Ventarrón, pero de fuego. (Fotyo: archivo El Comercio)
Ventarrón, pero de fuego. (Fotyo: archivo El Comercio)
Juan Pablo de la Puente Brunke

Este mes ha ocurrido una tragedia cultural. El Complejo Arqueológico Ventarrón, ubicado en Lambayeque y de 4.500 años de antigüedad, sufrió un incendio.

Ha sido un duro golpe para la comunidad científica de la costa norte que, en gran parte gracias a innovadores modelos de colaboración público-privada, como Huaca de la Luna o El Brujo, ha transformado la arqueología y el conocimiento del antiguo Perú con extraordinarios descubrimientos. En las últimas décadas, en ninguna otra zona del país se han desarrollado investigaciones del mismo nivel. Estas
investigaciones han transformado “cerros de arena” en polos de desarrollo, generando empleo y fortaleciendo la identidad de la comunidad.

El incendio ha truncado las externalidades positivas que Ventarrón generaba. Fue abierto al turismo en el 2014, luego de 7 años de investigación, y al año recibía en promedio 5.000 visitantes. Casi 90% eran turistas nacionales.

La causa del incendio está en investigación. Según la ley, los daños a inmuebles arqueológicos se sancionan con una multa de hasta S/4’050.000 y también con pena privativa de la libertad de tres a ocho años. Las afectaciones al patrimonio cultural también podrían acarrear responsabilidad civil, en virtud de la cual quien genera
un daño mediante una actividad riesgosa o peligrosa esta obligado a repararlo.

En caso las investigaciones señalen responsables, se deben aplicar sanciones ejemplares. La indemnización por daños y perjuicios,
además de fortalecer el mecanismo disuasivo, pues internaliza
el daño en quién lo causó, coadyuvaría a la recuperación de Ventarrón que demandará importantes recursos económicos no previstos, que no le sobran al Ministerio de Cultura.

La tragedia de Ventarrón nos debe llevar a reflexionar en términos de políticas públicas. La protección sostenible de un sitio arqueológico no se satisface con el financiamiento puntual de su puesta en valor para abrirlo al turismo. Su gestión cultural es un proceso permanente que articula todos los componentes interdisciplinarios relacionados con su protección: saneamiento legal, seguridad, investigación y
conservación arqueológicas, prevención de riesgos, programas educativos, planeamiento e infraestructura turística, participación
ciudadana, márketing, entre otros.

Esto requiere de un equipo humano con capacidades especializadas y del flujo constante de recursos. Las necesidades superan ampliamente las capacidades del Estado. A la fecha, el Ministerio de Cultura ha identificado 22.000 sitios arqueológicos en el país y menos del 1% están abiertos al turismo. Lo que ahonda la tragedia del incendio
es que Ventarrón estaba en ese privilegiado porcentaje menor a 1%.

Las cifras muestran que los recursos y capacidades del Estado, por sí solos, nunca serán suficientes para gestionar eficazmente todos los sitios arqueológicos, incluso si se llega a la meta de incrementar los recursos del sector Cultura al 1% del presupuesto nacional, como recomienda la Unesco.

Reconocer estas limitaciones públicas no implica que el Estado renuncie a su rol protector. La obligación del Estado de proteger el patrimonio cultural no se agota imponiendo sanciones. Incluye también la necesidad de evaluar la realidad, reconocer sus limitaciones, y realizar las reformas necesarias para incentivar y avanzar en la protección real de la mayor cantidad de sitios arqueológicos posibles.

La ley permite que entidades privadas ejecuten excavaciones en sitios arqueológicos. La tragedia de Ventarrón debe servir para reformar la política cultural de gestión del patrimonio arqueológico para permitir que entidades privadas también puedan administrarlos e incentivar modelos de colaboración público-privada.

Es decir, se debe abrir nuevamente el debate que inspiró la aprobación del Decreto Legislativo 1198 en el 2015 y que fuera derogado por el Congreso, pese a que dicha norma se enmarcaba en la Constitución y en las normas y recomendaciones internacionales
sobre la materia.

Si esta reforma hubiese estado vigente hace 30 años, hoy tendríamos muchos otros proyectos generando externalidades positivas y, muy posiblemente, no estaríamos lamentando ventarrones de fuego.

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