Perfil del policía acusado de descuartizar joven en Comas: anterior víctima revela las atrocidades que cometió
En mayo de este año, se reveló que más de 500 escolares de la provincia de Condorcanqui (Amazonas) fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual entre el 2010 y 2024 a manos de sus docentes y personal administrativo. Cinco meses después, los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes no han hecho sino aumentar y podrían superar las cifras del 2023: 3.519
¿Cuál es la evidencia de este preocupante panorama? Según el portal SíseVe —aplicación del Ministerio de Educación (Minedu) en la que cualquier ciudadano puede registrar un caso de violencia escolar— se reportan 3.065 casos de violencia sexual contra escolares hasta el 31 de octubre de este año.
De acuerdo a su nivel educativo, 70 casos corresponden a estudiantes de inicial; 826, de primaria; y 2154 de secundaria. Asimismo, el SíseVe registra 13 casos contra alumnos de la educación básica alternativa avanzada y 2 del nivel básico especial en primaria.
Según los subtipos de violencia sexual, el portal registra 120 casos de acoso sexual, 516 de hostigamiento sexual, 1.928 de tocamientos indebidos, 275 por violación sexual y 226 por acoso y violencia sexual a través de medios tecnológicos.
Por otro lado, de la cifra total de casos, 1.574 fueron cometidos por integrantes de la institución educativa en contra de un escolar y 1.491 ocurrieron entre alumnos.
Voces de expertos
Para José Gargurevich Valdez, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu, las cifras revelan que el gobierno y las autoridades de los colegios están fallando en su rol de garantizar que las instituciones educativas sean espacios protegidos.
“El objetivo de que los niños vayan a una escuela es que encuentren un espacio protegido. Si el gobierno y los directivos de los colegios no puede garantizar espacios de seguridad para ellos, entonces están fallando con su objetivo”, señaló. “El gobierno, en lugar de concentrarse en nuevas infraestructuras, debe antes garantizar que cada escuela sea un espacio seguro”, subrayó.
Por otro lado, Teresa Machado, presidenta de la Asociación Nacional de Psicólogos del Perú, advirtió sobre el grave impacto en la salud mental de los niños y adolescentes tras ser víctimas de violencia sexual.
“El impacto de un agresión sexual en un niño o adolescente es profundo y duradero tanto en su salud física como mental. Ellos se encuentran en una etapa de desarrollo, donde construyen su identidad, fortalecen su autoestima, toman decisiones y establecen relaciones con los demás. Estos episodios pueden desestabilizar estos procesos”, explicó.
“Las consecuencias pueden ocasionar un sentimiento de culpa en la víctima. Otras manifestaciones son los cuadros depresivos, intentos suicidas y autolesiones. La relación con sus pares, que es parte de su edad, se verá afectada: pueden mostrarse retraídos y tímidos, y no poder enfrentar presiones de grupo”, argumentó.
En esa línea, Gargurevich advirtió sobre los riesgos en la formación educativa. “Muchos niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual no continúan el colegio, porque sienten que el sistema educativo, en lugar de ser un sitio de acogida y seguridad, es un ámbito de peligro. Entonces, se quedarán sin desarrollar competencias académicas y emocionales”, explicó.
Por otro lado, sobre el acoso y violencia sexual cometidos por los profesores a través de medios tecnológicos, pueden ocurrir a través de los mismos formatos que se utilizan para las clases virtuales; por ejemplo, las plataformas de videoconferencia, mensajes de WhatsApp, llamadas etcétera.
“Los profesores tienen acceso a todos los datos que utilizan los alumnos para conectarse digitalmente. El acceso a esta información en línea en malas manos puede ocasionar que los alumnos sean víctimas de agresión sexual. Por eso, la educación a distancia debe ser bien planificada”, detalló.
Sobre una respuesta a esta problemática, Gargurevich, indicó que los padres de menores víctimas de violencia sexual deben crear espacios de confianza con ellos para que se sientan cómodos de comunicarles lo que les ocurre. “Si el colegio no es un lugar seguro para ellos, el hogar debe serlo. De lo contrario, los menores estarán en la desprotección total.
Así también, Machado mencionó que los colegios deben tocar temas de educación sexual y prevención de agresiones en los colegios. “Los niños aprenden a cuidar su cuerpo conociéndolo. Por eso, no se debe evitar hablar sobre la vida sexual en los colegios. Para ello, deben desarrollarse políticas educativas para abordar el tema y actuar ante denuncias”, manifestó.
El drama de los escolares en Condorcanqui
Entre el 2010 y 2024, 524 niñas, niños y adolescentes escolares de la provincia de Condorcanqui fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual a manos de sus docentes y personal administrativo. Ello se traduce en que cada mes durante los últimos 15 años existe una media aproximada de tres víctimas menores de edad. Del total de los denunciados, 5 fueron maestros nombrados y 519 contratados.
Estas lamentables cifras salieron a la luz luego de diversas denuncias públicas realizadas por Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis.
De acuerdo a un informe realizado por la Defensoría del Pueblo en el año 2015, donde supervisan la situación de los internados o residencias de los estudiantes del pueblo indígena Awajún, ubicadas en la cuenca del río Comainas, en el distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, detectó diversos problemas que a la fecha siguen sin solucionarse.
El hacinamiento, la existencia de camas y camarotes con colchones, falta de lugares para que los estudiantes guarden sus cosas, pocas raciones de alimentos e inexistencia de un lugar adecuado para que los alumnos accedan a servicios higiénicos son algunas de las circunstancias que propiciaron condiciones hostiles para los menores. Producto de dichas carencias, ese año directivos señalaron que los estudiantes se ven obligados a “prostituirse” para poder solventar gastos básicos como la alimentación.
