Ica: contraloría investiga a 325 funcionarios por faltas graves

La Contraloría General de la República investiga y procesa a 325 funcionarios en la región Ica por presuntas faltas administrativas graves y muy graves. De ser responsables, estas personas podrían quedar inhabilitadas hasta por 5 años para trabajar en el Estado.

En tal sentido, el contralor de la República, Fuad Khoury, reveló que se han encontrado presuntas irregularidades en las municipalidades provinciales de Pisco, Ica, Chincha y Parinacochas, entre otras entidades.

El contralor informó que también se hallaron presuntas irregularidades en el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital San José de Chincha", ejecutado por el gobierno regional, donde se invirtieron S/.37.5 millones.

Detalló que en este caso los ex funcionarios del gobierno regional habrían dado la conformidad al contrato suscrito, pese a que el ganador de la buena pro no presentó toda la documentación requerida y se aceptó una garantía emitida por una empresa que no estaba bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Otro caso importante está referido a la Municipalidad de Marcona, donde se detectó que ex funcionarios ediles habrían favorecido indebidamente al postor en el proceso de selección para la contratación y ejecución de la “Ampliación y mejoramiento del Estadio Municipal de Marcona” que involucra un monto de S/.9.6 millones.

CONTROL INSTITUCIONAL PASÓ A LA CONTRALORÍA

Asimismo el presidente del gobierno regional de Ica, Fernando Cillóniz, entregó al contralor general, Fuad Khoury, el manejo del Órgano de Control Institucional (OCI), que está encargado de la labor de fiscalización interna de los bienes y recursos públicos que maneja la entidad.

Esta decisión histórica fue adoptada luego de que ambas entidades suscribieran el “Pacto por la Integridad”. Así, el gobierno regional de Ica efectuará la transferencia presupuestal que asegure los recursos económicos necesarios para fortalecer el OCI y creará las condiciones necesarias para garantizar la independencia del control gubernamental.