Juez se opone a cerrar locales que sirven a mineros ilegales

JUAN PABLO LEÓN ALMENARA

Hay un tramo de cinco kilómetros de carretera Interoceánica Sur en el que se cometen al menos 30 delitos tipificados en el Código Penal: desde homicidios y proxenetismo, hasta exposición al peligro, contrabando y otras graves amenazas contra la salud, el medio ambiente, la seguridad y el patrimonio.

Este trecho es llamado 107 y se ubica en la provincia de Tambopata, cerca de Mazuco, en Madre de Dios. Allí opera la base logística de los mineros ilegales, quienes han destruido 50.000 hectáreas de selva para procesar oro en pozas de mercurio y cianuro. En este lugar existen cientos de prostíbulos, bares, talleres de mecánica, hostales y precarias boticas.

Los talleres clandestinos de mecánica constituyen el primer eslabón en esta cadena delictiva: a pocos kilómetros, en el sector La Pampa, los motores que se usan para extraer oro funcionan las 24 horas del día y deben recibir mantenimiento. Por ese motivo, el Ejecutivo y el Ministerio Público han puesto el ojo sobre los centros clandestinos de reparación que operan entre los kilómetros 105 y 110 de la Interoceánica. “Sin talleres, los motores no son reparados. Sin motores, los mineros ilegales no pueden seguir extrayendo oro. Y si no se puede sacar el mineral, la selva podría salvarse”, explica Daniel Urresti, alto comisionado para la interdicción minera de la PCM.

El último 9 de junio, la Fiscalía Provincial Mixta de Mazuco emitió al juzgado local un requerimiento para allanar y descerrajar 16 talleres clandestinos –los más grandes de la zona– en los que se reparan exclusivamente equipos de la minería ilegal. Con los argumentos para hacerlo, el fiscal a cargo, José Vera Farfán, solicitó incautar la maquinaria para reparar los dispositivos y el petróleo ilegal almacenado, así como detener a los involucrados del delito.

LAS TRABAS

Pese a reunir los argumentos, un día después este pedido fiscal fue declarado infundado, en un polémico expediente emitido por el juez David Ochoa Yucra, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Inambari. El requerimiento fue rechazado “considerando el derecho de inviolabilidad de domicilio […] y porque en el requerimiento fiscal no se especifica la ubicación exacta de los lugares”. Sin embargo, El Comercio accedió al documento fiscal en el que sí se detalla la ubicación de los locales a intervenir. Cabe indicar que ninguno en la zona posee licencia de funcionamiento.

Para la abogada penalista Romy Chang Kcomt, existen argumentos suficientes para allanar cualquiera de estos establecimientos, en primer lugar, debido a los delitos paralelos que se comenten a partir de la actividad minera en la zona, como la trata de personas, el proxenetismo, la venta clandestina de combustible y el robo; y en segundo lugar, porque el derecho a la inviolabilidad de domicilio puede pasarse por alto si hay evidencias de que al interior se cometen actos irregulares.

“Los que trabajan en estos lugares son cómplices del delito”, sostiene la abogada, quien aduce que el comportamiento de este magistrado “es cuestionable”.

El fiscal José Vera Farfán confirmó a este Diario que su pedido fue rechazado por el juez, pero evitó emitir una opinión por su propia seguridad. En tanto, hasta el cierre de esta edición el magistrado David Ochoa no contestaba a nuestras llamadas.

El Ministerio Público pedirá a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial que investigue la decisión de este funcionario.

LA TERCERA DEL AÑO

Esta no es la primera vez que se cuestiona a un magistrado en Madre de Dios. A inicios de marzo de este año, el titular de la Corte Superior de Justicia de esa región, Adolfo Cayra, destituyó sorpresivamente a Juan Becerra Marroquín como juez del distrito de Huepetuhe (Madre de Dios), luego de que este anulara una serie acciones de amparo y recursos de hábeas corpus que favorecían a empresas familiares dedicadas a la explotación ilegal de oro.

Es decir, Becerra fue destituido pese a haber defendido los recursos naturales protegidos por el Estado Peruano. Días después, tras recibir una llamada de atención del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, Cayra restituyó al juez Becerra Marroquín.

También en marzo, otro juez de Huepetuhe estuvo en el ojo de la tormenta. Un medio nacional denunció que el Juzgado Mixto del distrito del mismo nombre, cuyo objetivo principal es enfrentar a la extracción ilegal de oro, funcionaba en un domicilio de propiedad de un miembro de la familia de la Gregoria Casas ‘Tía Goya’. La denuncia informaba que el entonces presidente de la Corte Superior de Madre de Dios, John Hurtado, firmó un contrato con Cecilio Baca Fernández, esposo de ‘Goya’, para el alquiler de un inmueble para los despachos del Juzgado Mixto y el Juzgado de Paz. El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Odecma), Marino Cusimayta Barreto, cuestionó públicamente este sospechoso vínculo.