(Foto: GEC)
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Johnny Aurazo

El juicio oral que se le seguía en la provincia de Chepén, en , al excongresista y exsecretario general de Fuerza Popular, , volvió a foja cero tras la repentina muerte del magistrado a cargo del caso, Ernesto Edward Araujo Ramos de Rosas, confirmaron fuentes encargadas del proceso a este Diario.

La medida fue tomada este miércoles en la ciudad de Chepén por el magistrado Víctor Manuel Ramírez Iparraguirre, quien ha sido designado como juez del Juzgado Penal Unipersonal de Chepén en reemplazo de Ernesto Araujo, fallecido el sábado 23 de setiembre, víctima de “una hemorragia digestiva alta masiva, aspiración y asfixia”, en su domicilio (Chepén).

Ernesto Edward Araujo Ramos de Rosas falleció de muerte natural. (Foto: cortesía)
Ernesto Edward Araujo Ramos de Rosas falleció de muerte natural. (Foto: cortesía)

“Se resuelve declarar la interrupción del juzgamiento y como consecuencia de ello disponer hora y fecha para el inicio de un nuevo juicio oral”, se indica en la resolución emitida por el magistrado esta mañana, a la que El Comercio tuvo acceso.

De acuerdo con las mismas fuentes, el pedido para el quiebre del juicio oral fue hecho por el representante de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Chepén, Jaime Mori Chavesta, y tuvo la conformidad de la defensa de Joaquín Ramírez.

“Se solicita la interrupción del juicio en mérito a que esta -miércoles 25- era la sexta sesión de juicio oral y alegatos, donde el magistrado fallecido ya se había formado un criterio”, se añade en la referida resolución.

El inicio del nuevo juicio oral ha sido programado para el 4 de diciembre, a las 10 a.m., en la sede del Juzgado Penal Unipersonal de Chepén, aun cuando la defensa del exparlamentario indicó que su patrocinado recién podría asistir a la primera audiencia dentro de “cuatro meses” por encontrarse actualmente “postrado en un clínica”.

Joaquín Ramírez es procesado por el presunto delito de falsificación de documentos en agravio del Estado y de la comunidad campesina de Chepén por -según la fiscalía- apoderarse de más de mil hectáreas de un terreno ubicado en dicha provincia norteña. El Ministerio Público ha solicitado seis años de prisión en su contra.

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