El cabecilla del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso había sido capturado hace 29 años, en setiembre de 1992. (Foto: Archivo El Comercio)
El cabecilla del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso había sido capturado hace 29 años, en setiembre de 1992. (Foto: Archivo El Comercio)
Ana Bazo Reisman

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Aclaración: Este informe fue publicado el 22 de agosto y republicado este sábado 11 de setiembre tras la muerte de Abimael Guzmán.

Este 21 de agosto, se recuerda el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. La fecha fue por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tiene por objetivo “honrar y brindar apoyo a las víctimas y sobrevivientes” de los actos subversivos en el mundo, además de “promover y proteger el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

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El terrorismo también ha marcado la historia del Perú, con muertes, desapariciones y secuelas que se cuentan por decenas de miles. Informes como el de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y datos recogidos por el Lugar de la Memoria (LUM) dan cuenta de los daños irreparables que dejaron los grupos subversivos; particularmente, el de Sendero Luminoso.

Según la CVR, el conflicto armado interno en su conjunto, entre 1980 y el 2000, dejó un saldo aproximado de 69,300 víctimas fatales, siendo unos 55 mil 440 varones y 13 mil 860 mujeres. La CVR también identificó que 891 asesinados eran niños y que Sendero Luminoso fue autor en el 49.72% de esos casos.

de la comisión concluyen también que el 46% de todos los crímenes fue provocado por el grupo terrorista que liderara Abimael Guzmán Reinoso. Es decir, SL fue responsable de cerca de 32.000 muertes. En otras cantidades, se atribuyen crímenes a agentes del Estado y a otros actores, incluido el también grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que encabezó Víctor Polay Campos.

ResponsablesAsesinatos y desapariciones atribuidas
PCP-Sendero Luminoso+32.000 (46%)
Agentes del Estado+20.700 (30%)
Otros actores
(MRTA, grupos paramilitares, comités de autodefensa, fuego cruzado)
+16.600 (24%)
Total (estimado)69.280
(intervalo de confianza al 95% con límites superior e inferior de 61.007 y 77.552, respectivamente)

“La causa inmediata y decisiva para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú fue la libre decisión del PCP-SL de iniciar una denominada ‘guerra popular’ contra el Estado, a contracorriente del sentir abrumadoramente mayoritario de millones de peruanos y peruanas que hacia fines de la década de 1970 canalizaban sus anhelos de transformación profunda de nuestra sociedad por otras vías, principalmente a través de la proliferación de organizaciones sociales de todo tipo”, precisa la comisión en la segunda parte de su informe final.

Más de la mitad de asesinatos provocados por Sendero Luminoso tuvieron lugar en Ayacucho, según reportó la CVR. Luego, estuvieron Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Puno, San Martín, Cusco, Ucayali, Lima y Callao, como otros puntos de atentados a la vida. La comisión también concluyó que la mayoría de crímenes fue perpetrada contra la población residente en zonas rurales y que un 56% de las víctimas se dedicaba a labores de agricultura o ganadería.

La CVR también indicó que, en un 12% de casos, las víctimas fueron torturadas “como forma de escarmiento”. De acuerdo con la comisión, los años de mayor índice (38% del total) de asesinatos fueron 1989 y 1992.

La actuación del cabecilla Guzmán

Con respecto a la figura de Abimael Guzmán, la CVR identifica al líder terrorista como el estratega de cada acto criminal. “Si bien no existen reportes directos de que haya participado personalmente en alguna acción armada, no cabe duda que Abimael Guzmán concibió los planes militares, las estrategias y las tácticas del PCP-Sendero Luminoso”, refiere el informe.

El cabecilla del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso fue capturado hace 29 años, en setiembre de 1992, en el distrito limeño de Surquillo. Junto a él fueron detenidos los también terroristas Elena Iparraguirre (su pareja), Maritza Garrido Lecca y Carlos Incháustegui. Estos dos últimos cumplieron sus condenas y fueron liberados en 2017 y 2014, respectivamente. Guzmán e Iparraguirre purgan dos cadenas perpetuas. (Foto: Archivo El Comercio)
El cabecilla del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso fue capturado hace 29 años, en setiembre de 1992, en el distrito limeño de Surquillo. Junto a él fueron detenidos los también terroristas Elena Iparraguirre (su pareja), Maritza Garrido Lecca y Carlos Incháustegui. Estos dos últimos cumplieron sus condenas y fueron liberados en 2017 y 2014, respectivamente. Guzmán e Iparraguirre purgan dos cadenas perpetuas. (Foto: Archivo El Comercio)

“Está claro que [Guzmán] siguió de muy cerca el ‘baño de sangre’ tantas veces mencionado en sus documentos y que él mismo se consideraba un combatiente de primera línea”, añade el informe. Además, cita a Guzmán, quien señalara: “ante la línea del Partido y las invictas banderas de nuestro Partido: Yo también brego y pugno por derribar los muros de este orden. Yo también soy un combatiente de la Primera Compañía de la Primera División del Ejército Popular”.

