Se espera que para diciembre sea programada la audiencia de prisión preventiva por 24 meses requerida para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Pichotito, por el Caso Los Wachituros de Tumán. Tras el pedido presentado por el titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor) de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, la decisión quedará en manos del magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Carlos Chanamé Chumán.
A Edwin Oviedo se le imputa ser el cabecilla de Los Wachiturros de Tumán y es acusado de ser “autor mediato” del asesinato de los ex dirigentes sindicales Manuel Rimarachín Cascos (el 11 de octubre del 2012) y Percy Farro Witte (13 de mayo del 2013). Según la denuncia fiscal, el actual presidente de la FPF ordenó estos crímenes porque ambos dirigentes organizaban protestas en su contra y entorpecían su gestión mientras estuvo al frente de la azucarera Tumán, en Chiclayo.
El Comercio tuvo acceso al requerimiento de prisión preventiva presentado por el fiscal Carrasco. En este, el representante del Ministerio Público sustenta las razones de su pedido. Indica que existe “peligro de fuga” debido a que Oviedo “tiene arraigo laboral, domiciliario y familiar débiles”, además de que la prognosis de la pena –8 años de prisión por el delito de asociación ilícita para delinquir y 15 años por homicidio calificado– lo podría inducir a “ausentarse del presente proceso”.
Carrasco señala también que existe “peligro de obstaculización” a través de la “compra de testigos” para desvirtuar la responsabilidad de Oviedo en el proceso.
En otra parte del informe se incluye al “factor Hinostroza y Los Cuellos Blancos del Puerto”, pues según las investigaciones del Ministerio Público, el titular de la FPF fue miembro de dicha organización criminal y recibió favores judiciales a cambio de dinero o prebendas (como entradas a espectáculos deportivos).
“Se evidencia fluida comunicación entre Edwin Oviedo, [el empresario] Edwin Camayo, Walter Ríos y César Hinostroza [estos dos últimos son ex jueces supremos], y el beneficio económico que recibiría Hinostroza para favorecerlo en los procesos judiciales y asesorarlo en el pedido de la medida cautelar a su favor”, indica el documento.
–Habla la defensa–
En diálogo con este Diario, el abogado de Edwin Oviedo, José Carlos Isla Montaño, afirmó que “no existe ningún elemento de convicción” que vinculen a su patrocinado “con estos graves hechos”.
“Mi patrocinado cuenta con arraigo laboral, domiciliario y familiar acreditado. Ha puesto su pasaporte a disposición de la fiscalía y menos va a perturbar la actividad probatoria”, dijo.
Sobre el caso de Los Cuellos Blancos, sostuvo que Oviedo es el primer interesado “en que los hechos se esclarezcan”. “Él cumple una labor de público conocimiento y en todo momento está colaborando con la justicia, así que estamos convencidos de que en la audiencia de su propósito, una vez más, va a declararse infundado el pedido de prisión preventiva”, sostuvo. “Además, no existe ninguna investigación iniciada en su contra por el caso de Los Cuellos Blancos y el Tribunal Constitucional ya ha resuelto que no basta la prognosis de la pena para que se aplique la prisión preventiva”, añadió.
-Pedido aún no llega al despacho del juez-
La solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público ingresó a Mesa de Partes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) el martes 20, pero recién este viernes debe ingresar al despacho del juez Carlos Chanamé, debido a que los trabajadores judiciales de la CSJLA cumplen desde este miércoles un paro de 48 horas como una medida de protesta para exigir mejoras en sus condiciones laborales.
Según fuentes vinculadas al caso, el Octavo Juzgado analizaría el pedido en los últimos días de noviembre y, por tratarse de un caso emblemático, la audiencia podría llevarse a cabo en los primeros días del próximo mes.
Es la segunda vez que la fiscalía formula un pedido de prisión preventiva para Oviedo. El pasado mayo, el fiscal Juan Carrasco pidió esta misma medida, aunque por 12 meses, pero el trámite fue suspendido por decisión de la jueza constitucional de Lima Amanda Magallanes.
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