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Los últimos violentos acontecimientos ocurridos en el distrito de Puinahua, en la provincia de Requena (Loreto) vuelven a poner en vitrina una larga problemática social que pone en riesgo la convivencia de dos comunidades, las importantes operaciones petroleras del Lote 95 y el acceso a servicios por parte de la población local.
Hasta el cierre de esta edición, dos embarcaciones que operan para la empresa petrolera PretoTal, encargada de la explotación del Lote 95, permanecen retenidas en el Canal de Puinahua (río Ucayali), desde la mañana del martes, junto a sus tripulantes por miembros de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap). Ellos se autoidentifican como parte del pueblo Kukama Kukamiria, principalmente.
En estas embarcaciones, los miembros de Aidecobap mantienen retenidos a la tripulación, trabajadores de empresas tercerizadas por PetroTal. Una de las naves lleva 40.000 barriles de petróleo. En total son catorce personas secuestradas. Seis de estas brasileras y ocho peruanas.
El Comercio se comunicó con James Pérez Pacaya, presidente de la Aidecobap, quien comentó que los tripulantes “no están secuestrados”, pues tendrían libertad movilizarse. Para José Luis Medina, gerente de Sostenibilidad de PetroTal que conversó con El Comercio, se trata de un claro acto de secuestro a los operarios y las embarcaciones.
Horas luego de conocerse el secuestro de las dos tripulaciones, miembros de la Aidecobap atacaron con armas punzocortantes a una embarcación de la Marina de Guerra del Perú donde se trasladaba el fiscal provincial penal corporativo de Requena, Francisco Torres Vásquez, quien llegó a la zona para constatar los actos perpetuados por Aidecobap. El oficial naval Abraham Zabala Oliver resultó herido, informó la empresa petrolera.
Ayer por la tarde se confirmó el secuestro de Carlos Arbildo Valera (35), gestor social de PetroTal y oriundo de la Comunidad de San Carlos de Puinahua. “Lo mantuvieron retenido contra su voluntad en la plaza de Bretaña [capital de Puinahua] por dos horas”, señaló la compañía. Arbildo Valera fue retenido por dos horas.
Asimismo, miembros de la Junta de Autoridades del Puinahua (JAP), comunidad mayoritaria, autoidentificado como mestizos y colonos, secuestraron a alcalde distrital de Puinahua, Giordano Mendoza y una regidora. Esto habría motivado la captura de Arbildo Valera. Según Medina, se trató de una especie de trueque.
Medina reveló a El Comercio que, en las últimas semanas, hasta siete embarcaciones de las operaciones de PetroTal han sido retenidas o desviadas por Aidecobap, obligándolas a regresar hacia otros distritos.
Actualmente, la empresa ha paralizado sus actividades, causando un gran perjuicio económico para toda la región de Loreto y el país. Incluso, Medina considera que en los próximos días habrá un desabastecimiento de combustible en la región loretana.
Distritos de la provincia de Requena ya sufren la ausencia de servicios, como luz y agua potable ante la falta de combustible que era suministrado por la propia empresa.
Un conflicto de raíces profundas
Los actos que direccionaron de manera directa esta reacción por parte de Aidecobap se resume en un proyecto de reglamento que beneficiaría al distrito de Puinahua con la entrega del 2.5% de las ganancias por barriles de petróleo vendidos por PetroTal cada quincena.
Esta iniciativa fue aceptada por el Consejo de Ministros e incluso se agregó como una adenda al contrato entre PeruPetro y PetroTal con el fin de que sea un aporte obligatorio y no voluntario, siempre y cuando no se paralicen las operaciones por conflictos sociales. Una vez se recibió el visto bueno del Ejecutivo, se procedió a elaborar el reglamento.
Esto último detonó las ya frágiles relaciones entre Aidecobap y la empresa. “Han buscado aprobar como dé lugar el reglamento que no reconoce a las comunidades, solo las localidades”, señaló Pérez Pacaya.
Además, el vocero de la asociación explicó que propusieron que el Consejo que administrara el fondo del fideicomiso sea constituido de la siguiente forma: dos integrantes de la sociedad civil, dos de Aidecobap, dos de la municipalidad y un integrante del Ministerio de Energía y Minas. Como observadores, PetroTal y PeruPetro “por la salud de este fondo [al no tener capacidad de acción]”, señaló el vocero de Aidecobap.
Para Pérez Pacaya, “están [PetroTal] utilizando el fondo para desaparecer al pueblo indígena [y así] ampliar las operaciones [petroleras] sin consulta previa [a la comunidad indígena]”. Entre el 26 y el 28 de mayo, Aidecobap comunicó el “control territorial de todo el Puinahua”.
Sin embargo, cuando se aprobó el reglamento, a fines de mayo pasado, se detalló que la administración estaría compuesta por un representante de la JAP, uno de Aidecobap, un representante de la municipalidad, uno de PeruPetro, uno de PetroTal, otro de la Academia (universidad) y un representante de gerencia técnica.
Además, se reglamentó que el consejo incluya a un delegado de cada una de las 18 comunicades del distrito, así como miembros externos como un representante de la Subprefectura, un juez de Paz y un vocero de la Comisaría de Bretaña.
Este acuerdo se firmó sin la presencia de Aidecobap, quienes se retiraron de la reunión, según la Defensoría del Pueblo y la empresa. Sin embargo, según PetroTal, la ley permitía su aprobación con mayoría absoluta.
Comunidades encontradas
Medina explicó a El Comercio que Puinahua se encuentra a unas ocho horas de Iquitos vía fluvial. La otra única opción para llegar al lugar es por helicóptero. Asimismo, reveló que un 79% de las necesidades básicas del distrito “están desatendidas”. “El Estado no está presente y esto hace que [la población] confunda a la empresa con el Estado”, indicó.
Además de la pobreza, el conflicto entre miembros de la JAP y Aidecobap viene creciendo día a día. Incluso, la Defensoría del Pueblo advirtió a este Diario que esta problemática podría terminar por un conflicto de comunidades enfrentadas de no tratarse oportunamente.
La principal división está en a la autodenominación de ambas partes. Los miembros de Aidecobap se consideran una población indígena y buscan recuperar el territorio ancestral. Por otro lado, la JAP representa a los mestizos de la zona.
Actualmente, la JAP busca proteger las operaciones de PetroTal de las acciones, muchas de ellas violentas, de la Aidecobap. “Ellos defienden a la economía de la empresa y nosotros protegemos al pueblo. Son financiados [por PetroTal]”, reclamó Pérez Pacaya.
Cabe recordar el conflicto ocurrido en agosto del 2020, cuando tres pobladores Kukama fallecieron en enfrentamientos contra la policía durante una protesta en contra de la empresa PetroTal. En el 2019 también tomaron las instalaciones del Lote 95.
