El peligroso aumento de la minería ilegal en Loreto: con dragas más grandes extraen oro y contaminan ríos de la región

Es mediodía del jueves 1 de junio en la cuenca del río Nanay, en Loreto. Ha llovido toda la mañana y el bochorno es intenso. Desde el cielo, el río que serpentea el bosque amazónico parece detenido, nada perturba sus aguas de espejo, excepto la estela dorada que dejan las dragas en plena actividad. Son nueve y están succionando en simultáneo el fondo del río para extraer, con ayuda de grandes cantidades de mercurio, oro en una operación ilegal cada vez más difícil de detener.

“Lo preocupante es que son dragas mucho más grandes. Hemos detectado que ya no necesitan buzos, han mejorado sus mecanismos y capacidades. Eso genera mayor daño”, explica Bratzon Saboya, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Loreto-Maynas. El último jueves, El Comercio participó en el sobrevuelo de identificación sobre los ríos Nanay, Napo, Curaray y Arabella, en una ruta de 775 kilómetros que incluyó el Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu Chambira.

Aunque la alta nubosidad dificultó la visibilidad en algunas zonas, el sobrevuelo organizado por la Fundación para Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la iniciativa Unidos por los Bosques Perú permitió identificar en total 12 dragas operando: 9 sobre el Nanay, una en Napo, dos en Curaray.

Se estima que en la zona operarían al menos 40 provistas de tecnología satelital y recursos superiores al de las autoridades que les permiten avisarse en caso de operativos y evadir la vigilancia. “Cuando hacemos interdicciones no los encontramos en flagrancia delictiva porque les avisan de nuestra presencia y tienen tiempo de escapar. Lo que sí hacemos es recoger toda la información posible, números de teléfono, una vez incluso encontramos el uniforme de un militar, y con eso sustentar las carpetas fiscales”, explica.

Para entender la magnitud del daño: conseguir un gramo de oro requiere, al menos, dos gramos de mercurio. Cada una de las dragas que operan en Alto Nanay pueden obtener entre 80 y 100 gramos de oro por jornada. Solo con las 12 encontradas el jueves hablamos de más de dos kilos de uno de los metales pesados más tóxicos que existen. La contaminación amenaza el río que abastece a Iquitos y su medio millón de habitantes, así como a la biodiversidad única de la región.

Pero el problema no solo es ambiental. La minería ilegal de oro en la Amazonía tiene fuertes nexos con la corrupción -hay investigaciones que alcanzan a policías y autoridades locales-, narcotráfico, trata de personas, violencia y seguridad. Las amenazas y acoso a comunidades y guardaparques que se oponen es constante.

La madrugada del lunes 22 de mayo, por ejemplo, desconocidos presuntamente vinculados con mineros ilegales asaltaron el puesto de control Yarana de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicado en un paso fluvial clave hacia el alto Nanay, agredieron al personal de Sernamp y se llevaron valiosos equipos de vigilancia “En la reserva no hay dragas como en las cabeceras porque las comunidades son los principales aliados para oponerse. El problema es que el mercurio que contamina las cabeceras termina perjudicando a todos”, indica Herman Ruiz Abecazis, jefe de la reserva.

Lo cierto es que dentro de las comunidades nativas también hay aliados de mineros. Por amenaza o voluntad propia, existe un cada vez mayor número de personas que protege o trabaja para estas organizaciones criminales. La fiscalía estima que mineros ilegales pagarían a comuneros 25 gramos de oro por cada draga que opera en sus territorios. Se trata de una situación compleja porque, incluso reconociendo el enorme daño, el beneficio a corto plazo puede ser altamente llamativo en áreas abandonadas por el Estado.

El fiscal Saboya explica que cada gramo de oro se vende en el mercado local a 200 o 220 soles. Así, una cocinera de la comunidad que abastezca a las dragas puede recibir un gramo de oro de pago, mientras que los operarios hasta el 40% de la producción.

“La minería es un peligro porque genera ingresos rápidos a corto tiempo a costa de la destrucción del entorno”, añade el jefe de la reserva natural. Una alternativa para hacerle frente a este negocio letal es empoderar a las comunidades en el uso de los derechos otorgados para aprovechar los recursos naturales. En Allpahuayo Mishana, por ejemplo, han logrado alianzas con empresas como AJE para la venta del aguaje. Eso, sin embargo, los hace blanco de amenazas.

Aunque Madre de Dios sigue siendo la región más afectada por la minería ilegal de oro -solo en 2021 y 2022 se estima una deforestación minera de 11.200 hectáreas- en Loreto la presencia de dragas se ha multiplicado, especialmente desde la pandemia. El temor es que, con un estado que no se actualiza con la misma rapidez que el crimen organizado, Nanay se convierta en pocos años en la nueva La Pampa.

Para atender la enorme amenaza en Loreto, en el 2021 se declaró el estado de emergencia en el Alto Nanay a fin de permitir la intervención de las FFAA y una coordinación más directa con las distintas instituciones involucradas, como la fiscalía. La última prórroga venció en diciembre pasado y no hubo renovación.

“Lamentablemente, no hubo continuidad y eso dificulta la disposición de recursos y el trabajo de la fiscalía para intervenir de forma directa no solo en las dragas sino en lugares donde se esconden los insumos”, dice Ruiz.

Hasta la fecha, la fiscalía ha destruido 110 dragas en operativos de interdicción en la cuenca de Nanay. El problema es que, aunque ensamblar una cuesta entre 80 y 100 mil soles, el fiscal reconoce que es posible que las mafias en una semana ya tengan otra de reemplazo. Dinero sucio es lo que les sobra.