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Luego de que el Ejecutivo observara la propuesta aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2020, mañana 2 de noviembre, el sector del congreso que busca formalizar el servicio de ‘taxi’ colectivo buscará aprobar por insistencia esta iniciativa, que comprende a los vehículos de categoría M1. En otras palabras, se propone que cualquier carro sedán o station wagon esté autorizado para recoger o dejar pasajeros en carreteras, sin paraderos definidos ni protocolos de higiene, a pesar de que el Ministerio de Transportes (MTC) haya declarado sobre los riesgos de esta actividad.
Que se haya excluido a Lima y el Callao en la formalización del taxi colectivo no es una noticia alentadora. El Congreso de la República aprobó el último jueves un texto sustitutorio que formaliza a cualquier chofer en el resto del país a transportar a pasajeros en la modalidad de colectivo, es decir, ‘recolectando’ a personas a lo largo de una ruta, sin paraderos definidos.
El problema radica en que esta disposición incluye a vehículos livianos de categoría M1 que no estaban permitidos anteriormente por ser inseguros para el transporte interprovincial de pasajeros, según lo ha declarado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a El Comercio en diversas oportunidades.
Se trata de modelos sedán, station wagon, camionetas o algunas minivanes, vehículos que tienen una carrocería liviana para un servicio de transporte público en carretera, según el coronel (r) Franklin Barreto, exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional.
Una estadística de la policía revela que estos vehículos livianos son responsables de casi el doble de siniestros viales en carreteras a comparación de los vehículos más grandes de categoría M2 o M3, como los buses. Estos últimos, debido a su robustez, eran los únicos permitidos por el Gobierno para estas vías. Incluso, actualmente están obligados a circular con GPS, control de velocidad, cinturón de seguridad de dos puntos, además de estar respaldados por una empresa de transportes, algo que no ocurre con los colectivos. Muchos modelos de colectivos tienen asientos rebatibles, que no están soldados a la carrocería.
Las estadísticas de la PNP indican que, entre el 2005 y el 2015, el 69% de las muertes en carreteras fueron de personas a bordo de unidades de categoría M1 o menores, y el 39% en buses categoría M2 o M3. En promedio, por cada 3.000 vehículos que sufrieron accidentes en vías nacionales, cerca de 1.500 son modelos sedán o camionetas. El resto son buses, microbuses, camiones o mototaxis.
Otro de los riesgos de este servicio son las posibilidades de contagiarse del COVID-19. Pese a estar viviendo una pandemia, ninguno de los congresistas que argumentó a favor de esta formalización consideró el riesgo de contraer el virus en estos vehículos. El negocio del colectivero es ocupar todos los asientos antes de partir, lo que impide que los pasajeros mantengan el distanciamiento social.
En Lima, la proliferación de los colectivos causa congestión vehicular. En los últimos años, la velocidad de los corredores complementarios descendió de 13 km/h a 9 km/h por el tráfico que ocasionan estas unidades. Al existir una competencia desleal, han impedido a empresas formales que tienen rutas concesionadas hacer inversiones para aumentar su flota.
Tráfico sin impuestos
Según la Fundación Transitemos, la evasión tributaria por parte del servicio de transporte colectivo es de más de S/25 millones al año.
A su vez, son los vehículos que más generan tráfico vehicular, por la naturaleza de su actividad (recoger pasajeros a lo largo de su ruta).
“Sobre la saturación de las vías urbanas y nacionales, los colectivos han incrementado la incidencia de accidentes de tránsito, la generación de comercio ambulatorio y la delincuencia, y es competencia desleal contra el transporte formal, lo que provoca el cierre de empresas y despido de trabajadores, además de incrementar la informalidad”, declara Transitemos.
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