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José Carlos Requena

Un saldo innegable de la huelga docente es el regreso a las portadas del Movadef. Las alarmas se encienden por el endose de algunos maestros para la inscripción electoral del grupo, lo que posibilitaría su formalización política.

Justificadamente, la preocupación se extiende a quienes lideran la actividad productiva del país. Recientes informes sobre la actividad de grupos radicales en el corredor minero del sur o en la zona de Tía María hacen que, con gran ligereza, se ponga en el mismo saco a ambientalistas conocidos y a operadores de añoranzas senderistas.

El Ministerio del Interior ha contribuido con su cuota para encender la alerta. Un informe publicado el 27 de agosto en El Comercio señala que más de treinta organizaciones ligadas a Sendero Luminoso operan en el país. Uno de los peligrosos grupos sería el formado por las llamadas catorce zonas, de gran actividad en la oposición a la llamada ley ‘pulpín’.

Pero podríamos estar frente a información precaria, que no distingue radicales de escritorio y protestas de terroristas listos a tomar el fusil. La precariedad radica en un punto fundamental: la ausencia de un sólido servicio de inteligencia en el país.

Desde el 2001, las centrales de inteligencia, bajo distintas denominaciones (Consejo Nacional de Inteligencia o Dirección Nacional de Inteligencia), han sido encabezadas por 14 personas, entre profesionales civiles y miembros de las fuerzas de seguridad en situación de retiro. Además, se han dado una excesiva rotación de personal y recurrentes pugnas en el interior de las entidades de inteligencia, así como celos entre las agencias de la policía y las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Tras la caída del fujimorato, y dado el peso que tuvo el poder paralelo del SIN en los años noventa, se sucumbió al temor. Se prefirió maniatar al aparato de inteligencia. Así, se privó a la democracia peruana de un sistema de inteligencia confiable, lo que permitió el manoseo de las actividades, con ilegales operaciones de seguimiento sin otra finalidad que el amedrentamiento. Como consecuencia, se ha propiciado también la privatización de la inteligencia, con dudosos fines.

La sociedad en su conjunto debería interesarse por relanzar el rol de un servicio de inteligencia, alejándose de las fantasías que suelen darse cuando la intranquilidad social apremia.

El Perú es un amplio espacio geográfico donde la actividad de grupos hostiles a la democracia es perfectamente posible. Es necesario un aparato de inteligencia que, manteniendo una escrupulosa rendición de cuentas, despeje los nubarrones que amenazan la convivencia pacífica y el bienestar económico, y dote al liderazgo nacional de una herramienta útil al desarrollo. Que la inteligencia artificial llegue a su fin.

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