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Los deudos de las personas que murieron y aquellos que quedaron heridos de gravedad durante las movilizaciones registradas a fines del año pasado, recibirán una ayuda económica del Gobierno, según un decreto de urgencia publicado ayer.
La ayuda económica se costeará con el presupuesto del Ministerio de Justicia de este 2021 y se otorgará de manera excepcional y por única vez. Los montos oscilan entre S/40 a S/80 mil por persona fallecida, y entre S/15 mil hasta S/720 mil por persona herida de gravedad.
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Las movilizaciones se produjeron, en noviembre, contra el gobierno de Manuel Merino a partir del mismo día que juró como presidente de la República en reemplazo de Martín Vizcarra, quien fue vacado por el Congreso.
Las manifestaciones se registraron desde distintos lugares del país y a la postre, ocasionaron la renuncia de Merino a seguir siendo mandatario. Asimismo, en diciembre, trabajadores del sector agroexportador bloqueron carreteras en rachazo a las condiciones precarias en las que laboraban. En el norte, la protesta se concentró en La Libertad y en el sur, en Ica.
En julio de este año, el Gobierno anterior entregó una ayuda económica a las familias de Bryan Pintado, Inti Sotelo (muertos en las marchas contra Merino) y Jorge Muñoz (muerto en el paro agrario, en La Libertad). “Con este nuevo decreto lo que se está haciendo es ampliar el universo de las atenciones. Se está atendiendo a todos los heridos graves del paro agrario y de la marcha de Merino y también a las familias de los dos fallecidos que faltaban reparar del paro agrario (Reynaldo Reyes Ulloa y Kauner Rodríguez de la Cruz)”, indicó Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
Esta organización forma parte del Comite Multisectorial a cargo del seguimiento de la atención de los deudos de las personas fallecidas y las personas con heridas graves por las movilizaciones de fines del año pasado.
Según información a la que tuvo acceso este Diario, los beneficiarios son los deudos de las dos personas que fallecieron y 28 heridos de gravedad (26 de las marchas de noviembre y dos del paro agrario).
Puntos de vista
Mar Pérez indicó que la reparación económica es importante, pero también lo es brindar medidas de satisfacción como pedir perdón a todas las víctimas por los abusos policiales y dar las garantías de que no se repetirán, “es decir, la obligación de llevar a cabo reformas en la policía para que nunca más las personas que salen a movilizarse se jueguen la vida o sean vulneradas en su integridad física”.
En otro momento, destacó que las investigaciones estén avanzando en Lima, sin embargo, dijo, en provincias los avances no van a la par. “Nos preocupa muchísimo el avance de las investigaciones en Ica, no se ha hecho prácticamente nada un año después de los hechos y esto es gravísimo”, cuestionó.
También dijo que le preocupaba que a diferencia de Lima, en provincias los fiscales a cargo de los casos están enfocando su labor “en las personas que dispararon”, pero no en los mandos policiales, tal como se ha hecho en la capital, “por eso tenemos al jefe de la región policial, al director general de la policía como imputados, y lo mismo debería hacerse en La Libertad e Ica”.
La abogada y directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, expresó su satisfacción por la norma emitida por el Ejecutivo. “Son obligaciones que tiene el Estado y es su deber cumplirlas. Estas personas fueron lesionadas producto de funcionarios estatales”, dijo.
Indicó que el Estado debería brindar atención médica y la garantía para que las personas víctimas de la represión policial puedan acudir a los establecimientos de salud sin necesidad de pagar, para realizar sus rehabilitaciones, tanto físicas como psicológicas.
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El exdefensor de Pueblo Walter Albán saludó la emisión del decreto de urgencia. Destacó que, en la misma norma, se señale que esta ayuda económica no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria, por lo que las personas pueden ser indemnizadas a través del fuero judicial sobre la base de las responsabilidades que, eventualmente, se establezcan.
“Creo que lo que ocurrió en aquella circunstancia, ya al margen de todo lo que pueda haber estado atrás, es que hubo víctimas que pudieron haberse evitado si las decisiones hubieran sido otras”, comentó.
Finalmente, indicó que no hay antecedentes recientes de entrega de ayuda económica, pero “recordemos que a propósito del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hubo algunas compensaciones de carácter económico para las víctimas de violencia”.
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