En diciembre del 2014, la franja que dividía la orilla del cuerpo de agua de la Huacachina, uno de los tres emblemas de la región Ica, media 10 metros de ancho. El agua, debido a la erosión y a la falta de afluentes, se estaba secando y ningún plan millonario, elaborado por los ministerios de Cultura, Ambiente y el propio Gobierno Regional parecía ponerle un alto a la catástrofe.
Cuando todas las esperanzas parecían perdidas, un grupo de 10 empresarios, liderados por el algodonero Pancho Massa, propusieron construir un tubo que bombee agua, desde una chacra inundada cercana (Rincon Grande). El bombeo empezó el 2 de abril y desde entonces se echaron 73 mil ³ de agua a la laguna. Ello elevó en 2.5 m. su profundidad.
“La iniciativa me pareció excelente, y sobre todo barata. Todas las ofertas hasta entonces me hablaban de millones de estudios, de permisos. Quedé horrorizado con lo que se demora el Estado en hacer una obra”, aseveró el gobernador Fernando Cillóniz a El Comercio.
Ni siquiera la denuncia por presunta contaminación ambiental, entablada por el Ministerio Público, parece desanimar al gobernador ni a los ‘Oasis’.
ANÁLISIS PENDIENTE
Julio Salas Cruces, de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica, es quien tiene en la mira el bombeo de agua a la Huacachina. No se trata de un tema personal, aclara el funcionario, sino de un cumplimiento de funciones encargadas por la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“La Dirección Regional de Salud halló coliformes fecales en las aguas bombeadas. Dialogamos con los representantes para que cesen este bombeo de modo preventivo. Como no lo han hecho, se ha pedido que se haga un análisis de muestras. Este aún está pendiente”, dijo.
El bombeo culminó el pasado 5 de mayo, cuando el Río Ica dejó de llevar agua al valle. Según Cillóniz, la Autoridad Autónoma del Agua (ANA) recién les emitió el permiso respectivo. Este Diario buscó a la citada autoridad para verificar la acreditación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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