Desactivan una de las salas de Derecho Constitucional del país

Pese a que durante ocho años resolvió procesos relacionados con actos de corrupción, narcotráfico y otros casos emblemáticos que ocurrieron en el país, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial desactivó esta semana la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque, una de las dos de su especialización que existen en el país.

La otra Sala de Derecho Constitucional funciona en el Cusco.

Esta medida fue rechazada por los integrantes de la sala plena de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque quienes, por unanimidad, emitieron un pronunciamiento en el consideran desacertada la desactivación de la Sala de Derecho Constitucional que funciona en Chiclayo porque no obedece a un criterio técnico. Según el documento, la carga procesal existente justifica la permanencia de una sala de justicia constitucional especializada porque este órgano debe velar porque no se vulneren los derechos fundamentales.

Miguel Guerrero Hurtado, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y la presidenta electa Ana Salés del Castillo viajarán a Lima en los próximos días para solicitar al titular del Poder Judicial que suspenda el cierre de la citada sala. 

"Se trata de un criterio equivocado porque la sala sí superó las metas. Es la única del país que resuelve recursos de Habeas Corpus en el plazo establecido, entre tres y cinco días. No se ha tomado en cuenta el trabajo profesional y honesto que se hizo a lo largo de ocho años de trabajo jurisdiccional", afirmó Guerrero.

Según explicó el magistrado, de confirmarse el cierre de la sala las acciones de amparo serán vistas por los jueves civiles, mientras que los Habeas Corpus van a ser resueltos por los magistrados de las salas penales.

Entre las decisiones más conocidas de la sala diguran una emitida en agosto del 2008, cuando se declaró infundado un Habeas Corpus que favorecía a la organización delictiva de los Sánchez Paredes.

Otros casos emblemáticos resueltos por la Sala de Derecho Constitucional se relacionaron con el empresario de televisión José Enrique Crousillat, Miriam Feffer y de Roberto Torres Gonzales que presentaron recursos de Habeas Corpus pero fueron rechazados por ser inconstitucionales.

Según la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, hasta octubre la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque no habría cumplido la meta porque solo registró un avance de 65% (unos 1.000 expedientes), lo cual está por debajo del 82% establecido como avance ideal. Tras el cierre, los magistrados asignados a la sala pasarán a formar parte de la Tercera Sala Laboral Permanente de Chiclayo, que tendrá competencia exclusiva en los procesos contenciosos administrativos, laborales y previsionales.