Entre las más de 200 masacres que realizó Sendero Luminoso está la de Lucanamarca (Huancasancos, Ayacucho), del 3 de abril de 1983. Aquel día, el grupo terrorista asesinó a 69 comuneros, incluyendo menores y ancianos. Para el atentado, cerca de 60 subversivos senderistas se dirigieron a la zona, portando armas de fuego, hachas, machetes y cuchillos. Con la investigación de la escena, también se determinaron actos de tortura y ensañamiento hacia las víctimas.

En 1988 y desde la clandestinidad, Abimael Guzmán reconocería el crimen de Lucanamarca: “Ahí hubo exceso, como se analizara en el año 83, pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos: nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil; en algunas ocasiones, como en ésa, fue la propia Dirección Central [de Sendero Luminoso] la que planificó la acción y dispuso las cosas, así ha sido... (...)ahí lo principal fue hacerles entender que éramos un hueso duro de roer, y que estábamos dispuestos a todo, a todo(...)”.

Para 2006, se ratificó la sentencia de Guzmán por terrorismo y, en el 2018, se lo condenó junto a la cúpula por el atentado de Tarata, en Lima.  (Foto: Rolly Reyna)
Para 2006, se ratificó la sentencia de Guzmán por terrorismo y, en el 2018, se lo condenó junto a la cúpula por el atentado de Tarata, en Lima. (Foto: Rolly Reyna)

El 23 de febrero de 1991, Sendero atacó también el pueblo de Ccano, en Huanta (Ayacucho). Allí, victimó a más de Entre los asesinados, 18 eran mujeres y 14, hombres. Unas nueve víctimas eran menores de edad, incluidos tres bebés. Además, algunas de las mujeres eran gestantes. El violento evento se produjo cuando los atacados celebraban un acto religioso en la iglesia evangélica pentecostal.

El 16 de julio de 1992, Sendero atacó también la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, en Lima. El atentado es el más recordado en la capital peruana y cobró la vida de 25 personas. El grupo terrorista había hecho estallar dos coches-bomba en la zona. Más de 130 personas resultaron heridas. Los daños materiales dejaron a más de 300 familias damnificadas.

Meses antes, en febrero de 1992, el grupo terrorista había asesinado en Lima a la dirigente socialista María Elena Moyano (33), quien se manifestaba en contra de Sendero Luminoso a través de organizaciones vecinales; especialmente, en el distrito de Villa El Salvador, donde fue teniente alcaldesa. Moyano fue acribillada y su cuerpo, dinamitado.

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Costo económico

De acuerdo con datos del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), solo entre 1980 y 1988, la Comisión Especial del Senado de la República contabilizó un costo económico aproximado, equivalente a US$ 9′184,584.648 para el Estado. Al contexto y al valor actuales, dicha suma iguala el costo para el equipamiento de más de 181 mil camas UCI.

Esta pérdida se atribuyó a la violencia en su conjunto, incluyendo los destrozos de Sendero Luminoso. En un cuadro de la Comisión Especial del Senado, se advierte el costo por sector (Fuente: estudio “Violencia y Pacificación’'. Comisión Especial del Senado. DESCO y Comisión Andina de Juristas. Lima.1989):

SectorCosto directoCosto de oportunidadTotal (US$)
Agricultura300’000.0001’500,000.0001,800′000.000
Defensa980’000.000
Energía y Minas1,076’535.217900’000.0001,976’535.217
Industria y Comercio1,300’000.0002,500’000.0003,800’000.000
Transportes y Comunicaciones42’649.431500’000.000542’649.431
Otros85’400.00085’400.000
Total (US$)2,804’584.6485,400’000.0009,184’584.648

Además, la CVR adjuntó otra información con respecto al costo económico para las familias campesinas promedio, que fueron víctimas directas de la subversión. De acuerdo con el organismo, el daño ascendió a más de S/ 17.000 por familia.

Pérdida material para una familia campesina promedioValor (en soles)
Vivienda (módulo de calaminas)981
Dotación de herramientas1.300
Dotación de vajilla de cocina400
Módulo de arado1.220
Dotación de trilladoras4.470
Dotación de frazadas92
Ovejas (2)840
Animales menores44
Semilla de papa ((S/ 8,575/ hectárea) * 3 hectáreas8.575
Total (en soles)S/ 17.922
Equivalente en dólaresUS$ 5.120

El derribamiento de torres de alta tensión también implicó un costo millonario. En el informe de la CVR, se señala que Electro-Perú llegó a contar 335 casos de torres derribadas para 1989. La pérdida atribuida a estos desmanes bordeó los US$ 600 millones, de acuerdo con la empresa estatal de derecho privado, prestadora del servicio.

Además, entre 1980 y 1991 la pérdida por estos ataques habría ascendido a más de US$ 2.000 millones, según el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco). La CVR también cita un informe de 1993, elaborado por el Instituto Constitución y Sociedad, en donde se estiman en US$ 21.000 millones de dólares las pérdidas para el país entre 1980 y 1992.

Encarcelados y sentenciados, los máximos integrantes de SL adeudan una reparación civil conjunta que alcanza los S/ 3.700 millones. El MRTA, por su parte, debe al Estado S/ 50 millones. Ambas son las máximas deudas de reparación por delitos de terrorismo en el Perú.

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