Estado de emergencia en Pataz y Trujillo: en manos de quién estará el control del orden interno en cada lugar y qué derechos estarán restringidos

Luego de que El Comercio alertara a través de una serie de reportajes acerca del gran volumen de oro ilegal que se extrae todos los días en Pataz (La Libertad), la proliferación de bandas criminales que dominan este negocio y la escasa presencia policial en la zona, el Gobierno anunció este lunes la declaratoria de emergencia en esta provincia por el periodo de 60 días a fin de combatir la ola delictiva producto de la minería ilegal.

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En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que esta decisión se tomó en base a un informe operativo y de inteligencia cuya elaboración se encargó al Ministerio del Interior y organismos especializados.

Vale precisar que en la provincia de Pataz ya regía un estado de emergencia desde el 2023, el cual fue ampliado en varias ocasiones. La última prórroga se dio el pasado 15 de enero (por 30 días), estableciendo que el control del orden interno quedaba en manos de la Policía Nacional. Sin embargo, a diferencia de esta medida iniciada el año pasado, Otárola resaltó que ahora el control interno estará a cargo de las Fuerzas Armadas.

“Mañana (martes) se va a expedir la norma correspondiente que declara el estado de emergencia en la provincia de Pataz. Esta vez el control del orden interno va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional”, precisó.

El primer ministro señaló que en Pataz se vienen registrando incontables atentados y ataques como consecuencia del crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Resaltó que detrás de estos hechos están varias organizaciones criminales que se mueven en torno al comercio, principalmente, del oro.

“En Pataz hemos visto con estupor cómo se ha registrado el sabotaje a torres de alta tensión, 7 torres voladas, atentados con dinamita. Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas. Lo que hemos encontrado en Pataz es la peor expresión de lo que puede pensarse acerca de la seguridad ciudadana: extorsiones, explotación laboral, sexual, proxenetismo, tráfico de armas, de insumos químicos”, detalló.

Asimismo, agregó que la intervención de las Fuerzas Armadas se realizará con “el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales, del derecho internacional humanitario y de las reglas y empleo del uso de la fuerza”.

Además, informó que mientras dure esta medida quedarán suspendidas la atención de locales comerciales, eventos sociales y espectáculos desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana. “Hasta controlar definitivamente a esta ola delincuencial que afecta los derechos, la vida, la paz, la tranquilidad, la integridad de los compatriotas liberteños”, sostuvo.

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Torres, aseguró que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional incrementarán el número de sus efectivos en la zona de emergencia en coordinación con otros sectores como Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, laboratorios de criminalística, unidades de flagrancia y algunos más. En tanto, explicó que el desarrollo de la minería ilegal en Pataz acarrea también otros delitos como trata de personas, sicariato, extorsión, entre otros.

A su turno, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, mencionó que la decisión de que el control del orden interno en Pataz pase a manos de las Fuerzas Armadas “está plenamente justificada”, debido a la presencia de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal. Describió que estos grupos criminales han perpetrado actos de terror, cuentan con armamento de largo alcance y superan las características de la delincuencia común que enfrenta la policía de manera habitual.

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“El Estado peruano debe responder con todos los medios y todas su fuerzas. Quedan notificados los miembros de las bandas y organizaciones criminales en Pataz que al Estado peruano no le va temblar la mano para enfrentarlos y neutralizarlos. Ni en Pataz ni en otro parte del país se va a tolerar de ninguna circunstancia que se produzcan este tipo de actos de manera impune. En el Perú no existen zonas liberadas”, expresó.

Otárola también anunció la declaración del estado de emergencia en la provincia de Trujillo (La Libertad). A diferencia de Pataz, aquí el control del orden interno sí estará a cargo de la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Medida también será por el periodo de 60 días.

Sobre las razones de esta medida, el primer ministro resaltó que el año pasado se han producido más de 30 mil delitos en todo Trujillo; 11 mil de ellos fueron hurtos y robos. En tanto, en lo que va del 2024, se ha registrado casi una muerte por día, agregó.

