El contrato de servicios de la empresa canadiense Frontera Energy en el lote 192 vence en marzo del 2020. Sin el resultado de la consulta previa no se puede firmar un nuevo contrato de concesión. (Foto: Archivo).
El contrato de servicios de la empresa canadiense Frontera Energy en el lote 192 vence en marzo del 2020. Sin el resultado de la consulta previa no se puede firmar un nuevo contrato de concesión. (Foto: Archivo).
Francesca García Delgado

A través de la resolución ministerial N°351-2019 del 14 de noviembre, el resolvió delegar el proceso de implementación de la del lote 192 en la región Loreto, considerada la reserva petrolera más importante del país, a la empresa estatal Perupetro, encargada de suscribir los contratos de exploración y explotación en el sector hidrocarburos.

Además de la consulta previa en el lote 192, la norma dispone que Perupetro asuma la implementación de los procesos de consulta previa de los lotes 200 y 201.

En el documento, la Oficina General de Gestión Social deladmite que no cuenta con la logística necesaria para continuar con el proceso de , el cual involucra a 24 centros poblados (19 comunidades nativas y cinco anexos). En este marco, el sector solicitó que sea Perupetro la que temporalmente se encargue del proceso. La es un requisito legal para suscribir el nuevo contrato de explotación en el lote petrolero.

El actual contrato temporal de servicios suscrito entre el estado y la empresa vence el próximo 2 de marzo. A partir de esa fecha, la estatal Petro-Perú junto a un socio (que está por definir) deberá asumir la concesión por 30 años en cumplimiento de la ley 30357, que fue aprobada por el Congreso en el año 2015.

“Que la Oficina General de Gestión Social mediante documento señala que a la fecha se encuentran en trámite los procesos de referidos a los Decretos Supremos aprueben la suscripción de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos correspondiente de los lotes 192, 200, 201. Sin embargo no cuenta con los recursos humanos, ni materiales suficientes para efectuar la implementación de los referidos procesos, motivo por el cual proponen que se delegue a Perupetro la competencia para implementar los referidos procesos de consulta previa”, refiere el documento.

Resolución ministerial del 14 de noviembre donde el Minem le delega la competencia a Perupetro para realizar la consulta previa en el lote 192 y en los lotes 200 y lote 201. (Fuente: Minem)
Resolución ministerial del 14 de noviembre donde el Minem le delega la competencia a Perupetro para realizar la consulta previa en el lote 192 y en los lotes 200 y lote 201. (Fuente: Minem)

Según la ley peruana, las etapas del proceso de deben ser implementadas por las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa. En este caso, es función de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del implementar los procesos de consulta previa que se originen en proyectos del sector. Sin embargo, las entidades pueden delegar el ejercicio de esta competencia a sus órganos en otras entidades, cuando “existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente”.

Este cambio se anuncia a solo cuatro meses de vencer el contrato de concesión con Frontera Energy. En caso la no esté aprobada en la fecha límite del contrato, Petro-Perú no podrá tomar el lote porque no puede suscribir un nuevo contrato. Los procesos de consulta previa oscilan entre cuatro y seis meses según el Ministerio de Cultura. Si bien en la etapa preparatoria no existe un plazo definido, generalmente se toma entre uno o dos meses dependiendo de cuántos actores existen el número de comunidades y que tan grande o chico es el proceso. Siempre los procesos de hidrocarburos son extenso.

El presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, declaró en setiembre de 2018 que en promedio el proceso de consulta previa para el lote 192 duraría seis meses. Es decir, tuvo que estar terminado en marzo del año pasado.

De acuerdo a fuentes del sector consultadas por El Comercio, el cierre del lote implicaría conflictos sociales con las comunidades las cuales se quedarían sin atención, servicios como electricidad, sin contratos para sus empresas y unos 2.000 trabajadores sin empleos en la ciudad de Iquitos.


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