Líderes indígenas abandonan sus bosques para no morir asesinados

Su comunidad asháninka, localizada en Oxapampa (Pasco), recibe desde hace años amenazas de personas que han ocupado estos bosques para sembrar coca y vendérsela al narcotráfico. Contra las denuncias y patrullajes que hizo la población, las mafias han respondido con advertencias que han cumplido con plomo y pólvora.

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A la muerte de Lucio Pascual hay que sumar otros nueve asesinatos de defensores ambientales en los últimos dos años. El 12 de abril del 2020, Arbildo Meléndez (líder indígena de la comunidad Unipacuyacu, en Huánuco) fue asesinado con disparos de escopeta y, un mes después, el líder indígena Gonzalo Pío Flores (Nuevo Amanecer Hawal en Junín) fue torturado antes de recibir los disparos.

En la lista también están Santiago Vega Chota (comunidad Sinchi Roca de Ucayali), Lorenzo Wampagkit Tampik (guardabosques de la comunidad Imaza de Amazonas), Roberto Carlos Pacheco Villanueva (guardabosques de Tambopata en Madre de Dios), Herasmo García Grau (líder de la comunidad Sinchi Roca de Ucayali), Yenes Ríos (comunidad Puerto Nuevo de Ucayali), Estela Casanto Mauricio (comunidad de Shankivironi) y Mario Marcos López Huanca (comunidad de Shirarine de Pasco).

La otra lista extensa es la de líderes indígenas amenazados de muerte. Varios de ellos ya han dejado sus comunidades por temor a ser asesinados. Según fuentes de este Diario, en los próximos días, tres de estos líderes van a ser sacados de sus comunidades con ayuda de unas ONG. Dos serán albergados en Lima y uno de ellos será enviado hasta Ecuador. Algunos han pedido asilo al Gobierno de EE.UU.

Teddy Sinacay, de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (Arpi), dice que no existe un registro de todos los defensores ambientales que han dejado sus bosques para resguardarse de las mafias.

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Él mismo ya no vive en su comunidad Inpitato Cascada (distrito de Pichanaki, Junín). En el 2014, sicarios lo emboscaron en un mercado. No era su hora, dice. Durante la pandemia, su comunidad ha intentado impedir que se sigan derribando árboles para sembrar kion, porque se han destruido más de 100 hectáreas de bosque.

Jenrry Zegarra, de la Asociación de las Comunidades Asháninkas del Valle del Pichis (ANAP), es otro líder indígena amenazado. Debido a las advertencias que recibe desde el 2019, él cuenta con garantías personales.

“En algunas comunidades habían abierto pistas clandestinas con consentimiento de algunos comuneros. Pusimos un alto y eso chocó con intereses de narcos y paisanos [...] Tenemos varias amenazas. Han venido sicarios a buscarnos”, cuenta Zegarra.

Invasión de los narcos

Hay una ola de violencia que se ha acrecentado en la selva por un peligroso copamiento territorial del narcotráfico, explica el director del Instituto del Bien Común (IBC), Ernesto Ráez.

A esta expansión de las mafias, se suma la facilidad con que pueden amenazar y ordenar la muerte de alguien de forma impune. “El Estado debe tomar acción muy rápido antes de que esto se salga de control”.

El caso de Unipacuyacu, cuenta Ráez, es emblemático. Se trata de una comunidad kakataibo en Huánuco que ha sido acorralada en el 1% de su territorio por los invasores de tierras. Ya no pueden salir a pescar ni cazar. “Existe el riesgo de que las comunidades queden abandonadas, expulsadas de sus territorios, sin tierras”. 

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