Más de 54 mil alumnos han sido afectados por la denegatoria de licencia a 19 universidades

–¿Están aceptando matrículas?

–Sí, todavía.

–Porque vi en las noticias que no podían hacerlo por el tema de la Sunedu.

–No, no. Sí se puede.

–¿Pero la denegatoria de licencia no es válida acaso?

–Hasta este momento, que ha salido una acción de amparo, ya no es válida.

Al otro lado del teléfono, un representante comercial de la Universidad Telesup respondía –con márketing de manual y bastante atento– todas las interrogantes de un potencial estudiante dispuesto a matricularse en la carrera de Derecho Corporativo, según lo comprobó ayer El Comercio.

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El miércoles último, un juzgado de Bagua le otorgó una medida cautelar a esta casa de estudios para que siga operando, pese a que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegó el licenciamiento en mayo de este año porque no cumplió ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria. Sin embargo, debido a la decisión judicial, Telesup ya reanudó sus procesos de matrícula y admisión.

El representante de esta universidad confirmó así que el lunes 14 comenzarán las clases presenciales para cursos de segundo ciclo en adelante. En el caso de los nuevos alumnos, dijo, en diciembre próximo se abrirán las inscripciones para un examen de admisión, a fin de que las clases inicien en marzo del 2020.

—Las denegatorias en números—

A la fecha, la Sunedu ha denegado el licenciamiento a 19 universidades del país, todas privadas. Cada una de estas instituciones tiene un plazo máximo de dos años para cerrar sus puertas, por lo que están impedidas de convocar nuevos procesos de admisión. Además, deberán asegurar la continuidad de los estudios de sus alumnos; en total, 54.057 se han visto afectados por esta situación.

La universidad con licencia denegada que tiene el mayor número de estudiantes es Telesup (20.274). Esta puede seguir operando luego de que el juez Alberto Cohen Vela –investigado por la fiscalía por presuntos actos de corrupción, y con comparecencia restringida– concediera una medida cautelar a la casa de estudios y al alumno Jhonatan Hernández Martínez, quien presentó un recurso de amparo contra la Sunedu en setiembre pasado. Tras emitir este cuestionable fallo, Cohen Vela renunció un día después, el jueves.

Uno de los argumentos de Telesup para cuestionar la denegatoria de su licenciamiento fue que la Sunedu dio un mayor plazo a otras universidades para evaluarlas. En el caso de esta casa de estudios, la entidad estatal demoró 19 meses (591 días) para culminar el proceso y sus tres etapas: revisión documentaria, verificación presencial y emisión de resolución.

En promedio, para evaluar a las 19 universidades que resultaron con licencia denegada, la superintendencia tomó 31 meses (957 días). Martín Benavides, titular de la Sunedu, explicó que los plazos varían en función de las características de las instituciones educativas, ya que algunas tienen más alumnos, filiales en varias localidades o programas a distancia.

El funcionario precisó que se generó un cronograma y se dividieron a las universidades que solicitaron su acreditación en grupos para una evaluación ordenada. “Telesup decide ingresar al proceso esperando hasta al final, al grupo 8. De ese grupo, ya hay universidades licenciadas y otras que no. No ha habido ninguna discriminación”, dijo Benavides.

—Universidades en el papel—

Este Diario accedió a algunos expedientes de las universidades que no lograron su acreditación. Aunque es conocida la “falsa fachada” de una sede de Telesup en San Juan de Lurigancho (Lima), que según la institución era un “muro cortina” con fines estéticos para un local donde no se dictaban clases, hay otros casos llamativos.

En la Universidad Particular de Chiclayo (Lambayeque), cuya licencia fue denegada en julio pasado, la Sunedu detectó –entre otras deficiencias– que el cerco perimétrico del campus estaba incompleto y tenía acceso a propiedades externas, como una discoteca. Además, los cadáveres utilizados para estudio no eran conservados adecuadamente, y los residuos biológicos estaban acumulados.

En la Universidad Arzobispo Loayza (Lima), con licencia denegada en julio, se identificaron serios problemas de infraestructura: laboratorios sin protección solar; coberturas de fibro-cemento (prohibidas por ley); y pabellones conectados con diferentes alturas (que generan riesgos ante evacuaciones).

—Sigue el licenciamiento—

Esta semana, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se convirtió en la número 19 que no logró su licenciamiento luego de tres años de proceso. Hasta el momento, es la segunda institución con el mayor número de alumnos afectados: 16.650.

Martín Benavides dijo que no se contemplará el tamaño del alumnado para denegar la acreditación, y confirmó que las evaluaciones de las 46 universidades que siguen en el proceso culminarán en diciembre. Agregó que algunas instituciones públicas se encuentran “en riesgo” de no obtener su licencia. A la fecha, entre las universidades estatales con resolución pendiente están Federico Villarreal y La Cantuta.

Para Daniel Mora, excongresista y gestor de la Ley Universitaria, la reforma “va por buen camino”. “Pero no se le puede dejar a merced de jueces que con medidas cautelares afectan el proceso”, dijo.

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