Durante su presentación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el ministro del Interior, Carlos Basombrío, comentó que hay ciudades en el Perú donde cerca del 50% de empresas son extorsionadas. Muchos participantes, hombres de negocios la mayoría, alzaron las cejas preocupados.
La estadística aludida por Basombrío nace de la Encuesta de Victimización de Empresas 2015, publicada recientemente por el INEI. “El delito de extorsión está afectando no solo a la población, sino que se ha extendido a los diversos sectores productivos del país”, se lee en la presentación del informe.
–El sórdido norte–
La Libertad es la región donde este delito es más recurrente: el 55,8% de empresas liberteñas son extorsionadas. Le sigue Lima Provincias, con 50,4%. Luego figuran las regiones del norte del país: Tumbes (42%), Piura (41,9%), Lambayeque (28,4%), Cajamarca (28,2%) y Áncash (27,5%). Callao ocupa el puesto 21 (4,2%). En Arequipa, último lugar de este ranking, solo el 0,8% de empresas locales han denunciado extorsiones.
El coronel PNP (r) Roger Torres Mendoza, jefe policial de La Libertad entre el 2012 y el 2013, tiene varias lecturas sobre este panorama. Él comenta que no es coincidencia que el sector empresarial de las cinco regiones ubicadas en el norte sea el más golpeado por los grupos delictivos. “La extorsión se incrementa donde hay crecimiento económico. Según el propio INEI, estas regiones son algunas de las que más han crecido”, dice Torres.
Según explica el oficial, hay otros factores que juegan en favor de esta ‘industria’ de las extorsiones. “Además de las discrepancias entre operadores de justicia, las cárceles son nidos de extorsión, pues en muchas no hay bloqueadores de celulares, o no funcionan, y la mayoría de extorsiones se hacen telefónicamente”, dice.
–Una industria criminal–
De acuerdo a la misma encuesta, la actividad económica más afectada por las bandas extorsionadoras es la construcción. El 40% de empresarios extorsionados proviene de este sector. Le siguen el comercio y reparación de vehículos automotores (18,4%) y el servicio de transporte (8,3%).
“Hay bandas organizadas que operan muchas veces bajo la fachada de sindicatos de construcción o hasta de empresas de seguridad. A los agraviados les obligan a pagar miles de soles en cupos a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus familiares”, dice Anthony Pérez Bardales, magistrado de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor).
Si desglosamos la encuesta según el tamaño de las empresas, el 19,7% de extorsiones son a pequeñas empresas y el 14,6% a microempresas; solo el 5,5% de extorsiones son a grandes y medianas empresas.
Resumiendo toda la estadística anterior, podríamos decir que un pequeño empresario del sector transportes que opera en La Libertad es el prototipo de una víctima de extorsión en el Perú. “De los 1.234 microbuses que circulan en la provincia de Trujillo, 1.000 pagan cupos a las organizaciones criminales”, dice Orlando Villanueva Salvatierra, presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull).
Cada microbusero paga al menos S/ 20 diarios para que lo dejen circular por las zonas más convulsionadas de Trujillo. “La delincuencia se reparte S/ 600 mil mensuales solo extorsionando a microbuseros. El ministro Basombrío se quedó corto: la extorsión es un negocio en todo el país”, comenta el dirigente.
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— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 11 de diciembre de 2016