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Magistrados del Ministerio Público de Lambayeque hallaron más indicios de delitos de tráfico de influencias y peculado, entre otros, que habría cometido la presunta red criminal que lideraría el suspendido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, recluido en el tópico de la cárcel de esta ciudad norteña.
Los fiscales también detectaron a supuestos trabajadores fantasmas en el serenazgo de Chiclayo, quienes habrían aparentado cumplir labores edilicias pero, en realidad, se dedicaban a apoyar la campaña electoral de Torres Gonzales.
Esto se logró luego de revisar parte de la documentación que estuvo lacrada tras el allanamiento de los inmuebles de la presunta agrupación criminal, ocurrido el 30 de setiembre.
Hay 21 involucrados en el proceso; ocho de ellos aún se encuentran prófugos. Anoche se conoció además que Katiuskha del Castillo, ex novia de Torres, y otras seis personas permanecerán en prisión preventiva por 18 meses en la cárcel del distrito de Picsi. Solo a uno se le varió la orden de detención por comparecencia restringida.
El resto también tiene comparecencia. Todos ellos están implicados hasta ahora en delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en contra de los intereses de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (Satch), de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) y del Estado.
Juan Carrasco Millones, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, reveló que el Ministerio Público ha citado a unos 40 testigos.
El magistrado mencionó que cada día ocurren sorpresas, como la iniciativa de una joven que decidió devolver un moderno vehículo valorizado en US$35.000, que el presidente del directorio de Epsel, Percy Quesquén, supuestamente había inscrito a su nombre.
DESESTIMARÍAN PEDIDO
Sobre el pedido de César Nakazaki, abogado de Torres Gonzales, quien solicitó acogerse a la terminación anticipada, Carrasco estimó que el Ministerio Público no aceptaría la solicitud porque este procedimiento tendría que hacerse con todos los imputados y no solo con el suspendido alcalde. “No solo se trata de decir que se declara culpable de los delitos. También tendría que explicar por qué es culpable del delito de corrupción de funcionarios, cómo lo hizo, con quiénes se asoció y cuánto dinero acumuló”, sostuvo el fiscal.
