Luego del asesinato del dirigente asháninka Santiago Contoricón, miembros de su comunidad anunciaron un paro en la localidad del río Tambo para exigir justicia y mayor seguridad. Esto sucedió entre el 14 y 15 de abril, días en los cuales cuatro personas fueron presuntamente secuestradas y desaparecidas por un grupo de protestantes de la zona.
Los supuestos autores del crimen son ocho, a quienes la Fiscalía les ha abierto un proceso de investigación con una orden de detención preliminar desde el 4 de setiembre. Los imputados son: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE); Fabián Antúnez, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART); José Saavedra, jefe de la comunidad nativa de Puerto Ocopa; Fredi Gavilán Mejia; Eulogio Domingo Prado; Claudio Jayunca Mañoro, Antonio Aucayauri Fuentes y Aroldo Rojas Diquez.
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Las víctimas, identificadas como José Valdivia Andamayo, Brandom Alejandro Cruz Rojas, Erick Cabrera Cáceres y Adrián Asunción Ramírez Fernández, fueron vistas con vida por última vez en Puerto Ocopa. Según las comunicaciones con sus familiares, en el lugar el paro contaba con medidas de fuerza y no se les permitía el ingreso.
Unos comentaron que tratarían de ingresar dialogando con los comuneros, pero luego no volvieron a tener contacto con sus cercanos quienes días después decidieron colocar diversas denuncias. Dentro de las investigaciones, la Fiscalía reunió los testimonios de tres testigos protegidos, quienes dieron presuntos detalles de la captura de los desaparecidos y como habrían sido abusados físicamente. Además, precisaron que las vías terrestres y fluviales estaban bloqueadas.
No obstante, existen inconsistencias en los testimonios. El día de los hechos, Ángel Pedro Valerio estaba participando en un congreso a más de 10 horas de distancia vía fluvial del lugar donde se llevaba a cabo el paro. Desde el 13 de abril se encontraba instalado en Puerto Shampintiari, que está localizado en Río Tambo, perteneciente a la provincia de Satipo, departamento de Junín.
Durante la jornada, el CARE transmitió en vivo sus actividades. También registró con fotos y videos en redes sociales el proceso de diálogo donde también estuvo presente el alcalde del centro poblado Selva de Oro, el gobernador de Junín, entre otras autoridades.
Las declaraciones de los colaboradores que la Fiscalía reúne en su investigación se contradicen con el registro documental y audiovisual que demuestra que Valerio se encontraba lejos de la zona durante varios días coincidiendo con la fecha de los hechos. Además, no son exactos con respecto a la identidad de los presuntos autores del crimen.
Uno de ellos señala que alias ‘Ángel’ es “uno de los que empujaban a las víctimas y decía que tenían que hacerles daño a los detenidos”. Asimismo, un segundo testigo protegido apunta a ‘Ángel’ como alguien quien estuvo presente incitando odio y violencia.
Cabe resaltar que los testigos reconocieron con fichas Reniec a los presuntos autores, puesto que no sabían la identidad plena de las personas solo sus supuestos alias.
“Nosotros como pueblo Asháninka no acostumbramos a poner chapas (alias)... nosotros nos tratamos como hermanos. Por ejemplo: hermano Ángel, hermano Saul. Nos tratamos como la hermandad Asháninka, como pueblo indígena. Si tenemos apodos es en nuestra lengua”, declaró para El Comercio Yanet Velasco Castillo, vocera del CARE.
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Según información del CARE, los preparativos para el Congreso Asháninka iniciaron desde el día 11 con visitas a las diversas comunidades indígenas para anunciar la actividad. Durante esas diligencias estuvo presente el ahora imputado por el presunto delito de secuestro.
Carlos Quispe Dávila, asistente legal del CARE, informó que los testimonios de los testigos protegidos respecto a la identidad de ‘Ángel’ no son claros, puesto que lo señalan como un rondero cuando el presidente del CARE es un líder indígena.
“Hay un desconocimiento de la estructura organizativa de las organizaciones indígenas. Se asume de que los asháninkas tienen un solo orden y están jerárquicamente estructuradas cuando en realidad el CARE pertenece a Aidesep y el CART al Conap. Entonces el primero no puede decidir o influenciar en lo que se haya hecho en Puerto Ocopa que es una de las principales alocuciones cuando se pretende involucrar a Ángel”, dijo.
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Las irregularidades del caso son varias. Según declararon los voceros del CARE, no fueron formalmente notificados desde un inicio sobre el proceso. “Recién pudimos conocer estos hechos a raíz de la detención de Fabián, presidente de CART, cuya ubicación de sus oficinas es al costado de CARE. Inevitablemente tomamos conocimiento del tema pero no habíamos sido notificados”, concluyó.
Este lunes vence el plazo de detención preliminar que también recae contra Ángel Pedro Valerio y de no esclarecerse el caso, podría enfrentar una prisión preventiva de hasta nueve meses, estimó el especialista. Para el CARE, la detención de su líder es una muestra de la lucha irregular de intereses por desorganizar a las comunidades indígenas que día a día luchan contra el narcotráfico en sus territorios.
En el caso de Fabián Antúnez, líder de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), fue detenido en las instalaciones de su organización el pasado 4 de setiembre. A la fecha continúa bajo custodia. Los testigos protegidos lo señalan como alias ‘La Bebita’, un hombre a quien no pueden reconocer plenamente con su identidad real y solo con su apodo.
A él también lo identificaron con su ficha Reniec. Lo llamativo es que, siendo un líder indígena y defensor ambiental con muchos años de trayectoria y representación en su comunidad, los presuntos colaboradores no conozcan su nombre completo, pero sí un presunto apodo del cual otros líderes indígenas han desmentido su existencia.
‘Fabian’ o ‘La Bebita’ habría dictado la orden de desaparecer a las cuatro personas que previamente fueron secuestradas por los otros 7 hombres que también son reconocidos bajo alias.
La Confederación de Nacionalidad Amazónicas del Perú (Conap), expresó su preocupación por la detención de Antúnez y de José Saavedra, jefe de la comunidad nativa de Puerto Ocopa. Señalaron que los pueblos indígenas están siendo criminalizados y estigmatizados, además hicieron un llamado para que los operadores de justicia observen de manera estricta el debido proceso.
Las pericias policiales forenses han encontrado signos de violencia en la zona donde se llevó a cabo la protesta en Puerto Ocopa, entre otros puntos del lugar; sin embargo, falta esclarecer qué tan verídicos son los testimonios de los testigos protegidos, las reales identidades de las presuntas ocho personas o si el crimen fue perpetrado por otro actor que aún no haya sido identificado. El caso continúa en investigación.
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