Una investigación publicada hace unas semanas por la agencia Associated Press (AP) ha señalado que en los últimos años, las autoridades peruanas habrían sido responsables de trabas en los esfuerzos de Estados Unidos en la lucha contra la tala ilegal y el tráfico de madera. Ello, en el contexto de la obligación que mantiene nuestro país de garantizar el origen legal de la madera, en cumplimiento con los compromisos pactados en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. en 2006.Follow @sociedad_ECpe
Durante el año 2015, un trabajo articulado entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) -con apoyo de la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas- logró ejecutar distintas intervenciones e incautaciones de grandes volúmenes de madera ilegal, en por lo menos tres cargamentos de exportación desde el Perú con destino a Estados Unidos y México.
El 24 noviembre de 2015, en el marco de la llamada Operación Amazonas, las autoridades realizaron el decomiso de un cargamento de madera valorizado en más de S/1.6 millones en el puerto de Iquitos, una de las mayores incautaciones de madera realizada hasta el momento de acuerdo al Osinfor. A la fecha de la intervención, las autoridades aseguraron que el 15% de este cargamento (el tercero que había transportado en el 2015 la embarcación Yacu Kallpa) era ilegal. Pese a ello, la madera salió del país por falta de presupuesto para descargarla. Los destinos del cargamento eran los puertos de Tampico (México) y Houston (Estados Unidos).
Durante los meses siguientes, el Osinfor (ente encargado de verificar en el bosque si la madera proviene de zonas permitidas) procesó la información que los exportadores entregaron a la Sunat (que incluía la declaración oficial del lugar de procedencia de la carga) y, tras comprobar que los árboles no habían salido del lugar que señalaban como origen, determinó que el porcentaje de madera ilícita embarcada en el Yacu Kallpa no era 15% sino alcanzaba más del 90% del cargamento.
80% de inspecciones contra tala ilegal irregulares según Osinfor https://t.co/5tONifu7Rc por @Fchzk pic.twitter.com/hQnmXZpxHe— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 15 de septiembre de 2016
Hoy un informe del portal Ojo Público informó que el 24 de abril, el titular del segundo juzgado civil de Loreto, Sergio del Águila Salinas, admitió en primera instancia un recurso de amparo presentado por la empresa Sico Maderas (junto a Inversiones La Oroza y Corporación Inforest MC SAC, propietarias de la madera incautada en noviembre de 2015) en el Yacu Kallpa. Además, el fallo ordena anular los decomisos del Ministerio Público contenidos en ocho guías de transporte forestal y que la fiscalía ambiental pague los costos del proceso judicial a la empresa.
La fiscalía ambiental apeló ayer la sentencia judicial al considerar que la intervención realizada por los fiscales estuvo debidamente sustentada en la ley, y que lograron acreditar que la madera había sido extraída ilegalmente. De acuerdo a fuentes fiscales de El Comercio, el porcentaje que representa el volumen de madera al que se refiere la decisión judicial de primera instancia es solo el 4% (386 metros cúbicos) de todo el cargamento (9.651 metros cúbicos). Añadieron que esta sentencia no pone en riesgo el proceso que mantienen las autoridades por la millonaria incautación del Yacu Kallpa.
“El fallo no será ejecutado hasta que una instancia superior se pronuncie respecto a la apelación y no se devolverá madera, el juzgado se ha dado cuenta que ha cometido un error de fondo y están esperando subsanarlo en la respuesta de la apelación”, sostuvo una fuente fiscal desde Iquitos.
#Ucayali, la capital del tráfico de madera más grande del país
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-El papel del Mincetur-
El informe de AP hace referencia a una carta enviada por la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, al ex representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Michael Froman, el 29 de febrero de 2016 (obtenida por Proética). Para esta fecha, Osinfor había enviado informes a los ministerios competentes sobre el origen de la madera de los tres cargamentos enviados en el Yacu Kallpa en el 2015: el primero en enero, el segundo en setiembre y tercero en noviembre 2015. Todos hechos en el mismo barco: el Yacu Kallpa. Todos con altos porcentajes de madera ilegal.
Respecto al primer cargamento, el Osinfor calculó que hubo entre un 80% y 90% de madera ilegal. En cuanto al segundo, las autoridades aduaneras de los EEUU detuvieron la madera y evitaron su ingreso a Houston, Osinfor estimó un 90% de presencia de madera ilegal. En el tercer cargamento (también con rumbo a Houston) que solo llegó a hasta el puerto de Tampico (México), la institución estimó que el 96% era ilegal.
La carta del Mincetur, se envió tres días después que el propio Michael Froman, solicitó al gobierno peruano información sobre la procedencia de la carga de madera inmovilizada en Houston desde el 20 de enero de 2015 (primer cargamento del Yacu Kallpa) propiedad de la empresa Inversiones La Oroza. Ello, ante el reporte del Osinfor que indicaba que el origen de gran parte de la madera era ilegal. Es decir, las autoridades estadounidenses solicitaron explicaciones al Mincetur, como sector garante del TLC, sobre información respecto al origen ilícito del cargamento que alertaban las propias autoridades peruanas.
Lo contradictorio ocurre en este punto: en su carta, Silva informa a los EEUU que la carga salió del Perú con documentos oficiales e insistió en que el Perú mantiene su compromiso en la lucha contra la tala ilegal. Aunque, en la carta no se hace referencia a la investigación que habían realizado el Osinfor, la Sunat y los otros entes involucrados en la Operación Amazonas.
El Comercio consultó a la ex ministra Magali Silva respecto al contenido de esta carta. Ella respondió que se decidió enviar el documento por la situación generada entre autoridades estadounidenses y exportadores por el envío de la madera retenida en Houston en enero de 2015. Según Silva, esta decisión se tomó en una reunión con cinco sectores (Ministerio de Agricultura, la Sunat, el Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), el Ministerio de la Producción y el Osinfor) que terminó firmando ella como titular del Mincetur, sector garante del TLC con EEUU.
“Lo que se calificó en esa carta no fue la carga sino que la salida que se hizo con documentos legales y con la autoridad regional de Loreto que te daban los títulos habilitantes y los guías de transporte forestal”, respondió Silva.
-“Pero es público que las bandas criminales dedicadas al tráfico de madera se valen de documentos aparentemente legales para legalizar la madera de origen ilícito, muchas veces en complicidad con funcionarios regionales”, repreguntamos a la ex ministra.
“Hasta la fecha en que yo escribí la carta, no hubo ningún resultado ni positivo ni negativo de parte de la Fiscalía sobre ese cargamento. Si hubiéramos tenido elementos fidedignos de una investigación culminada hubiéramos igual emitido una nota informativa a las autoridades de EE.UU”, respondió Silva.
Respecto a las versiones que señalan que hubo incomodidad al interior de gobierno respecto al trabajo del Osinfor, debido a que los informes sobre cargamento ilegal daban una “mala imagen” para el país, Silva respondió: “A veces una denuncia como esta corre a todo el mundo y si tenemos una economía estancada es riesgoso porque dicen: nunca más vamos a comprarle al Perú”.
Fuentes consultadas por este Diario y que estuvieron presentes en algunas reuniones sostenidas entre el Mincetur y otras entidades estatales sostienen que existió incomodidad de diversos funcionarios estatales debido a los reportes del Osinfor sobre los porcentajes de madera ilegal que el Perú exportaba a los Estados Unidos. Sectores como Mincetur, Agricultura y Relaciones Exteriores sostenían que ello podía “espantar” las inversiones y dañar la imagen país. La ex ministra prefirió no pronunciarse respecto a esta versión.
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