Bebé asesinado en Iquitos: ¿Cuáles fueron los argumentos para darle 7 meses de prisión preventiva a sus padres?

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, de la Corte de Justicia de Loreto, dictó prisión preventiva por siete meses contra Jesús Bautista Saldaña y Priscila Vanesa Cachique, los padres del bebé de 10 meses que fue apuñalado en el puente Nanay, en Iquitos (Loreto) a inicios de mayo.

Los investigados, que permanecieron 72 horas en detención preliminar, fueron acusados por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio del menor.

La medida contra Saldaña (autor mediato) y Cachique (cómplice primario) tiene por finalidad asegurar la presencia de los imputados durante el proceso hasta la expedición de la sentencia.

El juez Gary Martín David Nolasco Velezmoro remarcó que la tesis no establece que los padres le quitaron directamente la vida al menor, sino que habrían contratado a una persona para que lo haga, convirtiendo al padre en autor y a la madre en cómplice.

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Sin embargo, precisó que “no se ha determinado con certeza si los señores son responsables o no de las acusaciones, sino que se ha determinado que hay un alto grado de probabilidad de que sean sentenciados al finalizar la investigación”.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una audiencia para dictaminar 18 meses de prisión preventiva contra ambos padres. En el transcurso de esta, el juez mencionó un total de once considerandos para determinar que la duración de la pena sea de siete meses.

1. La prisión preventiva es una medida coercitiva en contra de un imputado. En este caso, la Fiscalía plantea que es necesaria ya que otras medidas no serían suficientes. Sin embargo, no es una audiencia de juzgamiento, sino para tomar disposiciones estrictamente cautelares.
2. Para que exista una orden judicial, se deben tener los suficientes elementos de convicción. En ese marco, se debe respetar el principio de proporcionalidad.
3. Hay principios básicos para determinar una prisión preventiva. Uno de ellos es que los investigados están obstaculizando la investigación.
4. En los delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato no estarían involucrados ambos acusados, solo el padre.
5. No habría precisión específica en el informe del Ministerio Público para clarificar el accionar de la investigada.
6. Se deben respetar los plazos para que la defensa pueda prepararse y fundamentar cada extremo del caso con exhaustividad; además de brindar un tiempo razonable al juez para resolver la investigación.
7. No hay un testigo que haya visto el crimen. Por otro lado, algunos de los testigos pueden estar construyendo su versión en base a lo visto en los medios de comunicación.
8. Las declaraciones que hayan hecho los padres como testigos no pueden usarse en su contra ya que ahora están en condición de investigados. Por otra parte, es necesario que se les realice una pericia psicológica.
9. La Fiscalía pudo presentar sus fundamentos de manera más clara ya que estos presentarían incoherencias. Por ejemplo, los demandados han entregado la información solicitada por el Poder Judicial, por lo que no existiría una intención de fuga. Además, se dice que la madre era la cómplice, pero también que estaba en constante confrontación con su esposo.
10. El hecho de que la señora haya cambiado su versión no quiere decir necesariamente que esté obstaculizando la investigación.
11. Los 18 meses de prisión preventiva no serían un plazo razonable debido a la forma en la que se han presentado los hechos. Se dictaminó que el informe del Ministerio Público solo se ha basado en indicios. Por ello, no se podría justificar tal cantidad de meses.

Por estas razones, el despacho del juez determinó que la prisión preventiva para ambos padres será de siete meses.

Luego de estar en estado crítico durante cuatro días en el Hospital Regional de Loreto, el menor falleció el 11 de mayo. En primera instancia, la pareja dijo que su hijo recibió varias puñaladas durante un asalto en el puente Nanay. Aseguraron que el ladrón escapó.

Es así que el Ministerio del Interior, a través de su Programa de Recompensas, comunicó que ofrecía hasta 150.000 soles por información que ayude a capturar a los asesinos.

Cuando Bautista y Cachique dieron más detalles a la PNP y reconstruyeron el crimen, evidenciaron una serie de cabos sueltos. Indicaron que habían salido a un paseo familiar nocturno, pero según información del Gobierno Regional de Loreto, el puente Nanay no cuenta con iluminación y el acceso es limitado a partir de las 9 de la noche.

“En la entrada hay un vigilante que impide el tránsito por la falta de luz. Los padres y el menor llegaron al lugar a las 10 de la noche y, con mentiras, habrían logrado ingresar comentando que vivían en un centro poblado cruzando la estructura (...). En el puente no se cometen actos delictivos por la seguridad que hay”, dijo el general PNP Héctor Bernal.

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Según la versión de los padres, los delincuentes escaparon con dirección a la playa aledaña a la Av. La Marina, los hampones tendrían que haber salido por el mismo lugar donde ingresó la pareja. No obstante, la policía informó que el vigilante del lugar negó la declaración ya que no registró el movimiento de alguna moto o persona.

Por otro lado, la pareja denunció que también recibió golpes. Sin embargo, los resultados del médico legista no lo corroboraron. Es así que los agentes a cargo del caso empezaron a enfocarse en las contradicciones de la pareja y en la tranquilidad con la que contaban todo lo que pasó.

Un nuevo elemento dio un giro de 180 grados a la noticia. La madre acusó directamente al padre de ser el responsable del asesinato del bebé, junto a dos delincuentes. “Tú has hecho algo, tú has planeado esto para no darme la pensión de tu hijo”, señaló la mujer.

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El hombre negó rotundamente las acusaciones. Sin embargo, las contradicciones de los padres y el desarrollo de la investigación llevaron a que ambos fuesen acusados.

El abogado penalista Ronny Santillán señaló que no se trata de una sentencia, sino de un auto. “Se diferencia de la sentencia en el sentido de que esta última va a determinar si un acusado es culpable o no”, mencionó.

El especialista añadió que la Fiscalía todavía no tiene los elementos de convicción claramente definidos. “Es necesario que se recaude una mayor cantidad de indicios fundamentados. Por otro lado, es muy importante que se realicé la pericia psicológica a ambos padres lo más pronto posible”, dijo.

Santillán considera que siete meses es una cantidad suficiente para tener una resolución. “Recordemos que en una audiencia no se halla la culpabilidad de acusado, sino que pueden aparecer otras tesis (...). Esta audiencia en particular se prolongó bastante. Si se hacen las diligencias correspondientes, en siete meses o menos se podrían establecer sanciones claras y así encontrar justicia para la criatura”, contó.