tumán
Johnny Aurazo

Cerca de 30 mujeres se encadenaron en las afueras de la iglesia Catedral de Chiclayo (Lambayeque), denunciando despidos arbitrarios y abusos contra los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán, por parte de la nueva administración judicial encabezada por Daniel Rioja y Martín Martínez.

Las trabajadoras de manera pacífica, con velas en mano y rosarios en el cuello, rezaron pidiendo el cese al hostigamiento y la reposición en sus puestos de trabajos, y mientras llamaban la atención de las autoridades para que intervengan ante esta injusticia. Las mujeres fueron repelidas por la policía, quienes les lanzaron bombas lacrimógenas.

Sin embargo, continuaron con su protesta en la pérgola del parque principal, de rodillas y portando carteles exigieron justicia y el respeto a sus derechos laborales.

Por su parte, los más de mil trabajadores despedidos continúan con sus protestas y salieron nuevamente a las calles de forma pacífica pidiendo ser repuestos.

Los trabajadores realizaron un plantón de casi media hora en el Poder Judicial y luego se dirigieron camino a la Gerencia Regional de Trabajo donde los dirigentes se reunieron con las autoridades del sector exigiéndoles revisar las denuncias interpuestas por el impedimento a ingresar a laborar.

Portando pancartas y carteles pidiendo ser repuestos y rechazando la actual administración judicial los protestantes permanecieron casi dos horas, arengando lemas de justicia y pidiendo retorne la paz social en la empresa y todo el distrito azucarero.

-Versión de la empresa-
La nueva administración judicial se pronunció respecto a las acusaciones de despidos masivos a los trabajadores eventuales contratados en la gestión del Grupo Oviedo. En un comunicado, indicaron que no se ha dado ninguna orden de despido a trabajadores eventuales, tal como se ha venido informando.

Por el contrario, aseguran que tras el último sábado se invocó a todos los trabajadores a reincorporarse a sus labores con copia de su contrato de trabajo o copia de su boleta de pago para acreditar su pertenencia a la empresa.

De otro lado, sostuvieron que más de 2.200 trabajadores y accionistas están trabajando en las cuatro áreas funcionales de la azucarera. Aseguraron además, que ya no hay presencia policial en la zona industrial ni en la casa administrativa pese al estado de emergencia en el distrito.

Los administradores judiciales indicaron que han enviado esta semana cartas de invitación al Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo y otras instituciones civiles para que verifiquen la actual situación de la empresa.

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