MTC: poca seguridad y fiscalización, los principales riesgos del proyecto que pretende autorizar taxi colectivo en la Panamericana Norte

El proyecto trata de una serie de tramos, en teoría independientes, pero en la práctica conectados, en Tumbes, Lambayeque, Piura, La Libertad, San Martín y Cajamarca. Esto permitiría que taxis colectivos hagan rutas de más de cien kilómetros desde Tumbes hasta La Libertad y en dirección hacia Cajamarca y San Martín. Los vehículos involucrados son de categoría M2 y M1, siendo este último el principal peligro pues comprende autos sedán o ticos o minivanes.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ambar, sostuvo que “el peligro es que vehículos livianos circulen en la Red Vial Nacional porque pueden ir a mayor velocidad, congestionan la vía y son más débiles que los buses”. Explicó que, a diferencia de los buses, estos vehículos no tienen un control de velocidad, entonces pueden ir a 120 o 130 kilómetros por hora. “No hay control electrónico. Es imposible regular y fiscalizar”, agregó.

En esa misma línea, Alfonso Florez, gerente general de la fundación Transitemos, indicó que los buses tienen un GPS por donde se les controla y estos no pueden ir a más de 90 kilómetros por hora, pues se les multa. Sin embargo, no hay forma de control hacia los colectivos. “Van a mayor velocidad con menores herramientas de seguridad en el vehículo y en vías que están en malas condiciones”, dijo. Añadió que “en un siniestro de estos vehículos, la mortalidad va a ser muy alta”.

La falta de herramientas de seguridad en dichos vehículos hace que el viaje sea más inseguro para todos los pasajeros que toman el servicio. El Comercio informó que los vehículos de categoría M1 no cuentan con una barra estabilizadora, no tiene frenos antibloqueo, solo el asiento del chofer viene con una bolsa de aire instalada, la estructura del habitáculo es inestable y sus puertas laterales son sensibles a los impactos.

Además, es importante tomar en cuenta el factor velocidad pues, según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), el exceso de velocidad es considerado una de las principales causas de accidentes viales a nivel nacional. A pesar de esto, entre el 2022 y julio del 2023, la Sutran registró un total de 182.692 excesos de velocidad en las vías principales del país. Y, de ese total, 27.282 vehículos registraban más de dos infracciones por no respetar el límite establecido.

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Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC, en lo que va del 2023, más de la mitad de accidentes de transito registrados han sido en carreteras y la mayoría son choques o despistes. Y, aunque en gran parte de los siniestros de tránsito registrados la causa no es conocida, la mayoría de los que sí se sabe es por imprudencia del conductor.

Otro de los grandes problemas que resaltan los especialistas es la falta de control que habría sobre estos autos colectivos. José García Calderón, especialista en desarrollo urbano y transporte, explicó que los taxis colectivos podrían pasar como transporte privado, entonces la fiscalización sería casi imposible.

Agregó que para poder fiscalizar sería necesario que estos vehículos tengan un GPS y, además, que haya una autoridad especializada para la zona norte - como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao - pues esta podría administrar y saber dónde están las unidades. “No será posible [fiscalizar] taxis colectivos, no se podrá saber si están cubriendo el tramo de ruta que les compete. Ellos irán por donde haya mayor demanda”.

Por otro lado, Alfonso Florez explicó que si un taxi colectivo saca un permiso regional para un tramo específico, no debería poder sacar otro permiso para otro tramo u otra región. Justamente para evitar esto, se requiere de fiscalización electrónica y una base de datos nacional articulada, herramientas que actualmente no existen o no son suficientes.

Precisamente el proyecto de Resolución Ministerial considera las rutas autorizadas como aisladas, pero al juntarse todas en un mapa, se forma un gran tramo (en su mayoría por la carretera Panamericana Norte). Esto le permitiría a los colectivos realizar el servicio por más de 800 kilómetros, ya que un mismo taxi podría empadronarse en los diversos tramos, lo que sería contradictorio con el propio reglamento de ley de taxis colectivos que menciona que solo pueden realizar rutas de 250 kilómetros.

Fuentes de El Comercio indicaron que la fiscalización correspondería a la Sutran pues es una vía nacional. Sin embargo, hasta el momento no hay mayor información ni pronunciamiento de la entidad.

Actualmente, el proyecto de Resolución Ministerial 0577-2023-MTC/01.02 no ha sido presentado, por lo que todavía “hay posibilidad de enmendarlo” si la nueva gestión pone la voluntad de hacerlo, dijo Florez. Además, indicó que se debería corregir la plana del ministerio que elaboró este proyecto porque, según lo publicado anteriormente por este Diario, no se cumplió con las medidas necesarias para establecer las rutas.

Por otro lado, señaló que, a pesar de que este proyecto tenga diversos puntos negativos, sí existe una demanda insatisfecha de transporte en regiones, especialmente en zonas pequeñas y rurales. Sin embargo, esto se debe solucionar teniendo en cuenta las características de los vehículos, de la zona y de las vías; para eso se debe hacer un análisis técnico de manera correcta.

En esa línea, Quispe Candia comentó que es razonable que hayan colectivos en el interior del país. Por ejemplo, una población alejada que tenga una sola ruta hacia la capital. “Ahí no necesitan buses porque no lo llenan o porque no puede ingresar ese vehículo, entonces para que haya mayor movilidad podrían ser vehículos livianos. Pero no como origen y destino de una ciudad a otra sobre la Panamericana”, mencionó.

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García Calderón sostuvo que en las provincias del Perú casi no hay un sistema público de transporte, sino taxis colectivos. Explicó que “es imposible atender de manera eficiente y con seguridad una necesidad pública como lo es el transporte” si se siguen tomando este tipo de medidas.

Indicó que los colectivos no dan seguridad a los usuarios por lo que se atenta en contra del derecho a viajar seguro, no se pueden fiscalizar y reducen la posibilidad de invertir en sistemas de mayor escala como buses, trenes, metropolitanos, etc. “La consecuencia va a ser peor y no vamos a poder dar vuelta atrás”, precisó.