Infraestructura: la gran brecha que no se cerraría al 2021

El Perú no llegaría al bicentenario con una infraestructura que le permita convertirse en un país competitivo en el mundo. La Contraloría General de la República informó ayer que la brecha en infraestructura de los sectores transporte, salud, educación y saneamiento –calculada en casi S/280 mil millones– no se cerraría en el 2021, como se había previsto.

Déficit importante

En su estudio “Efectividad de la inversión pública a nivel regional y local”, la contraloría proyectó tres escenarios (optimista, moderado y pesimista) sobre el tiempo que tomaría cerrar la brecha en infraestructura.

El sector que requiere una mayor inversión es transportes (S/101 mil millones); en el peor escenario se alcanzaría al 2024. La brecha responde a que aún no se ha pavimentado el 90% de la red vial departamental (carreteras que conectan las capitales de regiones con las de provincias). Ayacucho, Ucayali, Huancavelica y Apurímac tienen el 100% de caminos regionales no asfaltados.

Otro sector que requiere ser priorizado es salud, cuya brecha asciende a S/60 mil millones. El indicador con el que esta se determina es el número de camas de hospital por cada 10 mil habitantes: 15. El promedio recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 27. Con ese indicador se estima cuán fortalecida está la cobertura en el segundo nivel de atención médica y cuántos hospitales o centros de salud se requieren para cubrir la demanda. La contraloría proyecta que, en un escenario pesimista, la brecha del sector salud se cerraría al 2050.

Razones de peso

La razón principal por la que no se cerraría la brecha al 2021 es la ineficiente gestión de los proyectos de inversión pública por parte de las entidades competentes, según el informe.

Por ejemplo, se ha calculado que el 37% de los proyectos viables no recibió recursos de los gobiernos regionales y locales, y que el 41% de los proyectos fue ejecutado recién un año después de obtener la viabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, la modalidad de ejecución más empleada por las autoridades es la contratación directa (36% del presupuesto destinado a inversiones), es decir, sin necesidad de realizar un proceso de selección. 

Los casos de corrupción en las adjudicaciones directas han generado un sobrecosto en las obras, que entre el 2009 y el 2014 representó casi S/7 mil millones de gasto adicional para el Estado.

“Se deben retomar las evaluaciones a los gobiernos regionales y locales para elaborar un ránking de desempeño en la inversión. Así se podrá determinar cuáles son las brechas que requieren un cierre prioritario en los próximos años”, explicó el contralor Fuad Khoury tras la presentación del informe.