“En consecuencia, existe una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño especialmente en las zonas más pobladas: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, etc. Por eso se ha tomado esta medida”, sostuvo.

Como parte de las restricciones por el estado de emergencia, quedarán suspendidas la atención de locales comerciales, eventos sociales y espectáculos desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana.

Al respecto, Torres precisó que como parte de esta medida la policía aumentará el número de efectivos de investigación criminal en Trujillo y Pataz, correspondiente a las unidades de investigación criminal, operaciones especiales, inteligencia, entre otras áreas.

Por otro lado, detalló que días atrás el Gobierno sostuvo una reunión con el gobernador de La Libertad, César Acuña, para abordar temas relacionados a la seguridad ciudadana y la criminalidad.

Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, el Gobierno lo que pretende es enviar un mensaje de tipo político a la población de que se está haciendo cargo del problema colocando el control del orden interno en Pataz bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Sostuvo que la preparación que recibe las Fuerzas Armadas está dirigida a otras funciones distintas a las que se necesitan en La Libertad.

“Con franqueza dudo mucho que las Fuerzas Armadas puedan estar a cargo en temas de criminalidad e inseguridad. No es lo mismo una situación donde hay un enfrentamiento armado, como puede ser en el Vraem con los remanentes de Sendero, que una ciudad o una región con problemas de orden público. El mensaje que se quiere dar es que las Fuerzas Armadas van a actuar con más dureza”, comentó.

Valdés precisó que el problema de Pataz no se resuelve con un mensaje político, sino con investigación criminal y una serie de decisiones que se deben tomar, como las coordinaciones que hay que hacer a nivel del Poder Judicial y el Ministerio Público.

“La PNP captura 40 mineros ilegales con armas y explosivos y al fiscal se le vence los plazos o no encuentra méritos suficientes para abrirles un proceso. Estas son las cosas que deben verse en los consejos nacionales y regionales de seguridad ciudadana. Tiene que haber otro enfoque”, dijo.

El experto agregó que la suspensión de derechos fundamentales de las poblaciones como parte del estado de emergencia permite generar un nivel de facilidad para detener personas y entrar a domicilios. Sin embargo, carece de sentido si es que no hay una investigación detrás. “Las Fuerzas Armadas no investigan organizaciones criminales ni delitos. Solo tienen capacidad reactiva. Y lo que acá se requiere no es solamente eso, sino también proactividad, y esta la otorga la investigación criminal y la inteligencia. Esos son los aspectos que deben priorizarse”, consideró.

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En el caso de Trujillo, Valdés opinó que tampoco tiene sentido suspender los derechos fundamentales de las personas si no se cuenta con un plan de trabajo o acción, con objetivos claros ya identificados por investigación criminal.

“Los problemas de inseguridad van a continuar si es que realmente no se tiene un plan bien trazado y no se cambia la gestión de la seguridad en esos lugares. Es agotador este ir y venir de las autoridades del Ejecutivo, un poco a ciegas sin trazarse planes ni indicadores claros. Por otro lado, el gobernador (César Acuña) ha invertido poco o nada en seguridad en su región”, puntualizó.

Tras ser consultado por la sensación que hay en la población de que los estados de emergencia establecidos en diversas partes del país en el último tiempo no han tenido buenos resultados, Otárola aseguró que esto no es así. En tanto, indicó también que la eficacia de estas medidas es el resultado de un trabajo en conjunto con las autoridades regionales, locales, y sobre todo con las instituciones públicas.

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“Con los estados de emergencia el delito se redujo en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Lince en un promedio de 36%. Sí son eficientes. No solo es la decisión del Ejecutivo, nosotros convocamos públicamente a la policía, al Poder Judicial, la Defensoría para que nos ayuden a enfrentar la criminalidad organizada. La presidenta le ha ofrecido el apoyo al Poder Judicial para los módulos de flagrancia que seguramente se tendrán que instalar en Trujillo y Pataz. Y el Ministerio Público, qué duda cabe, dirige la investigación del delito, y es muy importante que los fiscales apoyen como lo han hecho siempre en el combate a la minería ilegal”, añadió.