"Minería ilegal: seguir la ruta del dinero", por José Carlos Requena

El jueves 6 de julio, se hizo pública una megaoperación contra la minería ilegal por parte de la Policía Nacional en la zona conocida como La Pampa, entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera Interoceánica.

Enrique Vera informaba que “se destruyeron 31 motores, 756 galones de diésel, 1.070 metros de mangueras, 2.850 metros de tubos de PVC, dos motosierras, cinco balsas, una palanca hidráulica, tres bombas de succión, once generadores eléctricos, seis congeladores y 100 metros de soga”. Además, “se incautaron 32 motos lineales, seis radiadores y 19 trimotos”.

No es la primera vez que una operación de esta naturaleza tiene lugar. En julio del 2015, por ejemplo, un esfuerzo similar, en la misma zona, “permitió dar un golpe muy duro y sin precedentes a la minería ilegal en el país”, según destacaba la agencia de noticias estatal Andina (15/7/15), citando al entonces alto comisionado del Poder Ejecutivo para asuntos relativos a esa materia, Antonio Fernández Jerí. (De hecho, el hoy popular Daniel Urresti alcanzó notoriedad siendo el predecesor de Fernández Jerí, lo que lo llevaría luego a ser el mediático ministro del Interior de Humala que sucedió a Walter Albán).

Por aquella época, Fernández Jerí le dijo a la periodista Francesca García: “Tenemos programadas siete intervenciones similares hasta diciembre. Para entonces debemos tener controladas algunas de las zonas donde retornó la actividad ilícita por falta de continuidad” (El Comercio, 16/7/2015). Es poco claro qué pasó con las intervenciones anunciadas entonces y el impacto que tuvieron.

Pero, al margen de las operaciones de interdicción, siempre tan impactantes, es necesario encontrar un modo de acercarse al peso de la minería en la economía regional.

Según el Banco Central de Reserva, cerca del 40% de la economía regional depende de la minería, a pesar del deterioro reportado en el primer trimestre del 2017, determinado “por la menor extracción de oro” (síntesis de actividad económica).

Este peso económico se traduce en la representación política muy ligada a la actividad minera. Por ejemplo, los tres últimos congresistas por Madre de Dios (Eduardo Salhuana, Amado Romero y Modesto Figueroa) han tenido o tienen algún lazo con la actividad minera regional. Un perfil similar tiene el actual gobernador regional, Luis Otsuka.

Más importante, ¿qué empresas son aquellas que compran el oro procedente de Madre de Dios? ¿Cuáles las que comercializan insumos o maquinarias en la zona? ¿Son nacionales o más bien provienen de países que combaten el daño ambiental y los estropicios sociales que la minería ilegal causa? Quizá la respuesta pueda brindar nuevos espacios de colaboración o posibilite iniciativas de cooperación que hoy resultan, claramente, insuficientes.