A menos de cuatro meses de vencer el contrato temporal de servicios de la empresa Frontera Energy en el lote 192 (Loreto), considerada la reserva petrolera más importante del país, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha delegado en la empresa estatal Perúpetro (entidad estatal a cargo de suscribir los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos) la implementación de la consulta previa, requisito indispensable para continuar con la negociación del contrato de concesión del próximo año.
► Minem reconoce incapacidad para implementar consulta previa en el lote 192
Tal como señala la resolución ministerial N°351-2019 del 14 de noviembre a la que accedió El Comercio, la Oficina General de Gestión Social del Minem admite que “no cuenta con los recursos humanos, ni materiales suficientes” para continuar con el proceso de consulta previa, que involucra a 24 centros poblados (19 comunidades nativas y cinco anexos). Es por ello, que propuso que se delegue la competencia temporal en Perúpetro.
Si no hubiera más demoras por hechos de fuerza (como los cierres del Oleoducto Norperuano por los derrames de petróleo o los conflictos sociales con las comunidades), el contrato entre Perúpetro y Frontera Energy vencerá el próximo 2 de marzo. A partir de esa fecha, Petro-Perú junto a un socio (que está por definir) deberá asumir la concesión por 30 años en cumplimiento de la ley 30357, que fue aprobada por el Congreso en el año 2015.
De acuerdo a fuentes del sector que consultó este Diario, el Minem detuvo el proceso de consulta previa por falta de presupuesto. Uno de los informantes sostuvo que la intención de la nueva jefa de la Oficina General de Gestión Social, Iris Cárdenas (exfuncionaria del Minem) es que el sector pueda enfocarse en temas de escala nacional como Las Bambas, Tía María o Quellaveco. Según el testimonio de las comunidades, la consulta previa quedó suspendida hace dos meses y el Minem llegó solo hasta la etapa informativa, la tercera de las siete partes del proceso.
El Minem confirmó a El Comercio que hasta el momento han realizado diez talleres informativos en las comunidades nativas: Los Jardines, Capahuariyacu, Andoas Viejo, 12 de Octubre y Nueva Jerusalén. Además de Marsella, Andrés Avelino Cáceres, Alianza Cristiana, Titiyacu y San Juan de Bartra y quedan pendientes otros seis talleres para terminar esta etapa. De acuerdo a información del Ministerio de Cultura, los procesos de consulta previa oscilan entre cuatro y seis meses y generalmente aquellos al sector hidrocarburos son los más extensos.
Frente al retraso, las comunidades representadas en las organizaciones nativas Fediquep, Opikapfe, Feconacor, Fedinapa, Oriap y Feconat solicitan desde setiembre la reprogramación y ampliación del proceso debido al incumplimiento del cronograma aprobado en mayo en el plan de consulta. Aseguran que de acuerdo al plan de consulta previa, el proceso debía durar 120 días, es decir, en setiembre tuvo que cerrarse la última reunión de la sexta etapa.
Además del retraso en el cronograma, los representantes de algunas federaciones han adelantado que la negociación durante consulta tendrá puntos álgidos como lo será ponerse de acuerdo en el porcentaje de la producción petrolera que recibirán las comunidades para el fondo social. Otro tema importante será la remediación ambiental de las zonas impactadas por la actividad minera que fueron dejadas por empresas que operaron antes en el lote como Pluspetrol (que operó el lote por 15 años).
De acuerdo a fuentes consultadas por El Comercio, de llegar a un escenario en que el lote 192 deba ser cerrado por la falta de acuerdo con las comunidades, implicaría un panorama de mayor conflictos, debido a que la población se abastece de servicios como electricidad de la actividad petrolera, las empresas que trabajan en el lote se quedarían sin contratos y aproximadamente 2.000 trabajadores se quedarían sin empleo en la ciudad de Iquitos.
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