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Una investigación preliminar de los 35 fiscales que reúnen pruebas contra el suspendido alcalde provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, acusado de cometer los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, da cuenta de que al menos 280 trabajadores edilicios habrían sido reclutados para pegar afiches y repartir volantes a favor de la reelección del funcionario.
Juan Carrasco Millones, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, precisó a El Comercio que los trabajadores, procedentes de diversas áreas de la comuna, marcaban su ingreso y salida del palacio municipal como si laboraran con normalidad. No obstante, luego salían y permanecían casi todo el día en la calle, apoyando en la campaña de Torres, que tentaba un tercer período consecutivo.
Según Carrasco, a la fecha se interrogó sobre estas sospechas a José Sigueñas Campos, ex gerente de Recursos Humanos de la comuna. Aunque sus declaraciones oficiales se mantienen en reserva, se supo que unas 280 tarjetas de asistencia ya fueron confiscadas, a fin de ser corroboradas con planillas para determinar qué horarios y funciones debían cumplir los trabajadores investigados.
“Para nosotros ha sido una sorpresa saber que la gente de la municipalidad era utilizada en la campaña electoral de Torres. Tenemos una caja llena de documentos que empezaremos a analizar”, contó Carrasco.
“Estoy apto a brindar todo tipo de información y espero que también lo haga el señor Aldo Piccinni, quien me relevó en el cargo”, comentó Sigueñas.
PRISIÓN PREVENTIVA
Superados los problemas de salud que vivió Torres, debido a la diabetes y presión alta que padece, el Ministerio Público formalizó ayer el pedido de prisión preventiva en su contra por un plazo de 18 meses.
En su argumentación, el fiscal Sergio Zapata Orozco dijo que hay indicios para investigar a Torres por corrupción de funcionarios, asociación ilícita parar delinquir y lavado de activos en agravio del Estado, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).
Dichos actos ilícitos se remontarían al 2007, cuando Torres inició su primer período.
“Ni bien asumió el cargo, Torres adquirió un estilo de vida que no podría pagarse con el único ingreso como funcionario que tenía”, afirmó Zapata.
Entre los cambios más llamativos destaca la compra de inmuebles y vehículos, registrados a nombre de su pareja Katiuskha del Castillo Muro y otros allegados.
