delito de colusión. Un mes después, ingresó a prisión Anselmo Lozano Centurión, gobernador de Lambayeque, acusado de cometer presuntos delitos de colusión, cohecho y organización criminal.
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El caso más reciente es el de Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, quien fue detenido el pasado 23 de octubre, junto a otros nueve funcionarios de este gobierno, por presuntamente integrar una organización criminal involucrada en delitos de colusión, peculado, cohecho activo y pasivo. Esta orden de detención preliminar comprende también a siete funcionarios más.
Por su parte, Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho, quien afronta una investigación por nombramiento o aceptación indebida de cargo, señaló a este Diario que desconocía que el funcionario en cuestión tenía impedimento para trabajar en el Estado. Este firmó una declaración jurada antes de ser designado, en la que da cuenta que no está inhabilitado.
Rúa, quien también es presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, recalcó que los gobernadores y los funcionarios siempre están sujetos a ser investigados. “Hay que dejar la independencia al Poder Judicial y a la fiscalía para que hagan su trabajo y se sancione a las personas responsables”, afirmó.
Funcionarios investigados
El gobierno regional de Arequipa no es el único en el que tanto el gobernados como sus funcionarios han sido implicados en investigaciones fiscales por corrupción. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio identificó que al menos 52 funcionarios de ocho gobiernos regionales son investigados por direccionamiento de compras, contrataciones irregulares, tráfico de influencias, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, organización criminal y violación de medidas sanitarias durante la pandemia.
El 65% de ellos aún ocupa su cargo como vicegobernador, gerente general, gerente de área, jefe de oficina, jefe de unidad, concejero regional, entre otros, de los gobiernos de Cusco, Puno, Piura, Ucayali, Lima y Apurímac.
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Para el exprocurador Luis Vargas Valdivia, la situación de los gobiernos regionales revela la falta de control preventivo. La Contraloría General de la República no cuenta con la infraestructura, capacidad ni logística para actuar a nivel nacional, lo que ocasiona que “las autoridades de los gobiernos regionales, no todas, pero sí un número preocupante, hagan un festín respecto del manejo de los fondos públicos”.
El experto también explica que otro factor para que se dé esta situación es que proceso de regionalización no se implementó de manera adecuada.”No hay un proceso de regionalización serio, con autoridades que sean conscientes de sus funciones y que además respondan a los intereses del pueblo, porque vemos que gente que domicilia en una región termina postulando y siendo elegido en otras regiones”, cuestionó.
Entre 2019 y octubre del 2021, 18 gobernadores regionales han sido investigados, detenidos o sentenciados por delitos como colusión, peculado, cohecho, falsedad ideológica y genérica, homicidio culposo, entre otros.
Entre 2019 y octubre del 2021, 18 gobernadores regionales han sido investigados, detenidos o sentenciados por delitos como colusión, peculado, cohecho, falsedad ideológica y genérica, homicidio culposo, entre otros.
Entre 2019 y octubre del 2021, 18 gobernadores regionales han sido investigados, detenidos o sentenciados por delitos como colusión, peculado, cohecho, falsedad ideológica y genérica, homicidio culposo, entre otros.
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