Junín: capturan a clan dedicado a la tala y comercio ilegal de madera [FOTOS]

Desde hace tres años una familia entera se ha dedicado no solo a la depredación de árboles, sino a la comercialización ilegal de madera, en Satipo, Junín. La organización criminal denominada 'Los Castores de la Selva Central' estaba integrada, además, por tres funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

En una operación conjunta, la policía y la fiscalía lograron detener a 17 integrantes de esta banda delictiva de manera simultánea en Satipo, San Martín de Pangoa, Pichanaki, San Ramón, Coronel Portillo, Atalaya, Unión Junín y Lima. 

Según la policía, el clan funcionaba bajo la fachada de una empresa tipo aserradero de nombre 'Negocios y Maderas Bottpor', dirigida por Dorti Nélida Porras Anchiraico de Bottger, conocida como 'Doncella'. Para depredar los bosques se valía de documentación falsa que conseguía a través de cómplices en Serfor.

Incluso, en una zona denominada Quirishari en Ucayali, a ocho horas de Satipo, la banda tenía un campamento para la extracción ilegal de madera. Para ello contaban con 15 operarios y diversas maquinarias.

La organización contaba con un coordinador del transporte, un supervisor del mantenimiento de los vehículos, un administrador del aserradero, un maderero, un contador, un tramitador, choferes y un encargado de realizar los pagos a las autoridades públicas.

Entre sus filas, además, figuran tres empleados de Serfor identificados como José Luis Crispín Llanco, ‘El Saltón’, administrador general de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Selva Central del Serfor; junto con los consultores Jim Rodríguez Franchini, ‘Trucha’, y José Antonio Quisocala Canchaya, ‘Bocón’.

Así trabajaban
Según las investigaciones policiales, ‘Doncella’ había establecido vínculos con los trabajadores del Serfor y de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Ucayali, quienes se encargaban de otorgarle los permisos de extracción forestal, burlándose de las leyes en materia de protección ambiental.

El proceso consistía en darle legalidad a la información contemplada en los Planes Operativos Anuales para la concesión de permisos de extracción, a sabiendas de que la referida documentación era irregular, lo que era pasado por alto durante las inspecciones de control.

Para ‘blanquear’ la madera de procedencia ilícita, engañaban a los verdaderos propietarios de las áreas de extracción. Primero eran inducidos al error, prometiéndoles supuestas compras de productos maderables que existían en sus terrenos. Luego, suscribían supuestas “cartas poder”, para que a su nombre los integrantes del clan realicen trámites administrativos ante las autoridades forestales responsables de emitir las autorizaciones.

En la operación denominada 'Granizada 2017' participaron agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), así como 240 policías y 25 fiscales especializados en crimen organizado. Se allanaron 21 inmuebles y se logró la incautación de 9 vehículos.