(Foto: Difusión)
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Redacción EC

Ana María Romero-Lozada, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -MIMP se pronunció sobre el Decreto Legislativo 938, aprobado ayer, que retira los beneficios penitenciarios a violadores y agresores. Destacó que la norma ayudará significativamente a proteger a las víctimas de violencia familiar y sexual.

De acuerdo con la ministra, en los últimos años se han concretado múltiples esfuerzos para que las penas por violencia familiar, sexual y feminicidios correspondan a la gravedad de los delitos, por lo que dejar a los agresores sentenciados por estos crímenes sin posibilidad de acceder a los beneficios va en la dirección de lo promovido hasta el momento.

Según dio a conocer el MIMP, una tarea paralela es el trabajo con los operadores de justicia para que aquellos que están sentenciados reciban la pena que les corresponda. En ese sentido, Romero-Lozada se refirió a los últimos casos de violencia contra la mujer registrados.

“El nivel de crueldad que estamos viendo es incalificable, feminicidios por ataques con cincel, con fuego, con ladrillos. Esto es inaceptable en una sociedad moderna que es como nos calificamos", dijo. Agregó que no se puede respaldar de ninguna manera situaciones de impunidad porque las víctimas solamente piden justicia. 

Romero-Lozada realizó estas declaraciones desde Tarapoto, en la región San Martín, donde encabezó el IX Diálogo con Mujeres Líderes que tiene el sector. Se reunió con más de 200 lideresas de la Amazonía, con quienes conversó sobre el impacto del cambio climático en sus comunidades.

Crueles feminicidios
En los últimos 11 días se han registrado seis feminicidios. Dos de los más crueles ocurrieron en Tarapoto y en Chiclayo. En la ciudad de la selva peruana, Marysella Pizarro Tuanama, de 41 años, murió con graves quemaduras luego de que su ex pareja incendiara la peluquería en la que trabajaba. Tirsa Cachique, la dueña del establecimiento, también perdió la vida.

Mientras que en la capital de Lambayeque, Carlos Chozo Neyra asesinó a a puñaladas su pareja, Flor Calderón Chávez (30), y a sus dos hijos, de tres y cinco años, en su vivienda. Sus cadáveres fueron encontrados en un pozo de agua.

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