El narcotráfico y la producción de cocaína sigue imparable en el Perú. La Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos de Norteamérica (ONDCP), adscrita a la Casa Blanca, reveló el último viernes que en el 2020 se cultivaron 88.200 hectáreas de coca en el país. Esta cifra superó la cantidad de hectáreas cultivadas del 2019: 72,000. La mayor cantidad de esas plantaciones terminaron convertidas en cocaína.
El organismo internacional también precisó en su informe que la producción potencial de cocaína pasó de 649 toneladas métricas en el 2019 a 810 toneladas métricas en el 2020. Es decir, ni la pandemia del COVID-19 impidió que el narcotráfico siga produciendo droga y sacándola a los mercados internacionales.
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Tras conocerse este informe, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) afirmó que estos resultados obtenidos bajo la metodología del organismo de la Casa Blanca no precisa la diferencia de la hoja de coca lícita usada para fines tradicionales e industriales (cerca de 12,000 tm en el 2019) de aquella que se destina a la producción de droga. Devida también aclara que el informe no contabiliza las 4,842 hectáreas erradicadas en el último trimestre del 2020.
De todos modos, aun considerando estas dos precisiones de Devida, hay un notorio incremento en los cultivos ilegales de coca y, por lógica consecuencia, en la producción de cocaína. ¿Por qué se elevó la cifra de producción de droga en el Perú? Para responder a esta pregunta, El Comercio entrevistó a Frank Casas Sulca, director de Asuntos Técnicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida); a Rubén Vargas, exministro del Interior y jefe de Devida; y al especialista el temas de narcotráfico Pedro Yaranga.
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Aumento del consumo de drogas cocaínicas en el mundo
Una primera razón tiene que ver con un factor externo. Es el aumento del consumo de drogas cocaínicas en varias partes del mundo. Según el informe mundial de las Naciones Unidas de 1998, el número de consumidores de drogas cocaínicas era de 14 millones. Este número se elevó este año (también de acuerdo el reporte de Naciones Unidas) a cerca de 20 millones de consumidores en el 2020.
De acuerdo con los entrevistados, debido a esta demanda existe una mayor presión del mercado ilícito hacia los países productores de coca como Perú, Bolivia y Colombia. En este último país, la cantidad de hectáreas cultivas y la producción probable de cocaína también se ha elevado. Del 2019 al 2020, pasaron de 212 mil hectáreas a 245 mil, mientras que en producción potencial de cocaína registraron un incremento de 936 a 1.010 toneladas métricas.
Frank Casas Sulca, director de Asuntos Técnicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), explicó que el informe de la ONDCP evidencia un claro crecimiento de cultivos de coca no solo en Perú sino en la región andina.
Este fenómeno, aseguró, solo puede ser explicado por la fuerza de la demanda externa de cocaína, “una demanda que se mantiene muy alta, que persiste, que no ha dejado de crecer y de presionar”.
Por más que se erradiquen los cultivos de hoja de coca, esto va a ir variando en función de satisfacer esa demanda. Es un punto relevante para el análisis. No podemos desvincularnos de esta presión externa, acotó el funcionario.
El exministro del Interior Rubén Varga (también exjefe de Devida) dijo, muy enfático, que “el crecimiento de los cultivos de coca en Perú y en los demás países productores no es consecuencia de las políticas antidrogas sino que tiene relación con el aumento del consumo de drogas cocaínicas en mercados internacionales”
Agregó: “Si esta tendencia sigue creciendo, lamentablemente, esa presión por hoja de coca y cocaína va a ser difícil detenerla solo con programas de desarrollo alternativo, porque aun cuando el agricultor acepte sembrar café, palma o lo que fuera, si hay una fuerte demanda de hoja de coca y cocaína, esa persona se va a dedicar a ambas cosas”.
Es importante, dijo Vargas, seguir exigiendo una responsabilidad compartida a los países que tienen problemas de consumo de drogas. “Ellos tienen que asumir su responsabilidad no como una cooperación, como un tema humanitario o como una contribución. Sus políticas de prevención no están funcionando y eso genera consecuencias en los países productores”.
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La pandemia del COVID-19 y sus efectos en la lucha contra el narcotráfico
El otro punto que ha influido en este crecimiento notorio en la producción de cocaína está relacionado con el impacto de la pandemia en varias dimensiones: la lucha policial y militar contra esta actividad ilícita, temas presupuestales y la suspensión de las actividades de erradicación en zonas cocaleras.
Pedro Yaranga, especialista en estos temas, explicó que durante la cuarentena total de la primera ola de la pandemia hubo trasiegos mínimos de droga que había quedado guardada y los terrenos cultivados con coca fueron abandonados por los jornaleros que retornaron a sus pueblos. Sin embargo, con la reactivación económica (se abrieron las carreteras, los puertos y aeropuertos), estas personas retornaron a las zonas cocaleras y “el narcotráfico se reactivó más que cualquier otra actividad”.
Esto ha ocurrido sobre todo en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y con especial énfasis en el distrito de Vizcatán del Ene, donde la noche del 23 de mayo último 16 personas fueron asesinadas por una columna terrorista del Militarizado Partido Comunista del Perú, integrado por remanentes de Sendero Luminoso y narcotraficantes.
Sin embargo, Yaranga consideró que, más allá de la pandemia, en los últimos cinco años se ha descuidado “tremendamente” la lucha contra el narcotráfico debido, entre otras cosas, a la inestabilidad política y las pugnas por el poder. “El trabajo de los grupos especializados se ha debilitado mucho. Para las interdicciones de las narcoavionetas, tenemos un solo radar en Puerto Maldonado, pero está obsoleta y generalmente anda malogrado. Así es imposible”, criticó.
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Actividades de erradicación se suspendieron
Casas Sulca, de Devida, explicó que los trabajos de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca se paralizaron por la cuarentena de la primera ola que empezó a mediados de marzo del 2020.
En ese año, precisó, se han erradicado 6.273 hectáreas con plantaciones ilegales de coca en Huánuco, San Martín y Ucayali. Ninguna hectárea fue erradicada en el Vraem. La meta anual era de 25 mil hectáreas. Las primeras mil se lograron antes de la cuarentena y el resto desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre.
Este año la situación también está complicada y posiblemente no se logre la meta anual. Hasta ahora se han erradicado entre 700 y 800 hectáreas, principalmente, en la zona de Aguaytía (Ucayali). Sin embargo, otra vez, por la segunda ola, la erradicación se suspendió. Según Casas, el Ministerio del Interior está gestionando la vacunación del personal del Proyecto Especial Corah para retomar actividades.
Los que no pararon fueron los proyectos de desarrollo alternativo, es decir, que los agricultores de las zonas cocaleras sustituyan sus plantaciones de coca por otros productos como el café, la palma aceitera, el cacao, etc. Según Casas, estas acciones han permitido que más de 40 mil productores alineados al desarrollo alternativo reciban ingresos por 30 millones con el comercio de sus productos.
Para Vargas, la crisis económica que vive el país, en especial las zonas de mayor pobreza rural, es otra variable que va a incentivar un mayor cultivo ilegal de coca. “El campesino está empezando a voltear la mirada hacia las economías ilegales. Por es importante seguir trabajando en las zonas donde se avanzó. El combate del narcotráfico requiere estrategias integrales que incluyan la erradicación, programas alternativos, interdicción de narcoavionetas, lucha contra insumos químicos e insistir en que los países con problemas de consumo asuman su responsabilidad”, finalizó.
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