“Perdí a 13 familiares en un bus que cayó al abismo y ni la empresa se acercó”

En la casa de Gysela Luján todo se ha vuelto silencio. Sus teléfonos no suenan, el WhatsApp ya casi no recibe mensajes. Esta mujer de 38 años perdió a gran parte de su familia el pasado 12 de noviembre en un profundo abismo en la provincia de Otuzco, La Libertad.

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Ocurrió cerca de las 3:00 a.m., cuando un bus de la empresa Ibatursa que hacía la ruta Callancas-Trujillo se desbarrancó, lo que causó la muerte de 19 personas y dejó más de 20 heridos. Entre los fallecidos estaban su hermana, sus tres sobrinos, tres primos y seis tíos directos.

El vehículo de placa T3A-952 trasladaba a los invitados de una fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen. Gysela decidió quedarse más tiempo en la celebración y no subió a esa unidad.

“Ya cerca de las seis de la mañana mi hermano nos escribe al grupo de WhatsApp y nos dice: ‘Carajo, se murió la negra’. Porque así la llamábamos. A mi hermana y a su hija igual. Nuestras negritas habían muerto. No sabes qué dolor sentíamos en ese momento. Era horrible. Sentir que mi hermana… a quien no le dolía nada, las dos, sanas se fueron a morir”, lamenta Gysela.

Días después del siniestro, una fuente de la fiscalía aseguró que fue la negligencia e imprudencia del conductor lo que causó la caída del vehículo. El factor predominante fue la acción del chofer al desplazar su unidad a una velocidad que resultó mayor de la razonable. La gerenta regional de Transportes, Edith Chuco, según citó un diario local, dijo que la capacidad del bus era de 30 personas. Sin embargo, llevaba a 44.

Entre los fallecidos estaba la policía Sheyla Amaya Rodríguez, prima de Gysela, quien trabajaba en el área de inteligencia de la Policía Nacional.

Lo que más le duele a Gysela es que ni la empresa ni ninguna autoridad se han contactado con su familia. “Ni un arreglo floral ni un pésame. Perdí a 13 familiares en ese bus que cayó al abismo y ni la empresa se me acercó”.

Los sobrevivientes y testigos indican que los pasajeros del bus –muchos de ellos habrían estado sentados en cajas de cerveza en pleno pasillo– le pidieron al chofer varias veces que bajara la velocidad, pero este no hizo caso.

—Impunidad total—

En este país, cualquiera puede abrir una empresa de transportes, matar a 19 personas por la imprudencia de sus choferes y seguir operando con total libertad, piensa Gysela. A dos meses de este fatal hecho, analizamos junto a ella el siniestro en su domicilio. Estuvo acompañada por su madre, Custodia Alfaro, quien tampoco subió a ese bus esa madrugada.

El chofer, Jhon Frank Mantilla, aún tiene vigente su licencia de conducir, según el portal del Ministerio de Transportes (MTC). Aunque este sujeto cumple 10 meses de prisión preventiva por el siniestro, en caso de que llegue a salir en libertad nuevamente, estará facultado para conducir buses y camiones, pues su brevete ni siquiera está retenido por la policía, como debería ocurrir en estos casos.

“Los pasajeros, antes de subir al bus ese día, estaban esperando que otro chofer que era más experimentado los llevara, pues conocía la ruta, pero al final él fue asignado para el viaje”, dice Gysela.

—Sin responsables—

Dos meses después de esta tragedia, los buses de la empresa Ibatursa no han dejado de operar, según denuncian Gysela y los familiares de otras víctimas con los que conversamos. El Comercio también accedió a fotografías tomadas días después de la caída del bus, en las que se observa a otra unidad de la empresa ‘llenándose’ con pasajeros en la plaza de Callancas, la misma localidad desde donde salió el bus siniestrado.

En otras fotografías del 16 de diciembre, se observa cuando un grupo de vecinos de la localidad de Yacat celebra el retorno de la empresa a la zona con carteles de bienvenida. Estas localidades no tienen otra manera de movilizarse que no sea en buses interprovinciales, debido a las precarias condiciones de las vías que las conectan con otras ciudades.

¿Qué tiene que pasar para que una empresa de transporte sea cerrada? Según la Sutrán, brazo fiscalizador del MTC, con las leyes actuales el gobierno solo puede sancionar al vehículo de la empresa inhabilitándolo a ya no seguir en la flota, una medida que resultaría inútil si esa unidad fue destruida por un choque, vuelco o incendio. Ni el chofer ni la empresa podrían ser suspendidos por esta entidad.

La Sutrán, a su vez, indicó que, al tratarse de una ruta regional, la autoriza la Gerencia Regional de Transportes de La Libertad. Esta oficina informó que solo se ha suspendido una de las dos rutas de Ibatursa [Callancas-Trujillo] por 90 días, que vencen en febrero. Sin embargo, está autorizada para seguir circulando en la otra ruta Callancas-Yacat. Según Sutrán, se prepara un decreto supremo que fortalecerá las sanciones contra las empresas de transporte que incurran en negligencias.

El fundador de Ibatursa, Guillermo Ibáñez, asegura que esta empresa sí se ha acercado “a todos los familiares en un acto de cordialidad”. Esto lo niegan Gysela y su madre.

Ibáñez niega que la empresa siga operando y atribuye las causas del siniestro a las condiciones climáticas y el estado de las vías. “Nosotros cumplimos todo lo que la ley nos ordena”, sostiene.