Narcoterrorismo en el Vraem: desactivar bases militares favorecería a las actividades ilícitas en la zona

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Hacía varios meses que no se reportaban hostigamientos de este tipo en las bases militares del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). La de Corazonpata se ubica en Llochegua, uno de los distritos donde se produce y transporta la mayor cantidad de clorhidrato de cocaína en el país, bajo la protección de las columnas terroristas que comanda Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’.

Estos ataques tienen un objetivo concreto: obligar a las tropas a replegarse en sus bases para evitar ser emboscados en sus patrullajes por el monte. Es una manera de ‘despejar’ la zona.

Dos semanas después, el Gobierno anunció que se planea cerrar hasta 40 bases antiterroristas en la zona del Vraem. “Como objetivo de este gobierno se ha trazado que, antes del 2026, este valle deje de ser zona de emergencia, y se está trabajando intensamente para que estas 40 bases contrasubversivas que tenemos allá se conviertan en 40 centros de producción”, fue lo que dijo el ministro de Defensa, José Luis Gavidia.

Ayer, a través de un comunicado, el ministerio intentó matizar ligeramente el anuncio. “El estado final deseado, que nos proponemos con miras al año 2026, es un Vraem totalmente pacificado”, decía el documento, que mencionaba además el objetivo de “replegar paulatinamente las fuerzas y orientar los esfuerzos para que las bases que ya no vayan a ser empleadas se conviertan en centros tecnológicos de producción”.

Esto sucede en momentos en que Devida, el ente rector de la lucha contra el narcotráfico, ha asegurado que el Estado no erradicará cultivos de coca en el Vraem este año, y que en vez de ello se plantea la autoerradicación por parte de los propios cocaleros (ver recuadro).

Favorece el delito

“Es un despropósito que lo único que logrará es fomentar el narcotráfico. Volver a retomar el control de esas zonas va a ser extremadamente difícil”, opinó al respecto César Astudillo, general del Ejército en retiro, y ex jefe militar en el Vraem en el 2014 y 2015, en uno de los momentos más álgidos de la lucha contra el narcoterrorismo en la zona.

Según comentó Astudillo, las bases tienen como función el control territorial. “Su presencia es disuasiva. Si no hay control, de inmediato la gente volverá a producir hoja de coca y cocaína. Todo va a estar peor”, opinó.

En el Vraem llegaron a implementarse hasta 65 bases contraterroristas, en promedio, y luego algunas se clausuraron y otras se abrieron. “Estamos en una etapa de consolidación, luego viene la normalización. ¿Quién nos asegura que en cuatro años se va a lograr eso”, dijo también Astudillo.

“Existe, según el modo de pensar de este gobierno, la absurda idea de que al dejar libre el sembrío de la hoja de coca se va a eliminar la producción de cocaína”, opinó por su parte Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública.

Pedro Yaranga, analista en temas de terrorismo y narcotráfico, también cuestionó la propuesta de reducir bases militares en el Vraem. “El ministro tiene una información totalmente equivocada. Hay bases de contención, y son las que se necesitan sobre todo para el control de remanentes del terrorismo”, sostuvo.

Bermejo y Perú Libre ganan posiciones

El 24 de abril, el presidente de Devida, Ricardo Soberón, tuvo un encuentro con dirigentes cocaleros del Vraem en la localidad de Natividad. Allí volvió a mencionar el objetivo más cuestionado del denominado pacto social ciudadano: la autoerradicación de cultivos ilícitos de coca, sin la intervención del proyecto Corah.

Esta iniciativa ha sido criticada porque supone que sean los propios cocaleros quienes fiscalicen el cultivo ilícito, que en su gran mayoría se orienta al narcotráfico. En el Vraem hay por lo menos 26 mil hectáreas de hoja de coca, y es la mayor zona productora de cocaína en el país.

En la cita participó el congresista Guillermo Bermejo, de abierto discurso contra las políticas de reducción de cultivos en el Vraem. Bermejo se ha mantenido cerca de Soberón durante su gestión, al igual que Julián Pérez, un dirigente cocalero del Vraem que siempre se ha mostrado reacio a las acciones gubernamentales de control del cultivo.

Días después, en Samugari (Ayacucho), el primer ministro Aníbal Torres ofreció que la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) compre hoja de coca no solo a agricultores empadronados, sino también a aquellos que no lo están. Eso atentaría contra la Ley 22095, que prohíbe comercializar hoja de coca que no tenga origen legal.

Recientemente, Jesús Oswaldo Quispe Arones, funcionario muy cercano a Guido Bellido y otros congresistas de Perú Libre, fue designado presidente de Enaco.