Ica: policía desbloquea carretera de acceso a mina Cerro Lindo

Un día después de que la minera Nexa Perú anunciara la suspensión de actividades de su Unidad Minera Cerro Lindo, en Ica, la Policía Nacional desbloqueó la vía de acceso que había sido tomada por un grupo de personas desde el pasado 8 de diciembre.

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El ministro del Interior, Avellino Guillén, informó que el operativo no dejó heridos ni daños personales porque se realizó sin utilizar armas letales ni uso excesivo de la fuerza. Según dijo, eso como parte de política institucional de “respetar la integridad de las personas que están protestando”.

“Tomamos en cuenta que el bloqueo de carreteras es una conducta de carácter penal que está sancionado por el Código Penal [...] La operación policial tuvo presencia de fiscales, donde se ha respetado la integridad de las personas. No hay costo social, no hay daño. Hay dos personas intervenidas por la policía y puestas a disposición de la autoridad”, dijo en conferencia de prensa. Sin embargo, Correo Ica reporta siete intervenidos que fueron llevados a la comisaría de Pueblo Nuevo y posteriormente trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal para quedar a disposición del fiscal de turno.

En el operativo participaron unos 200 agentes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, quienes retiraron al grupo de manifestantes ubicados en el kilómetro 57 de la vía que conduce al distrito de Chavín, Chincha.

Según el presidente de la Comunidad Campesina de Chavín, Raúl Vilcamiza, se trataba de una protesta que no había sido acordada por la asamblea general de la comunidad y con participantes que buscaban un beneficio particular.

—Conflictos en aumento—

De acuerdo con el último reporte de la Defensora del Pueblo (DP), hasta noviembre se contaban 199 conflictos sociales en el país, 147 de ellos en estado activo y 52 latentes. Cuatro de ellos son nuevos. La mayoría de conflictos son de tipo socioambiental y de estos, el 65.6% (84 casos) están relacionados a la actividad minera.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la DP, considera que hay tres elementos que, aunque se trate de conflictos elevados, han hecho que se estén incrementando en número e intensidad: la inestabilidad política, expectativas sociales elevadas “especialmente aquellos que favorecieron con su voto al presidente Pedro Castillo” y la profundización de brechas sociales por la pandemia.

“En un momento hemos tenido hasta en 9 lugares en simultáneo medidas de fuerza con incluso ataques a la propiedad privada”, dijo a El Comercio.

Por ello señala que se han solicitado al Gobierno una intervención especializada y de profundidad, principalmente en el Corredor Minero y la Amazonía, donde se establezca un grupo de trabajo de carácter permanente que tenga interlocución fluida con todos los actores.

En Chumbivilcas, por ejemplo, indica que el MTC no avanza con suficiente rapidez el saneamiento de la carretera. “Son 44 comunidades y recién están en el primer tramo en 4 o 5 comunidades. En esa zona no hay una posición en contra del diálogo ni de la actividad minera, hay varios reclamos que tienen que ver con la contaminación por polvo, las compensaciones económicas por el uso de la carretera y unos acuerdo previos pendientes”, dice.

En el caso específico de Nexa, Luque señala que la intervención en Ica no ha traído mayores consecuencias porque la protesta estaba deslegitimada ya que la asamblea de la comunidad no reconocía al grupo como actores representativos de sus intereses.

“No estamos en la misma situación que el corredor minero, donde las comunidades están muy compactadas y hay experiencia de años en los que las comunidades han repetido una y otra vez el bloqueo. Frente a eso la Defensoría respalda y defiende el derecho de protesta, especialmente en comunidades alejadas para las que es difícil hacer llegar sus mensajes a las autoridades, pero ese derecho debe estar enlazado en acciones pacíficas. Bloquear la cartera de forma pasajera no es un acto ilegal. Siempre en el Centro de Lima hay grupos de personas que interrumpen el tráfico, pero no tienen intención de permanecer en la vía y perjudicar de manera continua los intereses y derechos de otras personas. Es distinto en el caso del bloqueo del corredor minero porque sí hay perjuicio y es un acto ilegal”, explica.

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