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El Gobierno de Noruega otorgará US$ 230 millones al Perú para la lucha contra la deforestación en la Amazonía, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), un acuerdo de pago por resultados firmado por Perú, Noruega y Alemania.
Iris Olivera, coordinadora del Programa de Cambio Climático y Bosques de DAR (Derecho Ambiente y Recursos Naturales), precisó que el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por la deforestación y degradación de los bosques peruanos.
“Este acuerdo puede tener efectos sumamente positivos para la lucha contra la deforestación y el desarrollo de los pueblos indígenas de la Amazonía. Para que esto suceda es clave contar con el compromiso de los gobiernos regionales en la implementación de medidas para que el desarrollo agrícola no signifique mayor deforestación”, dijo Olivera.
Agregó que el Estado peruano presentó hace poco el plan para implementar la Fase II del acuerdo, en el que Noruega seguirá colaborando con nuestro país.
Detalló que en esta segunda etapa, el Perú busca implementar acciones estratégicas para reducir la deforestación en la Amazonía con la participación de distintos actores regionales y nacionales. Para ello, llegó al Perú una delegación de Noruega conformada por Elise Christensen, consejera Senior de la Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI); Tore Langhelle, Consejero Senior del Ministerio de Clima, Energía y Ambiente de Noruega; y Thorstein Wangen, Consejero de Asuntos Climáticos y Forestales de la Real Embajada de Noruega.
La comitiva se reunirá con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, representantes de la Dirección de Cambio Climático del Minam, que están a cargo de la implementación del acuerdo, así como con funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la Cooperación Alemana en el Perú (GIZ).
Entre las acciones a implementar en la Fase II se encuentran el cese de autorizaciones de conversión de tierras para usos agrícolas, la reducción en un 50% de los bosques sin categorización para evitar su conversión a plantaciones y el incremento de la titulación de comunidades nativas en 5 millones de hectáreas, entre otras.
El plan también contempla tener datos precisos sobre el impacto de las actividades económicas en la deforestación y degradación forestal en la Amazonía peruana.
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